Regresa el control a presidencia

En los hechos pasó inadvertida. Casi nadie objetó la reforma a la ley general de contabilidad gubernamental, que sin embargo puede afectar de manera decisiva la forma de gobernar en México.  

A diferencia de la reforma laboral, que se discutió al mismo tiempo en la Cámara de Diputados, la otra iniciativa preferente que Felipe Calderón envió al Congreso para reformar, no encontró oposición. 

De los 110 senadores presentes el día que se votó el dictamen de la ley general de contabilidad en el pleno, 104 lo hicieron a favor, solo tres en contra y otros tres se abstuvieron. 

Y es que ¿cómo no estar de acuerdo en que los gobiernos de los estados y los municipios tengan la obligación de informar sobre el ejercicio de los recursos federales, inclusive cuánta deuda han contratado?

Sin embargo, para algunos el hecho de que Felipe Calderón enviara esta iniciativa faltando tan solo tres meses para que concluya su gobierno, da qué pensar.

Sobre todo, al ser tan evidente el entusiasta apoyo que recibió la iniciativa presidencial de parte de la bancada del PRI. 

¿Por qué los senadores priistas habrán aceptado con tanta facilidad transparentar las finanzas de las entidades federativas que en su mayoría están gobernadas por priistas?

¿Hubieran hecho lo mismo, si el candidato ganador hubiese sido el perredista Andrés Manuel López Obrador o Josefina Vázquez Mota?

O más bien, ¿esta reforma podría obedecer a una solicitud del presidente electo para tener un instrumento adecuado para volver a ejercer eficazmente el poder de la presidencia imperial?

Analicemos:

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa para reformar la ley General de contabilidad gubernamental,  el objetivo central de la reforma propuesta es “garantizar la armonización de la información financiera y, con ello permitir tanto a los órganos fiscalizadores y evaluadores, como la sociedad en general, tener acceso a información fidedigna que permita hacer efectiva la rendición de cuentas de los entes públicos de todos los órdenes de gobierno.”

Sin embargo la reforma va más allá de una simple armonización de procedimientos y criterios de información. La ley vigente que fue aprobada en el 2008, cumple con esos objetivos.

En el fondo, esta reforma obliga a Estados y Municipios a una rendición de cuentas pormenorizada ante diversas instancias del gobierno federal, así como ante la Cámara de Diputados y la Auditoria de la Federación. 

De acuerdo con la reforma, los gobiernos de los Estados tendrán que rendir informes pormenorizados a la Secretaria de Hacienda y Crédito público trimestralmente, sobre sus ingresos, egresos y deuda. 

Para ello, se propuso la creación de todo un nuevo título, el quinto, denominado: “De la transparencia y difusión de la información financiera”. 

Titulo que incluye más de seis capítulos conformados por más de 20 artículos, y en los que se imponen diversas obligaciones a las entidades federativas respecto de la forma en que deben informar a las instancias federales sobre el manejo de su hacienda pública.

Así, la ley de contabilidad general gubernamental dejó de ser un simple instrumento de “armonización” de criterios y procedimientos contables para hacer comparable la información y convertirse en un conjunto de normas que los autoridades hacendarias de cada Estado deben observar, so pena de incurrir en un delito.

De no cumplir al pie de la letra con este ordenamiento, los servidores públicos locales podrían llegar a ser sancionados con una pena de dos a siete años de prisión y multa de hasta 500,000 días de salario mínimo, que sumaría 31 millones de pesos.

El problema es nuevo

La relación entre los gobernadores y del Presidente de la República no siempre ha sido tersa. Más bien casi siempre ha sido muy complicada.

Y es que los gobernadores de los estados, pertenezcan o no al PRI, son “los jefes natos” de las instituciones de sus respectivas jurisdicciones. Tienen mando de la fuerza y se supone que gobiernan estados libres y soberanos. 

Y si en el pasado varios gobernadores representaron un peligro para el poder presidencial, en el presente pareciera que este temor subsiste. 

Antecedentes hay muchos.  

En el periodo presidencial del “demócrata”  Lázaro Cárdenas, por ejemplo, 19 gobernadores no concluyeron su período. 

Con Manuel Ávila Camacho fueron siete los gobernadores que no terminaron su período por decisión presidencial.

 “Alguno pidió licencia, otro sufrió la revocación de sus poderes, otro más renunció, dos fueron asesinados; pero lo cierto es que Ávila Camacho procuraba intervenir lo menos posible en el ámbito estatal.” Relata Enrique Krauze en su libro “La presidencia imperial”.

Y es que, la presidencia imperial, escribió Krauze: “es una especie de sistema político solar donde los diversos protagonistas colectivos (poder legislativo y judicial, burócratas, gobernadores, ejército, caciques, grupos corporativizados de obreros y campesinos, prensa, empresarios, iglesia, universidad, intelectuales, partidos de oposición, etcétera) giran alrededor del sol presidencial-priista con diversos grados de subordinación.”

Posteriormente, la práctica fue tan frecuente que se hizo costumbre, como una especie de prerrogativa presidencial.

Sin embargo, a pesar de que todos los presidentes de la República destituyeran a gobernadores de los estados, nadie como Miguel de La Madrid fue tan explícito.

Las reformas

Cambios más relevantes a la ley de general de contabilidad gubernamental.

— Art. 61
Transparentar la deuda pública de los estados y municipios, y las garantías de esos pasivos.

— Art. 63
Publicar en internet todos los ingresos y gastos.

— Art. 69
Informar las cuentas bancarias que tienen las entidades donde se depositan los recursos federales.

— Art. 78
Publicar el monto de la deuda pública y todos aquellos compromisos y pasivos que constituyan una obligación de pago a cargo de estados y municipios.

— Arts. 85 y 86
Tipifica como conducta sancionable omitir registros de contabilidad, es decir, no dar conocer los datos contables reales de deuda o ingresos y gastos. La pena es de hasta siete años de cárcel con una multa de 500 mil días de salarios mínimos diarios del DF (unos 31 millones de pesos).

Confesiones de un presidente imperial

“El 26 de junio (de 1984) el gobernador de Guanajuato  Enrique Velasco Ibarra solicitó al Congreso del estado, por motivos personales, licencia para ausentarse del cargo por más de 90 días.”

“Este hecho, que fue claramente entendido como una remoción definitiva,  solo formalizó lo que era una realidad: el gobernador no pudo o no quiso encarar la grave responsabilidad de gobernar a su estado.” Escribió en sus memorias el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, para justificar su decisión de destituir al ex gobernador de Guanajuato antes de que concluyera  su mandato. 

“La historia parece chusca, pero en el fondo es sintomática.” Escribió en su relato el ex presidente.

“Al llegar a Guanajuato Enrique Velasco Ibarra se enamora perdidamente de una muchacha y tiene conflictos públicos con su mujer, de la que finalmente se divorcia, en medio de un gran escándalo local, para casarse con la joven.”

“Estos asuntos, que pertenecen al ámbito privado, se convirtieron en el centro de la vida del mandatario guanajuatense, quien descuidó totalmente el gobierno y delegó en sus colaboradores toda responsabilidad.”

“Se creó un vacío de poder en el que no se solucionaban los problemas agrarios y surgían problemas políticos. Mientras tanto, el gobierno se encontraba en un estado de corrupción generalizado.”

Esas eran las circunstancias. Y por eso, Miguel de la Madrid le encomendó al secretario de gobernación Manuel Bartlett que resolviera la situación solicitándole al gobernador la destitución del secretario de gobierno, del procurador y del tesorero del Estado.

El 6 de junio de 1984 Enrique Velasco se entrevistó con Manuel Bartlett en la secretaría de Gobernación. 

Ahí se le notificó la instrucción presidencial.

El gobernador de Guanajuato protestó, pero aceptó el nombramiento de tres nuevos funcionarios elegidos por el Presidente de la República, sin embargo “argumentó que la presión de que era objeto representaba una falta de respeto a la soberanía del estado”. 

Aunque el presidente no lo incluye en su relato, esa noche,   agentes de la dirección federal de seguridad tomaron control de la Tesorería General del Estado. Velasco Ibarra no había sido notificado. 

El gobernador de Guanajuato “trató defenderse pero, al cabo de ocho días” -cuenta De la Madrid- “regresó a gobernación y dijo que los cambios lo habían desgastado, que había irritación en la ciudadanía, y que en tales circunstancias prefería dejar la gubernatura.” 

Razón de estado

Quizá ningún otro presidente de la república ha sido tan franco como lo fue Miguel de la Madrid al  tratar de justificar “la facultad de la presidencia imperial” para remover gobernadores.

“La forma en que procedimos fue muy criticada. Se dijo que era una muestra clara de centralismo político y una falta total de respeto al pacto federal. Se criticó también la ausencia de una explicación pública”, relata De la Madrid.

Sin embargo, aceptando haber ordenado la destitución de un gobernador,  apela a la razón de Estado para justiciar la acción. 

“Todo ello es cierto, pero organizar la destitución de un gobernador de otra manera, es decir, promoviendo que sea derrocado por las fuerzas locales, puede tener un alto costo social.”

 “Agitar el ambiente político en un estado puede significar, incluso, peligro de violencia, ya que mientras el gobernador está en funciones, el Congreso y todo el aparato político lo reconocen como su jefe nato.”

Una ley de contabilidad

Es asombroso encontrar en las memorias del expresidente Miguel de la Madrid lo que pudiera ser la verdadera exposición de motivos de las recientes reformas aprobadas a la ley general de contabilidad gubernamental. 

Miguel de la Madrid lo escribió así:

“…Encontrar algún asunto grave que involucre directamente al gobernador y en el que se le pueda demostrar que hubo corrupción resultaría muy útil y tendría, además, un efecto de ejemplaridad.”

“Pero no es fácil formar un expediente en ese sentido, pues hay que tener acceso a información que difícilmente se puede obtener mientras el gobernador esté en funciones.”

“Hacerlo resultaría una labor muy compleja, lenta y riesgosa, pues se requiere que todos los hechos sean plenamente comprobables; de lo contrario, las consecuencias podrían ser muy serias.”

Y para que nadie, ni siquiera los senadores que algún día fueron gobernadores en sus estados pudieran albergar algún sentimiento de culpa, Miguel de la Madrid escribió:

“Ahora bien, desde el punto de vista de los gobernadores, tenemos que entender que si ellos aceptan que se les destituya de esa manera es porque tienen cola que les pisen.

“Si no la tuvieran, darían la pelea. De estar yo en su situación, respondería amenazando con un pleito de frente, seguro de que en caso de un enfrentamiento, no sería yo el único dañado.”

Un punto de vista doctrinal

El presidente que puso de moda la “Renovación moral” y que fue objeto de un homenaje póstumo en el palacio nacional por el presidente Felipe Calderón, también encontró la manera de justificar su acción: 

“Al analizar la forma en que hemos actuado, me hice una reflexión que creo que podría justificar nuestras acciones desde un punto de vista teórico-doctrinal.

“Cuando Gobernación le pide a un gobernador su renuncia, no debe entenderse como un acto de gobierno, sino como uno de partido, independientemente de quien lo ejecuta.”

“El partido no puede sostener a quien ha demostrado su incapacidad para gobernar. Claro, este argumento solo es efectivo en la medida en que exista una alianza cabal entre el partido y el estado. De cualquier forma, el cambio de gobernadores nos desprestigia y hiere, aún cuando se logre sin violencia.”

“La pregunta de fondo es qué es peor, si el desgaste de un mal gobierno estatal o el uso inadecuado de una forma constitucional.”

En el sexenio de Miguel de la Madrid otros cinco gobernadores además de Velasco Ibarra no terminan su periodo.

Carlos Salinas rompió el récord  

La costumbre de destituir gobernadores se intensifico durante el gobierno de Carlos Salinas. 

A unos porque los invitó al gabinete, y a otros porque los destituyó, el hecho es que durante en su sexenio 19 mandatarios estatales no terminaron  su sexenio.

Tan sólo en los dos primeros meses de su ejercicio fueron destituidos de su cargo los gobernadores Xicoténcatl Leyva de Baja California, y Guillermo Cossío Vidaurry. Ambos señalados como corruptos.

Poco a poco el presidente Salinas fue “depurando” las gubernaturas. En su libro “México, un paso difícil a la modernidad” lo cuenta así: 

“En el caso de los gobernadores del PRI, al inicio de mi gobierno muchos estaban formados en la tradición populista del Estado y otros eran sus beneficiarios directos. Algunos dejaron esos cargos de elección popular; otros más fueron sustituidos en el calendario electoral regular.”

“Poco a poco  fueron postulados por el Partido candidatos a gobernador con perfiles reformistas. Fue un proceso que se extendió a lo largo de toda la administración.”

Ernesto Zedillo también

Aunque Ernesto Zedillo fue presidente por “accidente” no pudo sustraerse a la necesidad de destituir gobernadores.

Lo intentó con el entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, pero fracasó. Emilio Chuayffet, entonces secretario de gobernación, simplemente no pudo satisfacer el deseo del presidente.

Parecía que “la presidencia imperial” estaba a punto de naufragar.

Sin embargo, pese a esto, en el gobierno de Zedillo fueron cuatro los gobernadores que no terminaron su sexenio: 

Sócrates Rizo de Nuevo León, Eduardo Robledo Rincón de Chiapas, Rubén Figueroa de Guerrero y Emilio Chuayffet que fue invitado como secretario de gobernación.

El futuro con Peña Nieto 

Si el triunfo de Enrique Peña Nieto fue una mala noticia para los gobernadores del PAN y PRD, para algunos gobernadores priistas lo peor que les pudo suceder en las elecciones de julio es que el PRI haya ganado la presidencia de la Republica. 

Y es que con el regreso de un priista a Los Pinos, pudiera significar también el regreso de  la “presidencia imperial”.

Una presidencia imperial que con el arribo de Vicente Fox a la presidencia de México desperdigó el poder presidencial en todos los gobernadores priistas del país. 

Y es que si bien Vicente Fox ejerció su presidencia imperial para tratar de destituir, sin  éxito, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador e invitar a su gabinete al gobernador panista de Nuevo León Fernando Canales Clariond, jamás pudo tocar, ni con el pétalo de una rosa, algún gobernador del PRI. 

Los gobernadores priistas pronto se dieron cuenta de que eran inmunes al poder presidencial, y en lugar de acudir a los Pinos, o a la secretaría de gobernación, negociaron  con los priistas que siguieron ocupando los más altos puestos del gobierno y del congreso.

Habrá que esperar si la entrada en vigor de las reformas a la  nueva ley general de contabilidad gubernamental, que seguramente también aprobarán próximamente  los diputados, abate en realidad la corrupción de los funcionarios públicos estatales, sin el regreso de la presidencia imperial.

Si no, habrá tenido razón el ex candidato presidencial del PRI Roberto Madrazo cuando señala:

“México muere porque el sistema vive. Vivió con los gobiernos populistas, y con los del neoliberalismo. Muere México porque el sistema es una piraña voraz, al grado de que el crimen organizado funciona como un componente más de la ilegalidad en que ha caído el gobierno.

“El sistema te envuelve. No te das tiempo de reflexionar. Pero también, fue mi caso, habemos quienes pensamos o pensábamos que para cambiar al sistema, hay que hacerlo desde dentro.”

¿Qué hará Enrique Peña Nieto?