El asesinato de 16 adictos en recuperación, acribillados al interior de un centro de rehabilitación en la ciudad de Chihuahua, apunta a una nueva embestida contra ese sector que en los últimos diez años ha sido blanco de células de los cárteles de las drogas.
El estado de Chihuahua es el de mayor incidencia en este tipo de agresiones, aunque estas también se han registrado en los estados de Durango, Nayarit y Baja California, “donde los cárteles de las drogas ven trastocados sus intereses porque en muchos centros de adicción se comercializan drogas al menudeo”, dijo una fuente extraoficial de la PGR.
El multihomicidio cometido en el centro de rehabilitación “Uniendo Familias para Vivir Mejor” de Chihuahua, sería el séptimo ataque que se registra desde el 2008 a la fecha en esa entidad.
De entrada se le atribuye, según fuentes de la Fiscalía General del Estado, a un brazo armado del Cártel de La Línea.
“En venganza por el comercio de drogas que se llevaba al interior”, dijo uno los policías asignados a la investigación.
El ataque más reciente a un centro de recuperación para adictos ocurrió en enero de este año, en el municipio de San Francisco de Los Romos, Aguascalientes, en donde tres personas dieron muerte a un joven que se encontraba en rehabilitación. El crimen fue atribuido al tráfico de drogas al menudeo dentro del centro de ayuda.
El 2016, de acuerdo a reportes periodísticos, cerró con al menos siete ataques en centros de ayuda a adictos en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Coahuila, en donde al menos siete personas fueron ejecutadas.
Llama la atención el caso ocurrido en diciembre del 2016, cuando al menos tres personas ingresaron al anexo “Grupo Acción Neza 24 horas”, en Nezahualcóyotl, Estado de México, para ejecutar a uno de los internos que allí se recuperaba.
El grupo de atacantes, antes de salir del lugar, lanzó amenazas de muerte contra otros internos, advirtiéndoles el cese de la venta de drogas en ese lugar.
De acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de la República, sólo entre el 2007 y el 2010, en el estado de Chihuahua fueron masacrados 63 adictos por comandos armados que ingresaron a los seis centros de rehabilitación en los que se encontraban.
Desde enero de este año, hasta el asesinato de los 16 internos ocurrido este martes, no se habían registrado ataques similares; la autoridad federal no descarta que “en la mayoría de los centros de rehabilitación se tengan que tomar medidas extremas para garantizar la seguridad”.
“Un gran porcentaje de los centros de rehabilitación que operan en la capital del país se encuentran en la irregularidad”
Anexos sin control
De acuerdo al Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones (Cedadic), de la Secretaría de Salud, en el país existen 341 Centros de Atención Primaria en Adicciones, los que opera con instalaciones, personal, recursos y supervisión oficial, pero también existen 339 Centros Residenciales con Reconocimiento, llamadas “granjas” o “anexos”, y manejados por particulares.
El número de anexos ha crecido sin orden en los últimos cinco años, e incluso el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en la Ciudad de México señaló que “un gran porcentaje de los centros de rehabilitación que operan en la capital del país se encuentran en la irregularidad”.
En el resto del país la historia no es distinta. De acuerdo al médico terapista, especialista en adicciones, Israel Hernández Meza, se estima que solo un 10 por ciento de eso centros de atención están dentro de la normatividad oficial.
“La mayoría opera con deficiencias tanto en los programas de tratamiento en la sanidad que debe prevalecer en esos sitios”, detalla Hernández Meza.
De acuerdo al especialista, la mayoría de los anexos son manejados por particulares, y muchas de las veces sin permisos ni programas oficiales.
“Operan como verdaderas cárceles, donde la tortura, el maltrato físico y emocional, así como el aislamiento, crean un entorno de violencia que impide la recuperación de los enfermos”, explica.
A lo anterior se debe agregar, de acuerdo a una fuente de la PGR, que en mucho de esos centros de rehabilitación “existe un velado tráfico de drogas, el que es suministrado por algunos de los internos, y que propicia confrontación con células de los cárteles que mantienen el control de las drogas en esas localidades”.
La mayoría de los ataques por comandos armados contra los internos de los centros de rehabilitación de adicciones han sido en Centros Residenciales con Reconocimiento, en donde la operatividad de esos organismos es discrecional y sujeta a decisiones de los propietarios de esos anexos.
Se estima que sólo un 10 por ciento de estos centros de rehabilitación manejados por particulares en el país cumplen con la normatividad oficial
Eje de agresiones
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de Chihuahua, una de las líneas de investigación sobre el multihomicidio del pasado martes es la venta de drogas al interior del centro de rehabilitación.
Esa versión empata con la emitida por fuentes de la PGR en torno a la investigación de las agresiones pasadas contra 55 adictos en anexos de Tijuana, Ciudad Juárez, Tepic y Gómez Palacio, en donde se estableció que el principal móvil de los asesinatos fueron disputas entre células de cárteles por el control del tráfico de drogas en eso centros.
Muchos centros de rehabilitación, ante la laxa legislación para la operatividad de los anexos por parte de particulares, son financiados y puestos en operación por los propios grupos de los cárteles, los que encuentran en esos sitios un mercado seguro y discreto para el comercio al menudeo de estupefacientes.
