Regulación de la mariguana va sin prisa
La falta de acciones concretas en el Senado para legalizar el uso de la cannabis, por orden de la Suprema Corte, provocó que organizaciones y colectivos se manifiesten afuera del recinto legislativo con el fin de ejercer presión para que se legisle en favor de los consumidores de mariguana
Ernesto SantillánEl tiempo para que se discuta la regulación de la mariguana en el Congreso de la Unión se agota.
En octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una prórroga al Senado de la República para legislar sobre el tema, el cual deberá definirse antes del 30 de abril de este año.
Sin embargo, tanto los senadores como el presidente, Andrés Manuel López Obrador, han señalado que se tomarán su tiempo para analizarlo a pesar de ser uno de los asuntos prioritarios a tratarse durante el nuevo periodo ordinario de sesiones que inició el 1 de febrero.
“Vamos a revisarlo, no nos queremos adelantar, tampoco tenemos prisa por legislar, vamos a ver. Siempre se ha pugnado porque se legisle, pero también hay otros compañeros que no piensan igual”, comentó el lunes a medios nacionales Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado.
Por su parte, el titular del Ejecutivo federal reiteró que él nunca se ha opuesto a la regulación y pidió poner especial énfasis en la cuestión del uso medicinal de la planta por sobre el recreativo.
Plantón por la legalización y regulación
La calma con la que los congresistas decidieron abordar esta discusión provocó que distintas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Movimiento Cannábico Mexicano, comenzaran un plantón de 85 días -tiempo límite que se tiene para legislar en la materia- con el propósito de presionar a los senadores.
Durante su estancia frente a la Cámara alta, los distintos colectivos y organizaciones planean realizar una serie de eventos con la finalidad de informar sobre los usos y beneficios de la planta y cómo su regulación beneficiaría al país tanto en el ámbito de la salud pública, en materia de seguridad y en lo económico, por el mercado multimillonario que la industria de la mariguana representa.
Las ONG que integran el Movimiento Cannábico Mexicano también buscan ser escuchadas por los legisladores para que sus propuestas sean consideradas a la hora de redactar el dictamen que se llevará al pleno para su discusión.
Zara Snapp, quien encabeza la organización RIA y es una de las integrantes del movimiento #RegulaciónPorLaPaz, comparte en entrevista para Reporte Índigo algunos de los puntos principales que desean modificar del actual proyecto de dictamen.
Nosotros demandamos la mejor regulación para las comunidades cultivadoras y para las personas usuarias; que se acabe con la criminalización y se garanticen los derechos de las personas que consumen la planta
“También buscamos que se impulse una industria nacional para que dejen de ser los grupos del crimen organizado los que controlen el mercado y que esto sirva como un primer paso hacia la construcción de paz en el país”.
Snapp agrega que de igual manera están buscando que se reforme el artículo 198 del Código Penal Federal para excluir la cannabis de la prohibición penal del cultivo y se elimine la posesión simple como delito en la Ley General de Salud, pues establece un umbral de portación que favorece la extorsión de los usuarios.
“Otra de nuestras exigencias es que no se cree un registro de autocultivadores y consumidores, pues con esto se promueve el estigma y la discriminación, contrario a las mejores prácticas internacionales”.
Trabajo conjunto
Pablo Alfa Herrera, activista por la legalización de la mariguana y presidente de la Asamblea Cannábica Más Conciencia, dice que a pesar de que los congresistas se han tardado mucho en discutir la regulación de la mariguana, la sociedad civil sí ha estado involucrada en la discusión, algo que considera fundamental.
“Hemos tenido acercamiento principalmente con los legisladores de las comisiones de Justicia y de Salud. De hecho, la senadora Jesusa Rodríguez, de Morena, nos ayudó a crear un cómic titulado Mariguana para Principiantes (Con Perdón de Rius), con el cual se busca informar y crear conciencia en la población sobre esta planta y los beneficios que su regulación traería para el país”.
El día lunes se dio a conocer la conformación del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, el cual está compuesto por empresarios, investigadores, médicos e integrantes de la sociedad civil, cuyo fin es apoyar el desarrollo de la producción, industria y mercado de la mariguana en México.
El organismo, presidido por Eda Myrna Martínez, solicitó al Poder Legislativo establecer en conjunto con la sociedad civil y el sector empresarial reglas claras para esta industria, además de acusar que aunque actualmente se calcula que la producción anual de esta planta ronda las 80 mil toneladas, no existen cifras oficiales que permitan conocer los diferentes aspectos de este mercado.
“Se va a requerir, cuando haya una intención de permisos o de licencias desde la siembra, cultivo, cosecha, transformación, la construcción material de los lineamientos, protocolos de calidad, de estudios y de diseños”, señaló Martínez en conferencia de prensa.
Los colectivos instalados alrededor del Senado realizarán una serie de eventos para informar sobre los usos y beneficios de la planta en materia de seguridad pública, salud y económica
Por su parte, la senadora emecista e integrante de la Comisión de Salud, Patricia Mercado, compartió en su cuenta de Twitter los puntos que para ella se deben incluir sin falta en el dictamen sobre la regulación de la cannabis.
“Campesinos y pequeños productores mexicanos tienen que acceder al mercado que abrirá la regulación y poder cultivar sus propias semillas. Las oportunidades de crecimiento económico y generación de empleos deben llegar, en primer lugar, a mujeres y hombres del campo.
“Si cualquiera de las disposiciones de la regulación reproduce injusticias para personas campesinas, trabajadoras y consumidoras de cannabis, es motivo suficiente para replantear la propuesta”.
De no cumplirse con el plazo establecido por la SCJN para legislar sobre este tema, se emitiría una declaratoria de inconstitucionalidad ante la incapacidad de los congresistas para modificar los artículos 235, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud como lo señaló la SCJN.
