Los arrendadores de locales comerciales como restaurantes, oficinas y bodegas han alcanzado acuerdos de rentas que permitan a sus inquilinos seguir en los espacios a pesar de la pandemia de COVID-19.

El día de ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia de prensa que en respuesta a una carta que había mandado a los representantes del sector inmobiliario, se lograron algunas acciones a favor de los comerciantes de la capital y en especial los del Centro Histórico.

Durante el evento, Salvador Sacal Cababie, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), dio a conocer las medidas tomadas por parte de su organización a petición de las autoridades locales.

Dicha asociación, según su representante, agrupa al 50 por ciento de los arrendatarios de empresas de la capital.

Entre las medidas más importantes, mencionó Sacal Cababie, el 90 por ciento de sus agremiados redujeron los montos de las rentas a sus arrendatarios.“Disminuyeron los montos de arrendamiento en las localidades comerciales, en las oficinas y en las bodegas, esto debido a que permanecieron cerradas sin poder ingresar a sus instalaciones”, mencionó.

“Disminuyeron los montos de arrendamiento en las localidades comerciales, en las oficinas y en las bodegas, esto debido a que permanecieron cerradas sin poder ingresar a sus instalaciones”, mencionó.

También, dieron esquemas de pagos diferenciados para evitar controversias judiciales.

“La premisa que hemos establecido desde el mes de marzo del 2020 es: o damos un descuento en la renta o se queda la localidad vacía y sin pago de renta, es mejor percibir algo, que nada. Concientizamos a nuestros arrendadores bajo esta premisa”, declaró.

En paralelo a este anuncio, trabajadores de restaurantes se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigir la reapertura de sus centros laborales y que se les considere como una actividad esencial.

Cabe destacar que durante el fin de semana pasado, organizaciones de restaurantes que representan a 13 mil 500 negocios, publicaron una carta dirigida al Gobierno de la ciudad y al del Estado de México, expresando que su situación era insostenible y que el lunes 11 de enero iban a reabrir.

“Mientras en todo el mundo se han dado prórrogas para el pago de impuestos y servicios, apoyo para negociar con proveedores e incluso subsidios al desempleo, aquí no hay nada”, indicaron.

Al respecto, la mandataria afirmó que se les han dado apoyos directos a empresarios a través de créditos y que los restaurantes que reabran serían amonestados en primera instancia y después sancionados, pues científicamente está comprobado que la mayoría de contagios de COVID-19 eran en espacios cerrados como restaurantes.

“No es una definición de criterio personal, sino de criterio científico asociado a la reducción de las enfermedades; es decir, la ciudad está en su capacidad hospitalaria más alta que ha tenido desde el inicio de la pandemia, y tenemos que ser responsables todos, todos, en poder bajar este número de hospitalizaciones”, indicó sobre la intención de los restaurantes de reabrir.

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