Tras un trabajo de varias semanas iniciado después de la elección del 1 de julio, ayer se presentó el proyecto de la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en medio de reclamaciones de la sociedad civil que señaló vacíos en la legislación.
Aunque se trató de un trabajo conjunto entre miembros del nuevo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y organizaciones de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, la sociedad civil reprochó a Morena y al futuro gabinete que no se hicieron los cambios constitucionales que garanticen la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Si bien la propuesta de Ley Orgánica que construimos en conjunto no contiene todo lo que los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás propusimos, es resultado de un genuino esfuerzo de todos los actores sentados en la mesa para acercar posturas y para colocar en el centro de la función de la Fiscalía a las víctimas y a la ciudadanía”, expuso Haydee Pérez Garrido, directora de Fundar, Centro de Investigación y Análisis.
Las organizaciones de la sociedad civil habían pedido que se realizaran los cambios constitucionales en primer lugar para garantizar la autonomía de la Fiscalía frente al Ejecutivo y hacerla un ente independiente que realice la investigación de los delitos sin el peligro de que tenga un conflicto de interés si intenta investigar al propio gobierno.
Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás calificaron como un asunto grave el pase automático de todo el personal de la PGR a la FGR, debido a que podrían heredarse las malas prácticas de la Procuraduría
Aun así, ambos colectivos aplaudieron el cambio entre el modelo anterior que se impulsaba por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y entre el futuro gobierno, que ha enfocado la acción de la FGR en las víctimas y los derechos humanos.
Enfocada a las víctimas
La propuesta de la Ley Orgánica de la FGR entierra el proyecto que ya había sido aprobado en el 2014 por la Cámara de Diputados y que quedó pendiente en el Senado con la visión del PRI para la nueva Fiscalía.
Una vez que Morena ganó la elección, miembros del equipo de transición y de la sociedad civil se enfocaron en la creación de una nueva Ley.
Esto por la prisa de López Obrador, de arrancar su periodo de gobierno ya con los fiscales en funciones.
El nuevo modelo de la FGR pone el centro en lograr la justicia, garantizar la dignidad de las víctimas, ser eficiente en la investigación y en la acción penal para acabar con la impunidad.
“Los principios que guiarán a la FGR son: autonomía, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad, entre otros establecidos en la Constitución, leyes y tratados internacionales”, expone la iniciativa.
La FGR tendrá mayor flexibilidad en sus métodos de investigación de la que tenía la Procuraduría General de la República (PGR).
Podrá integrar equipos especializados para investigar delitos en diferentes áreas y podrá crear comisiones especiales de investigación para casos emblemáticos y de relevancia nacional.
La propuesta establece que la FGR contará con 3 fiscalías especializadas: en Delitos Electorales, en Combate a la Corrupción y en materia de Derechos Humanos.
Además, será creada una Fiscalía de Asuntos Internos que estará encargada de investigar los actos de corrupción cometidos al interior de la FGR.
Para el nombramiento del titular de la FGR se utilizará el método que está indicado en la Constitución Política, en que el Senado enviará al Ejecutivo una lista de 10 personas idóneas para el cargo, de las cuales, el presidente elegirá una terna, que será enviada a la Cámara alta para que dé entre ellos se elija al nuevo fiscal; sin embargo, el titular de la FGR podrá ser removido por el Ejecutivo.
Las organizaciones de la sociedad civil acordaron con el nuevo gobierno señalar algunas cualidades que deberá tener el nuevo fiscal.
“Para garantizar la autonomía de las y los integrantes de la institución, se establecen principios generales para las designaciones, tales como el mérito, la transparencia y publicidad, y la participación ciudadana”, expusieron las organizaciones de la sociedad civil.
Estos colectivos acordaron con el equipo del nuevo gobierno que será en un año cuando se comiencen a hacer los cambios constitucionales que ellos piden.
Exigen autonomía
Las organizaciones de la sociedad civil exigieron a Morena cumplir con el acuerdo al que se llegó en las mesas de trabajo para que se realicen los cambios a la Constitución del país y se garantice así un ejercicio autónomo del órgano de justicia.
“Hemos dado pasos importantes para comenzar a frenar la crisis de impunidad que vivimos en México con la propuesta de Ley Orgánica de la FGR, pero no podemos dejar de considerar como indispensables también las reformas constitucionales que hemos acordado a fin de lograr una verdadera autonomía, independencia y eficacia en la Fiscalía General”, expusieron los colectivos.
En primer lugar se ubica el artículo 19 transitorio del artículo 102 de la Carta Magna, en el que se establece el pase automático de todo el personal de la PGR a la FGR. Esto fue calificado por las organizaciones civiles como un asunto grave.
Los colectivos pidieron también modificar el artículo 21 constitucional, en el que se establece que el Ministerio Público y las instituciones policiacas de los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para cumplir los objetivos de seguridad establecidos por el Ejecutivo; es decir, la acción de la Fiscalía estaría sometida a las metas del presidente.
Para buscar la independencia de la FGR, las organizaciones insistieron en crear un Comité de Designaciones, en el cual participe la sociedad civil
Se pidió también modificar el artículo 73 constitucional donde se establece que el Congreso tiene la facultad de coordinar a los tres órdenes de gobierno en materia de justicia.
Otro artículo que cambiará será el 76, para retirarle al Senado la capacidad de objeción de la remoción que pueda realizar el Ejecutivo del fiscal.
Los colectivos han exigido que cambie también el artículo 89, donde se habla de la facultad del presidente de remover al fiscal general.
Asimismo, no han cesado en su exigencia de cambiar el artículo 102 para modificar la forma en que se elige al fiscal general, y crear un Comité de Designaciones encargado de elegir a un fiscal verdaderamente independiente y autónomo.
A estos se suma el artículo 116, donde se busca establecer la independencia y autonomía de las fiscalías en los estados.
Finalmente, han pedido también que se modifique el artículo 123 para que sea efectiva la creación del Servicio Profesional de Carrera de la FGR, y evitar que los servidores públicos que trabajen en la Fiscalía lleguen ahí como parte de nombramientos políticos y más bien sean funcionarios de carrera encargados de la investigación de los delitos.
