Rescates de alto riesgo

La ayuda que se está llevando a las zonas afectadas de Guerrero podría resultar contraproducente. Mortal.

La comida, víveres, ropa y medicina están siendo trasladadas en helicópteros de la Procuraduría General de la República, que de acuerdo a la extitular de esa dependencia, Marisela Morales,  ya no estaban en condiciones de volar.

Son aeronaves marca Bell –diferentes modelos– que fueron donadas en la primera parte de la década de los 90 por el Gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en México.

Es un modelo antiguo que fue utilizado principalmente en la Guerra de Vietnam. Fue diseñado por la Bell Helicopter Company en 1955, y cuatro años después fueron entregados los primeros nueve al gobierno norteamericano.

Lo que informó Morales sobre esas aeronaves y toda la flotilla oficial de PGR, hace de estos helicópteros una bomba de tiempo para pilotos y damnificados. 

En México ya hay una sospechosa tradición de accidentes en avión y helicóptero. 

La lista de altos funcionarios que han muerto en incidentes de este tipo empieza a verse amplia. Dos secretarios –de Gobernación y Seguridad Pública– han fallecido en esas circunstancias.

De hecho hace una semana oficiales y tripulación de un Black Hawk de la Policía Federal,  perdieron la vida haciendo las labores de rescate en Guerrero. 

En reconocimiento a su labor, recibieron el miércoles pasado un homenaje por parte del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo hoy nuevamente sale a la luz la estela de irregularidades que dejó a su paso en la Procuraduría, Marisela Morales, hoy cónsul de México en Milán, Italia.

La insistencia en desaparecer la Dirección General de Servicios Aéreos y los millonarios pagos para la renta de aviones particulares, reviven la polémica.

¿Es cierto que los aviones y helicópteros de PGR estaban a principios de este año inservibles?

Si a través de oficios internos y documentos oficiales se pudo registrar el despido de los pilotos de la dependencia, que tenían entrenamiento especializado, ¿quién está volando las naves con las que se lleva medicina y comida a los miles de afectados por las recientes lluvias?

Lo cierto es que tras su gestión la exprocuradora panista fue dejando pistas ineludibles: una auditoría millonaria realizada por una empresa extranjera emitió un dictamen desfavorable para la mayor parte de los aviones y helicópteros de PGR. 

Además, a una semana de terminar la administración de Felipe Calderón,  prácticamente se desmanteló la Dirección General de Servicios Aéreos de la dependencia encargada de la procuración de justicia.

La desaparición de dirección aérea

El director general de Servicios Aéreos señala que la plantilla de diverso personal a esa unidad administrativa resulta innecesaria, derivado que las aeronaves han disminuido

Desde abril del 2012, pilotos de la Dirección General de Servicios Aéreos iniciaron una serie de denuncias anónimas para demostrar que poco a poco se estaba queriendo desaparecer su departamento.

La aplicación de exámenes de control de confianza, sin dar a conocer resultados; la falta de presupuesto y evitar a toda costa arreglar aviones, fueron algunas de las medidas. Poco a poco los pilotos fueron perdiendo el miedo hasta dar la cara y decirlo públicamente.

“Lo que quieren es despedirnos para rentar aviones particulares”, dijeron entonces.

Y se cumplió. Reporte Indigo dio a conocer en enero que la PGR había decidido mejor rentar aviones a la empresa Rajet con el contrato PGR/AD/CN/SERV/192/2012.

Y es que una investigación realizada por la empresa norteamericana JDA Aviation Technology Solutions –que costó un millón y medio de dólares– daba como resultado que era preferible pagar por los servicios de un particular.

El costo de esa renta fue de poco más de 5 millones de dólares. 

En su defensa Rajet argumentó que la inspección que había hecho la empresa norteamericana había sido supervisada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la máxima autoridad en la materia y depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

A finales de octubre del 2012, y amparada en los resultados de JDA, la hoy diplomática mexicana aseguró que tan sólo una cuarta parte del total de la flotilla estarían en posibilidades de volver a volar.

“Hasta donde tengo información, serían más de 20 aeronaves las que podrían estar, del total que era la flota, de casi 100, eran 98, serían veintitantas las que quedarían en operación”, dijo Marisela Morales.

En el documento se enlistaron las aeronaves no navegables. Fueron 34 helicópteros Bell los que JDA marcó como no aptos para volar. 

Si bien la mayor parte estaban en la categoría: “fáciles para regresar a condiciones de aeronavegabilidad”, de acuerdo al estudio se les encontraron fallas serias que impedían su uso.

El 26 de octubre del 2012, Miguel Ángel Escalante Palacios, uno de los ingenieros a cargo de los talleres de la Dirección General de Servicios Aéreos de PGR, envió un correo electrónico a todas las bases de mantenimiento informando el estatus de los aviones.

La denuncia de los pilotos empezaba a tener sentido.

Lo cierto es que la empresa JDA Aviation Technology Services es reconocida internacionalmente.

Los helicópteros Bell que se dictaminaron como no aeronavegables,  ya fueron pintados de blanco para distinguirlos de la administración panista. 

Han sido fotografiados en las zonas de Guerrero llevando alimentos y medicinas y trasladando gente a los albergues cercanos. 

Pilotos despedidos

Argumentando  que no tenían naves para operar, la administración panista de Marisela Morales despidió a pilotos sin darles garantías laborales 

La solución final ante el problema que había con los helicópteros y aviones de PGR fue deshacerse de todo el personal de la Dirección General de Servicios Aéreos. 

Una semana antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, a los pilotos les llegó una carta notificándoles su despido.

Con el documento oficial PGR-OM-DGRHO-2012 se les informó: “Mediante el oficio DGSA/20126860 de fecha 16 de noviembre del 2012, el director general de Servicios Aéreos señala que la plantilla de diverso personal a esa unidad administrativa resulta innecesaria, derivado que las aeronaves propiedad de la institución en funciones ha disminuido en forma sensible, por tanto no se justifica el excedente de personal con funciones como las que ocupa usted”, decía el resolutivo tercero del documento de la Oficialía Mayor de PGR.

La carta de despido estuvo firmada por Rodolfo de la O Hernández, director general de Recursos Humanos, con fecha 20 de noviembre del 2012 y en ella se les pedía, además, entregar de inmediato todo el equipo, credenciales y gafete que se les hubiera otorgado.

La panista Marisela Morales justificaba los despidos con la falta de confianza y el evidente robo de piezas y material de los talleres.

“Las separaciones (…) son derivadas de los exámenes de control de confianza que se les practicaron y en donde resultaron no aptos. Evidentemente, ante esta situación que se derivó, en los exámenes que les practicó el Centro de Control de Confianza fue con preguntas muy particulares, precisamente por el tema de que se trata y por la problemática que se presentó en Servicios Aéreos”.

Esa tarde, luego de su declaración a los medios de comunicación, la PGR emitió un boletín donde se aseguraba que había averiguaciones previas por el robo denunciado.

En el boletín anunció que se llamó a comparecer ante el Ministerio Público a 544 trabajadores de la Ciudad de México, Guadalajara y Cuernavaca. 

Además aseguraron que la dependencia había integrado siete expedientes de investigación e instruido ocho más sobre responsabilidades administrativas de 120 personas.

Finalmente terminaron despidiendo a más de 300 pilotos, con el argumentos de la falta de aeronaves, pues las investigaciones hasta la fecha no han arrojado ningún responsable. 

En la mayoría de los casos se recurrió a un acuerdo económico entre la PGR y los pilotos porque no se encontró otra forma de desocuparlos, más que mediante una indemnización.

El problema legal-laboral fue una de las primeras herencias del PAN a Peña Nieto.

Los otros desplazados

Joel Valencia, capitán piloto aviador con más de 25 años de experiencia, fue uno de los despedidos. Sin justificación, sin explicación de por medio, simplemente de un día para otro lo echaron de la dependencia. 

Su trabajo durante más de dos décadas fue el transporte de funcionarios, reos y también la erradicación de plantíos de marihuana y amapola.

“He sido la voz de varios compañeros y lo que sentimos es una gran indignación. Después de tantos años laborando en esta institución, no se vale que únicamente se te reconoce tu trabajo cuando mueres y no cuando estás vivo y has hecho una excelente labor”.

Valencia lanza el reto de que le comprueben que tiene adicciones, que es ladrón o cualquier irregularidad como para que se le acuse de no haber pasado los exámenes de control de confianza.

“Yo hubiera estado de acuerdo si se hubiera demostrado que yo era marihuano, alcohólico, que yo era un ratero. Como lo hizo la exprocuradora Marisela Morales que decía que éramos rateros y marihuanas, pues que venga y que lo compruebe”.

Durante más de nueve meses intentó con la nueva administración hacer valer su despido injustificado. Su lucha no tuvo frutos. Finalmente en agostó decidió desistirse.

Llegaron a un arreglo con el aval de ambas partes.

En el acuerdo recibió poco más de 300 mil pesos por su labor de 25 años. Él asegura que no se cumplió con lo que dice la ley y le quitaron casi un millón de pesos que le correspondían. 

Lo aceptó porque está convencido que la ley está a favor de quien tenga más influencias.

“(La PGR) nos calificó en grupos diferentes, de alto riesgo y de mediano riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona que se le calificó el alto riesgo, el alto riesgo era para la PGR de perder las demandas en los tribunales. “A la gente que se le calificó de alto riesgo se les dio tres meses de sueldo más 20 días de salario por año laborado en la institución. Pero a los pilotos, que para algunas cosas somos los más importantes y para otras somos los menos importantes, ya que a los pilotos se nos calificó de mediano riesgo, lo cual quiere decir que únicamente nos dieron tres meses de sueldo y 10 días por año laborado. Obviamente esto no es lo que marca la ley”.

Las lluvias en varias zonas del país continuaron. 

La ayuda aún es necesaria en varias regiones de la montaña de Guerrero, Tamaulipas,  Veracruz, Sinaloa y Oaxaca. 

Con helicópteros cuestionados, y la posibilidad de que se esté utilizando a pilotos con poca experiencia, brindar o recibir ayuda se convierte en una acción de alto riesgo.

Y de tragedias ya fue suficiente.

Helicópteros dejan estela de muerte

> Ramón Martín Huerta
Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox, falleció el 21 de septiembre de 2005 en un helicóptero Bell 412-EP matrícula XC-PFI en el paraje montañoso conocido como Llano Largo o Las Penas en el Estado de México.

> Juan Esteban Rodríguez y Jesús Manuel García
Piloto y copiloto respectivamente, fallecieron al caer el helicóptero Agusta, modelo 199-S, con matrícula XC-EDM en la calle de Progreso, frente al parque Viveros de Coyoacán en la delegación del mismo nombre, en el DF.

> Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, falleció el 11 de noviembre del 2011 en un helicóptero Súper Puma Aeropatiale 322L1, matrícula XC-UHP, en Chalco entre el poblado de Santa Catarina Ayotzingo y el Distrito Federal.

> Julio  
En la comunidad de Guanajuatillo, región de Apatzingan, Michoacán, trascendió que una nave se desplomó en julio de este año. Se publicaron de fotos en los noticieros locales, pero la Policía federal nunca habló del tema. Varios policías federales resultaron lesionados.

> El 22 de septiembre
Este año fue localizado en la zona serrana de Guerrero un Black Hawk que hacía labores de rescate. En el accidente murieron cinco oficiales que se sumaron a las víctimas de los huracanes.