Resistencia a la Alerta
El Gobierno de Jalisco cuestionó los resultados del informe federal para declarar la Alerta de Violencia de Género en el estado, pese a que fue elaborado por especialistas de instituciones como la CNDH, Inmujeres, UNAM y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Luis Herrera[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_97we2zxq” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /]
El Gobierno de Jalisco se inconformó ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), por la reciente evaluación a la que fue sometido y donde se concluyó que el estado sí reúne condiciones que ameritarían una Alerta de Violencia de Género.
El 17 de marzo, la titular de Conavim, Alejandra Negrete Morayta, remitió al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz el oficio CNPEVM/398/2017 con el informe del Grupo de Trabajo que estudió la situación del estado y el desempeño del Ejecutivo, para valorar la necesidad de emitir la Alerta federal.
En su respuesta, Sandoval Díaz le rebate a la comisionada que ese informe no fue avalado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que muestra “desconocimiento” sobre las acciones de su gobierno, utiliza criterios “parciales”, e incluso, carece de soporte en algunos apartados, según el oficio 195/DPG/IJM/2017, del 29 de marzo.
El informe que remitió la Conavim tuvo que ser aceptado por el gobernador, pues de no haberlo hecho, la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que Conavim pertenece, habría declarado de inmediato la Alerta federal en Jalisco.
“Contará con un plazo de 15 días hábiles para informar a esta Comisión sobre la aceptación o el rechazo de las conclusiones y propuestas realizadas por el Grupo de Trabajo. Es importante que considere que transcurrido el plazo antes referido sin que esta Comisión reciba su respuesta, o en caso de recibir una respuesta negativa, la Segob emitirá la declaratoria de Alerta”, detalla el documento.
La resistencia
El Grupo de Trabajo que evaluó a Jalisco y a su gobierno con resultados desfavorables está integrado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Conavim, académicos locales y de la Universidad Nacional Autónoma de México, e incluso, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Pese al rango de esas instituciones, el gobernador cuestionó el informe ante la comisionada.
“Se señala que el informe fue aprobado en términos del artículo 36 bis del Reglamento a la Ley General de Acceso, pero por otro lado, el Estado de Jalisco, a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres, formaba parte del Grupo de Trabajo y no aprobó el informe tal como se nos envía, pues incluso realizó observaciones que no fueron tenidas en cuenta, y tampoco se fundó o motivó la razón para no ser consideradas”, dice el escrito con la inconformidad.
Los problemas del Gobierno local comenzaron desde el 8 de febrero de 2016, cuando, en lugar de haber recurrido a una Alerta federal, como se ha hecho en el resto del país, activó una Alerta estatal, pese a las grandes limitaciones de ésta con respecto a la de Segob.
Con la Alerta estatal el gobierno de Sandoval Díaz ha rehuido la vigilancia de los entes nacionales e internacionales que sí participan en una federal, y dejó esa tarea en un grupo integrado por su propio gabinete, con algunas voces académicas.
Llega el escrutinio
Ahora que el Gobierno local está siendo supervisado en serio por instancias externas para una Alerta federal, su inconformidad es manifiesta.
El gobernador le expresó a la comisionada que, si bien “en el informe se hace alusión de manera general al trabajo realizado por el gobierno, no así se detalla cuáles fueron los trabajos realizados o los avances alcanzados, por lo que de la lectura se desprende cierto desconocimiento por parte del Grupo de la operación del mecanismo local.
“La solicitud (de Alerta) presentada por las organizaciones versa en el sentido del incumplimiento del mecanismo local, mismo que a pesar de no tener la atribución legal de verificar sobre el incumplimiento, tampoco fue analizado para la construcción de las conclusiones, propuestas e indicadores del informe”.
Fuego al informe
La Alerta estatal se activó en seis municipios de la metrópoli de Guadalajara, más Ameca y Puerto Vallarta, sin embargo, ante sus magros resultados, grupos como Católicas por el Derecho a Decidir solicitaron la Alerta federal el 23 de noviembre de 2016.
El informe federal prevé a 10 municipios, pero sólo tres nuevos: Lagos de Moreno, Mezquitic y Zapotlán el Grande; el gobernador se quejó también de que el estudio incluyera consultas en estos sobre el grado de conocimiento de la Alerta local.
“No se encontraban en Alerta local, por lo que las preguntas que buscaban hacer alusión a la falta de difusión del mecanismo no debieron ser aplicadas en estos tres municipios, ya que los criterios aplicados para la valoración de los mismos resultan parciales.
“(En) Mezquitic no se realizaron las visitas in situ correspondientes, por lo que la investigación de dicho municipio carece de información suficiente para definir la problemática de violencia”, apuntó.
El informe emitido en marzo dicta diversas medidas para abatir la violencia feminicida y un plazo de seis meses para acatarlas
Tiempo perdido
En el informe que remitió la Conavim al gobernador en marzo se dictan una serie de medidas para abatir la violencia feminicida y un plazo de seis meses para acatarlas.
Tras ese tiempo volverá a ser evaluado, y si cumplió, la Alerta federal no se declara, pero si las omitió, será activada.
A muy poco de que se conozca la determinación final de Conavim, lo que está claro es que el Ejecutivo perdió tiempo en una Alerta estatal cuyas limitaciones han causado que se procese ahora una Alerta federal, y cuyo trámite absorbe a toda una parte de la operatividad de sus áreas.
El propio gobernador expresó a Conavim la incertidumbre legal que traerían dos Alertas simultáneas, pues el informe señala que sus propuestas “no son excluyentes” de la Alerta local.
