Resistencia indígena

17 de Jun, 2019

Las autoridades mexicanas ya comenzaron a establecer las bases para lo que podría ser el primer diálogo colectivo entre el Gobierno federal y los pueblos originarios del país, representados de forma más visible por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Esto se da en medio de la ebullición de los proyectos contemplados dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019 y frente a la escalada de violencia que ha golpeado de forma particular a las regiones indígenas de México.

El diálogo, cuya propuesta formal ya se encuentra en el escritorio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tendría como objetivo principal encontrar una solución definitiva al conflicto de 25 años de historia originado en la sierra chiapaneca, así como la reevaluación de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar.

Compromisos que los sectores indígenas del país denuncian que hasta la fecha no han sido correctamente reflejados en la Constitución; situación que acentúa el incumplimiento de sus derechos y la marginación.

Ahora, con más de 500 comunidades organizadas en estados como Guerrero, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Campeche, Puebla y Veracruz, el CNI y el EZLN resurgieron ante la amenaza de desplazamiento y devastación ambiental que los megaproyectos impulsados por el régimen de la Cuarta Transformación podría acarrear para sus territorios

“Desde mi punto de vista es un buen momento. Este es un tema que lamentablemente se ha quedado en el olvido y es importante que lo volvamos a retomar; no se puede quedar allí en el archivo y se le debe dar solución”, afirma el diputado federal Eduardo Zarzosa Sánchez, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas.

Para el funcionario, quien funge también como presidente de la comisión bicameral de Concordia y Pacificación (Cocopa), el momento histórico que vivimos, que coincide con el vigésimo quinto aniversario del movimiento indígena armado -y la consecuente conformación del órgano bicameral que representa-, resulta ideal para que la administración de Andrés Manuel López Obrador dé una “solución definitiva al conflicto”.

El integrante de la bancada del PRI afirmó que desde el mes de febrero, la Cocopa mostró voluntad ante la posibilidad del volver a reunir en un debate a todas las partes involucradas en las resistencias indígenas organizadas del país, y propiamente con el EZLN.

“Como primer punto se acordó de forma unánime que pudiéramos enviar un oficio a la secretaria de Gobernación para que tengamos un acercamiento, sobre todo para conocer la postura del nuevo Gobierno federal respecto al tema. Para poder avanzar necesitamos dar estos primeros pasos”, comenta.

En entrevista para Reporte Índigo, Zarzosa Sánchez reconoce que “si hasta el momento no se ha firmado la paz, es porque todavía hay pendientes”, razón por la cual, esperan que el oficio enviado a finales de mayo, tenga una pronta respuesta por parte de la Segob.

“Esperaríamos que antes de nuestra próxima reunión ordinaria de la comisión, que será a finales de este mes, ya tengamos una respuesta. Seremos muy respetuosos de los tiempos que marque la secretaría, pero también habremos de exigir una respuesta”.

La interlocución con las autoridades no será fácil, ya que éstas han sido omisas a las exigencias de justicia que mantienen

Ausencia de autoridad

Sin embargo, para los integrantes de las comunidades afines tanto al CNI como al EZLN, la interlocución con las autoridades no será una tarea fácil, ya que éstas han sido omisas a las demandas y exigencias de justicia que mantienen de forma permanente.

Juan Carlos Flores, integrante y abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (parte del Congreso Nacional), comenta que el organismo indígena se rige mediante acuerdos, reuniones y asambleas, pero que hasta ahora no hay un posicionamiento oficial ni conocimiento de que alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno se haya acercado con una propuesta concreta de diálogo.

No obstante, el defensor de los derechos de las comunidades afirma que existen organismos como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígena (INPI) que han sido omisos a las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios y la represión denunciada durante los primeros meses de este sexenio.

A nosotros nos parece que el INPI se está viendo como un cómplice de esta violación a los derechos de los pueblos indígenas. El CNI ha emitido pronunciamientos contra Adelfo Regino Montes (titular del Instituto), quien era parte del Congreso y lo ha calificado como traidor al reconocimiento de los pueblos indígenas

“Él no está buscando la defensa de los pueblos, sino alinearse a una política federal que no respeta los derechos de las comunidades”, asegura.

Por su parte, Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina –organismo que no pertenece al CNI–, comenta que si bien los diálogos entre las autoridades del país y los movimientos indígenas en general son necesarios para evitar la polarización de los sectores ante distintos hechos que se viven durante este 2019, existe un manejo desarticulado de la comunicación con el organismo a cargo de los asuntos indígenas.

“Desafortunadamente el Gobierno federal no tiene la asesoría adecuada por parte del INPI y esto pues lo va a llevar a varias derrotas en las instancias jurisdiccionales. Así lo prevemos y no queremos eso, más bien lo que queremos es que mediante el diálogo se definan los procesos adecuados para las consultas, en caso de que estas fueran necesarias; y en caso de los megaproyectos, revisarlos y explorar las alternativas en coordinación con las comunidades afectadas”.

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La lucha de la oposición

El intento más reciente de acercamiento entre las autoridades y los zapatistas se llevó acabo en julio de 2018, luego de la reciente victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones federales.

En declaraciones ante los medios de comunicación, el padre Alejandro Solalinde Guerra afirmó que ya habían pláticas con “bases de apoyo” del movimiento indígena, las cuales “aceptaron” tener un primer acercamiento con el entonces presidente electo de México.

Luego de estas declaraciones, los encapuchados lanzaron casi de forma inmediata un fuerte posicionamiento, en donde no sólo negaron dicho diálogo, sino que afirmaron que “el EZLN no ha recibido del señor Solalinde nada más que mentiras, calumnias y comentarios racistas y machistas, al suponer que, como se sostenía en la época del Salinismo y el Zedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes (…) lo que eso evita que bajemos la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde considera el nuevo salvador”.

Ahora, un año después y con una oposición política claramente desdibujada y carente de credibilidad, las comunidades indígenas del país podrían ser el único frente real que choque contra la visión de desarrollo del presidente de la República.

Un grupo cuyo potencial de acción se manifiesta en el incremento de acusaciones de represión, hostigamiento e incluso el asesinato de dirigentes regionales que han denunciado.

Tan sólo en medio año, el EZLN y el CNI han acusado a las autoridades de permitir el incremento de la violencia en las regiones indígenas. Ataques armados en los municipios de Comala, Colima; Zachila, Oaxaca o Chilapa, Guerrero que han derivado en el asesinato de al menos seis personas integrantes de comunidades en lo que va del 2019

“Vemos que estamos ante un escenario muy preocupante en cuanto a la seguridad de las personas que se dedican en sus tiempos libres y como parte de su vida a trabajar en beneficio de su comunidad y la defensa de sus territorios.

“Vemos cómo cada mes hay asesinatos a gente protectora del medio ambiente. Es muy preocupante y no sabemos si hay un patrón o es a quién le toca”, menciona Larissa de Orbe, coordinadora dela organización Acción Ecológica de Morelos, sobre el recrudecimiento de la violencia contra dichas comunidades.

Para la experta en defensa ambiental, hechos como el asesinato de Samir Flores, quien era el principal líder opositor ante el Proyecto Integral Morelos (PIM) y el más reciente del ambientalista de Tabasco, José Luis Álvarez, se replican por todo el país e incluso por América Latina.

Por lo que conviene revisar muy de cerca las fricciones y amenazas que los proyectos del actual gobierno vayan generando.

“Hay una preocupación y se tendría que declarar una alerta de seguridad o estado de emergencia a todas aquellas personas que están en riesgo ante la imposición de diversos megaproyectos en tierras indígenas.

Ahora que escuchamos que el presidente va a apoyar los proyectos mineros, hay que estar atentos a toda la resistencia que se pueda suscitar en esos territorios por la defensa de la salud y de la naturaleza, ya que puede incrementar el número de asesinatos

Artículo 2

Otro de los temas pendientes y que están generando incertidumbre en los movimientos indígenas del país, es la convocatoria lanzada por el INPI el pasado 3 de junio para participar en los foros regionales de consulta -proyectada del 21 de junio al 28 de julio- con miras hacia la reforma del artículo 2 Constitucional.

Para Juan Carlos Flores, la administración de López Obrador, además de estar permitiendo la escalada de violencia contra los pueblos originarios, ahora está impulsando “consultas a modo o consultas exprés”, como ocurrió con el PIM.

“Con esta nueva intentona de reformar el artículo segundo constitucional para reglamentar los derechos de los pueblos indígenas y la consulta, se abre un proceso que nuevamente no es adecuado.

“Puedo decir que esta reforma que pretenden hacer, no se puede llevar a cabo mientras no se haga primero una evaluación seria y con el debido tiempo de cómo han funcionado los derechos indígenas”, afirma.

Los integrantes y representantes de los pueblos indígenas aseguran que sus derechos no solo han sido ignorados por la administración actual, también las agresiones en su contra se han vuelto cada vez más comunes

El abogado añade que a 18 años de su aprobación inicial –el  4 de agosto de 2001– los instrumentos plasmados en la reforma del artículo 2 no han respetado el espíritu de los acuerdos de San Andrés.

“Los derechos indígenas se siguen negando a pesar de que están en la Constitución y sobre todo, están incompletos. No se les ha dado a los pueblos el reconocimiento de sujetos de derecho público; ni se les está respetando su derecho al territorio y se les está poniendo por abajo de cualquier cosa. Porque son cosas, no son sujetos”, dice.

Otro de los temas que están generando incertidumbre en los movimientos indígenas es la convocatoria lanzada por el INPI con miras a reformar el artículo 2 Constitucional

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Controversia y unidad

Los hechos de violencia que durante este año han sufrido los colectivos afines tanto al CNI como al EZLN, han generado jornadas de resistencia y apoyo a lo largo del país para las comunidades que más sufren la violencia del crimen organizado.

El próximo 12 de julio el Congreso Nacional Indígena convocó a todas sus redes de apoyo a formar una caravana con víveres e insumos básicos, la cual partirá de la comunidad indígena nahua de Amilcingo, Morelos (región natal del activista Samir Flores) con destino a la región de Acahuehuetlan, municipio de Chilapa, Guerrero

Un sector que, de acuerdo con las acusaciones del CNI, actualmente se encuentra sitiado por los cárteles de Los Ardillos y Los Rojos que operan en la región.

En adición a estas acciones, se proyecta una campaña de generación de denuncias masivas ante organismos de derechos humanos internacionales, esto con la finalidad de visibilizar una lucha que de momento está pasando inadvertida por las autoridades locales.

“Nosotros lo que buscamos es la relación con compañeros dignos del Congreso Nacional Indígena para poder apoyarnos. De hecho nuestra organización ya había sido parte de ellos antes de que se dividiera el asunto. Nosotros llamamos a la unidad, pero no cualquier unidad: unidad con dignidad. Y para eso necesitamos sentarnos a platicar”, expresa Luis Díaz Bustamante, integrante de la dirección de la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Coyuca de Benitez, Guerrero.

A su consideración, aunque de momento no todas las luchas indígenas están alineadas con el CNI o el EZLN, el temor hacia el incremento de la violencia y los posibles desplazamientos y daños ambientales que los megaproyectos de la 4T podrían acarrear, están generando que las diversas resistencias del país enfrenten una reorganización en unidad para la lucha en común.

No hay una unificación total pero estamos tratando de rescatar lo que fue el proceso esencial de nuestra misma organización. Ahorita hay divisiones internas generadas por el Estado, pero también hay otras generadas por las mismas direcciones que en algunos casos se han desviado demasiado y perdido la esencia

“La vinculación que hacemos es tratando de conocer a los compañeros y a los dirigentes de otras organizaciones e ir viendo cómo avanzamos en la reconciliación. Estamos en el proceso, pero es un camino largo y difícil, más cuando el Estado nos ha estado mellando el mismo trabajo. Y ahorita con López Obrador es peor el asunto, porque en lugar de unirnos más, está tratando de dividirnos también”, acusa.

Cientos de comunidades indígenas de distintas partes del país se han unido para luchar por sus derechos, sin embargo, entre ellos también existen conflictos, los cuales están tratando de dirimir mediante el diálogo

Para el diputado Eduardo Zarzosa, este tipo de divisiones están muy presentes y, debido a comentarios recibidos a través de “desplazados” de las comunidades, afirma que las vertientes ideológicas son el tema de fondo del movimiento indígena.

“Todo parece indicar que dentro del propio EZLN hay dos grupos: uno que sí quiere sentarse a dialogar (con el Gobierno federal) y otro que lo ha rechazado. Hasta donde entiendo, el comandante Galeano es el que sí está en esa disposición.

El que de manera mediática ha respondido que no le interesa e incluso se ha pronunciado en contra del Gobierno es su vocero. Pero nosotros queremos acercarnos con la parte que sí quiere el diálogo”.

De igual forma, comenta que el ejercicio de evaluación de los avances será crucial ya que, desde su perspectiva, las administraciones anteriores debieron haber hecho un trabajo previo.

“Lo más importante es escuchar lo que quiere la otra parte. Tenemos que hacer un trabajo minucioso para saber cuáles de las demandas que se plantearon en algún momento ya han sido cumplidas.

“Porque muchas de esas demandas tenían que ver con obras de infraestructura, caminos, agua, electricidad, etc. Tenemos que ver qué tanto de estos Acuerdos de San Andrés se han venido cumpliendo y qué tanto tenemos pendiente. Tampoco podemos pensar que estamos iniciando de cero. Seguramente las administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y subsecuentes hicieron algo con el tema”.

El CNI está organizando una campaña de denuncias masivas ante organismos de derechos humanos internacionales con la finalidad de visibilizar su lucha y los agravios cometidos contra ellos