Los controles preventivos provisionales, mejor conocidos como retenes en las casetas de cobro de las carreteras de México, se han convertido en un jugoso negocio para los policías estatales que las resguardan.
Violando derechos humanos y aplicando estrategias anticonstitucionales, las autoridades revisan, catean e intimidan a los conductores de forma aleatoria con un solo propósito: sacarles dinero.
Andrés Negrete vivió esta experiencia en carne propia durante la Semana Santa en su viaje de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, al Estado de México.
Sin previo aviso, policías estatales lo detuvieron en el último tramo carretero para entrar al Municipio de Ecatepec sin una orden y sin motivo alguno, argumentando una inspección de rutina.
Los retenes policíacos son violatorios a los derechos humanos e inconstitucionales porque violan los artículos 11, 16, 20 y 21, los cuales garantizan a todos los ciudadanos poder circular por el país sin ser molestados, a menos de que haya una orden escrita
A pesar de no encontrar armas ni drogas, los policías insistieron en que Andrés debía acompañarlos al Ministerio Público para presentar un examen toxicológico.
Esto implicaría ser detenido por al menos 36 horas, de acuerdo con los oficiales; su auto se iría al corralón, y su perro, con el que viajaba, sería resguardado en una perrera pública.
Para evitar “los inconvenientes”, como sugirieron los policías del Estado de México, le solicitaron 15 mil pesos y le dieron el número de cuenta 4027665302198628 de Banco Azteca, bajo el nombre de “Depósito Amigos”, en la cual podría depositar la cantidad solicitada por los agentes para quedar en libertad.
“Al llegar a la caseta México-Pachuca me di cuenta de que había varios policías estatales que se cambiaban de pluma en pluma pidiendo a los coches detenerse en el acotamiento una vez cruzaban el punto de cobro.
“En un principio no me preocupé porque pensé que nada más me iban a pedir mis documentos y listo, me dejarían ir, sin embargo, en cuanto me detuvieron, el oficial Cristian Ramírez llegó y de inmediato me amenazó. Ni siquiera me había pedido la licencia y ya me estaba diciendo que traería a los perros de la unidad K9 para revisar mis pertenencias y que yo me tendría que someter a un examen antidoping”, narra en entrevista Negrete.
De acuerdo con el profesor investigador del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, maestro Juan Manuel Torres Barajas, “los retenes policíacos no sólo son inservibles para combatir la delincuencia, sino violatorios a los derechos humanos más elementales e inconstitucionales porque violan los artículos 11, 16, 20 y 21, los cuales garantizan a todos los ciudadanos poder circular por el país sin ser molestados, a menos de que haya una orden escrita”.
“Las acciones de revisar a los ciudadanos o instalar los llamados retenes o puestos de seguridad o los de revisar a las personas por ‘sospechosos’, ya sea por sus rasgos físicos, forma de vestir, gustos en la decoración de sus automóviles y detenerlos como si fueran delincuentes a punta de pistola, violan las garantías individuales y denota la falta de capacidad de los cuerpos policíacos”, advierte el especialista.
Además, de acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la realización de estos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique.
“Para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad”, señala el máximo órgano jurisdiccional del país.
Ceder ante la impunidad en retenes
De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, en México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian, y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven
Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9 por ciento.
“De este tamaño es la impunidad en México. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3 por ciento de las personas dice confiar mucho en estas instituciones”, revela la ONG.
Para Andrés, que tiene un trabajo estable y un ingreso superior al del grueso de la población, le pareció más seguro pagar el dinero solicitado que involucrarse en un procedimiento en el cual no confía.
“La verdad es que irme al Ministerio Público es una experiencia que no deseaba. Sé cómo son las cosas. Una vez que entras quedas en manos de un grupo de personas que lo único que buscan es joderte, sacarte varo. Se iban a llevar mi coche, a mi perro, eso es de lo que más me preocupaba. También me temía que me fueran a poner algo en el coche y que me quisieran culpar por delitos que no cometí, entonces decidí pagar”
