La Auditoría Superior de la Federación reveló que el gobierno de Baja California desvió mil 432 millones de pesos destinados a programas sociales, educación y seguridad pública.
La información fue dada a conocer a través de diez auditorías practicadas a los recursos federales que la administración estatal liderada por Francisco “Kiko” Vega recibió en 2016. Además hay 204 millones de pesos que no fueron ejercidos.
La ASF detectó mil 432 millones 351 mil 698 pesos que fueron recibidos, no se gastaron para lo que estaban destinados y no comprobaron en que se utilizó.
Los desvíos se realizaron desde la Secretaría de Planeación y Finanzas encabezada por Antonio Valladolid y desde la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano del Estado cuando era dirigida por Manuel Guevara
Aunado al desvío, la ASF detectó que 204 millones 883 mil 839 pesos no fueron ejercidos para seguridad pública, asistencia social, proyectos de desarrollo como se tenía programado y fue gastado en sueldos de servidores públicos “no capacitados”, aumentos salariales y pagos “no conocidos”.
En Obra pública y saneamiento financiero fue donde más dinero desapareció mediante los programas Fortalecimiento Financiero, Fondos Metropolitanos, y Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal que debían de llevar a cabo 256 proyectos.
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Para estos fondos, el gobierno de Baja California recibió mil 443 millones 623 mil 600 pesos, de los cuales mil 20 millones estaban destinados para obra pública.
La ASF detectó que 760 millones de pesos fueron depositado a las cuentas de la administración estatal pero ni se invirtió en los proyectos ni fue localizado. Entre ese dinero se encuentran los 446 millones del Fortafin que según la Auditoría no fueron erogados ni vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago.
De ese mismo programa no se localizaron tampoco 233 millones pesos que debían de reintegrarse a la tesorería federal.
Además, de los 307 millones de pesos que recibió Baja California en 2016 para Seguridad Pública, la ASF detectó 69 millones de pesos de recursos no ejercidos por lo que concluyó que esto pudo derivar en el incremento de los índices delictivos durante ese año.
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La Auditoría detectó otros 131 millones de pesos no utilizados del Fondo de Aportaciones Múltiples, el cual se encarga de dar los recursos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Universidad Autónoma de Baja California y para infraestructura educativa del estado.
