Elementos probatorios oficiales revelan que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, reconoce que no ha cumplido con su función de combatir la contaminación en Nuevo León.

Activistas y diputados locales adjuntaron documentos de la dependencia para ampliar y extender el juicio político contra Manuel Vital. Éste fue interpuesto por el presidente del Comité Ecológico Pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga, desde mayo de 2020.

El documento, entregado ayer en la Oficialía de Partes del Congreso local, se sustenta en respuestas que la propia Secretaría de Desarrollo Sustentable envió a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (Cotai) por una solicitud del ciudadano José Muzquiz Zermeño.

En el informe enviado a la Cotai, Vital no contestó 70 por ciento de las peticiones y reconoció de manera expresa la inexistencia y el incumplimiento de diversas acciones para mejorar la calidad del aire. La ampliación y extensión establece un total de 20 omisiones, entre estas, la conformación de los grupos técnicos de proyectos, el seguimiento de programas y la identificación de áreas de oportunidad en el control de emisiones a la atmósfera en industrias federales.

70

por ciento de las peticiones no fueron respondidas por Vital

No se ha conformado el Comité de Organismos Encargados de la Regulación de Gasolineras, con la participación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex), autoridades ambientales municipales y estaciones de servicio federales.

“Y no se ha conformado el Grupo Técnico Responsable de las Medidas de Salud. No se ha conformado el Grupo Multidisciplinario para Proponer y Elaborar Proyectos en Materia de Impactos a la Salud por Exposición a la Mala Calidad del Aire.

“No se ha conformado el Comité de Educación, Capacitación y Comunicación Ambiental. No se ha conformado el Comité Técnico que sea responsable de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Nuevo León (ProAire)”, revela la extensión y ampliación del juicio político.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable también fue omisa en la elaboración y emisión del programa de reducción de emisiones a la atmósfera en fuentes fijas prioritarias y en el programa de verificación vehicular para el transporte público de pasajeros, entre otras más.

“Así como en el programa de transporte limpio, plan de seguimiento y evaluación a la reducción de emisiones a la atmósfera en fuentes fijas prioritarias”.

Pocas sanciones de Manuel Vital

Otro elemento probatorio que muestra el documento de extensión y ampliación del juicio político contra el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, son los pocos resultados en el ejercicio de atribuciones de inspección y vigilancia para combatir la contaminación.

La dependencia no ha emitido los informes anuales que presenten la evaluación de los indicadores de cumplimento para cada una de las medidas del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de Nuevo León (ProAire) de los años 2017, 2018 y 2019.

180

millones de pesos recibirá la Secretaría de Desarrollo Sustentable

En tres años, dice el documento, sólo se han sancionado a un total de nueve empresas con motivo de las visitas y actas de inspección, lo que exhibe una falta de voluntad para combatir la contaminación en la entidad.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldivar, quien acompañó a los ciudadanos para interponer la solicitud de extensión y ampliación del juicio político en el Congreso local, afirmó que sólo se han sancionado un promedio de tres empresas al año.

“Las 313 empresas que vigila la Secretaría, de las cuales solamente en promedio en los tres años ha sancionado tres al año, cuando son 187 mil empresas de Nuevo León y la amplia mayoría es obligación del Gobierno estatal vigilar las emisiones y esto a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable recibe en promedio en estos tres años 187 millones de pesos ¿Cómo se explica?”, dijo la legisladora.

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