Rafael Caro Quintero salió libre la madrugada del viernes pasado, y ayer el Canciller dijo que el Gobierno Federal tratará de revocar la orden de libertad sobre el célebre capo sinaloense.
Esto enfrenta el Poder Ejecutivo con el Judicial, desafiando a los Poderes de la Unión republicana como derivado de una decisión aparentemente unilateral. Y peligrosa.
Y mientras aquí se inicia una lucha entre los poderes supuestamente unidos, nadie sabe en dónde está el capo fundador del Cártel de Guadalajara, ni él tiene ninguna condición de presentarse.
Su orden de liberación fue total y mientras tanto el gobierno de Estados Unidos sigue tratando de capturarlo y lo coloca, aún, en la lista de los más buscados. ¿Debió el Poder Judicial alertar sobre la orden de liberación del capo a las autoridades americanas?
Los juristas podrían explicarlo pero el hecho, decisión del Poder Judicial, podría enfrentar al gobierno de Obama con el mexicano.
Ellos lo acusan de un asesinato que el gobierno mexicano juzgó incorrectamente por vías no adecuadas y 28 años después, con argucias jurídicas de hábiles –y caros– abogados, cumplió hasta de más una condena por otros cargos.
El asesinato de Enrique Camarena Salazar, representante de la Drug Enforcement Administration (DEA), sigue pendiente.
Y, ante la posibilidad de una amenaza a las relaciones internacionales de México, el canciller José Antonio Meade Kuribreña, dijo ayer que se buscará revocar la decisión del Poder Judicial sobre la liberación del capo.
En conferencia de prensa aclaró que tanto esa oficina federal, como el Poder Ejecutivo mexicano, no coinciden con la liberación del narcotraficante que llevaba 28 años interno.
“Nosotros no coincidimos con el criterio que adoptó el juez en el caso de Caro Quintero y que habríamos de buscar mediante las vías jurídicas que tiene a su disposición el Estado Mexicano para que esta decisión quede sin efecto”.
Los reclamos no se han hecho esperar pero el Poder Judicial, a través de los que procuran la justicia, no se han dado por aludidos.
Llegaron quejas de la DEA, del Departamento del Tesoro y del Estado de la Unión Americana, por lo que Meade Kuribreña tomó su papel de diplomático y expresó que “hay plena comunión de intereses con todos aquellos en Estados Unidos respecto a que debe respetarse el marco jurídico y en este caso particular, estimamos que el fallo no estuvo apegado a derecho y la PGR tendrá que hacer su trabajo para corregirlo”.
“México está firmemente comprometido con el estado de derecho y con el combate a la delincuencia organizada y desde esa perspectiva hay una coordinación plena, cercana y cotidiana entre la cancillería y la PGR y un trabajo estrecho de cooperación con agencias internacionales del resto del mundo”, dijo el Canciller.
La evidencia es que, la comunión y acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Judicial, no son muy evidentes.
Ahora faltaría esperar si acaso el Ejecutivo logra convencer al Judicial, y después –muy importante– veríamos si encuentran a Caro Quintero.
