La postura de Ricardo Anaya para oponerse férreamente al pase directo de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la República es una apuesta en la que se juega el todo por el todo.
Si alguno de los senadores del PAN decide apoyar al PRI y Cervantes llega a la Fiscalía, no solo la fractura interna será inminente –justo antes de iniciar el proceso electoral del 2018-, sino que el golpe daría directamente a Anaya y su aspiración presidencial.
Al apoyar al priista como nuevo fiscal, el PAN perdería puntos de confianza ciudadana y su discurso opositor perderá fuerza. A Anaya le urge deslindarse de esa posibilidad.
Javier Lozano, el senador panista que recién se reincorporó a sus actividades legislativas tras dejar un cargo en el gobierno de Puebla, ha dicho que un grupo de senadores de su bancada está listo para acompañar al PRI en el nombramiento de Cervantes y otros temas, lo que cimbró a Anaya.
El dirigente nacional está entre la espada y la pared. Si un grupo de senadores se rebela contra la disposición partidista y avalan a Cervantes en la Fiscalía, Anaya tendrá que aplicar mano dura para salvar no solo al PAN, sino a sí mismo.
Si consigue mantener a los legisladores en el redil y los hace no solo que no voten a favor de Cervantes, sino que tampoco se abstengan o se ausenten de la sesión donde el tema se discutirá, Anaya se consolidará como un líder fuerte, lo que le da más apoyos en su aspiración presidencial.
Por ello, lo que ocurra en los próximos días será determinante para el futuro de Acción Nacional y el proceso de selección de su candidato presidencial.
Apoyo infructuoso
La plenaria de los diputados federales del PAN se convirtió ayer en un acto de apoyo a Ricardo Anaya.
“Apoyo total al líder nacional”, corearon los legisladores con pancartas en mano.
La mayor parte de los diputados federales del PAN es cercana al grupo de Anaya. Incluso, quienes no lo son tanto, como Federico Döring, también sostuvieron carteles de apoyo.
“#MiApoyoTotal al presidente Ricardo Anaya #GPPAN”, se leía en hojas impresas.
“Que esto lo escuche con claridad el Gobierno federal: hemos refrendado como máxima prioridad del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el no permitir el pase automático del actual procurador para convertirse en fiscal general de la nación”, sentenció.
Aunque ese apoyo no servirá de mucho a Anaya, porque el asunto debe resolverse en el Senado; los diputados no estarán involucrados en la decisión pues ya lo votaron hace 3 años.
El pase automático del titular de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República fue establecido en la reforma político electoral que se aprobó en 2014.
En su artículo 16 transitorio, esta reforma constitucional establece que quien esté frente a la PGR pasará a la FGR una vez que el Congreso determine la entrada en vigor de la Fiscalía.
Para que la FGR entre en funciones, el Congreso debe aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República, misma que ya fue aprobada en noviembre del 2014 por la Cámara de Diputados, por la anterior Legislatura. Desde entonces, esta Ley está congelada en comisiones del Senado.
Al ser una ley secundaria, bastan la mitad de los votos más uno –de los presentes- para ser aprobada. Y como ya fue votada por diputados, solo se requiere que sea votada en el Senado para que se concrete.
Consolidar su posición
El reto que tiene Ricardo Anaya es mantener a los legisladores de su partido en una misma postura y, para lograrlo, no se descarta que se apliquen sanciones a quienes tomen un camino distinto.
Sin embargo, para evitar un rompimiento peor, Anaya ha sido prudente y dice que espera no sancionar a nadie.
“Confío en que no habrá necesidad de sancionar a ninguna senadora y a ningún senador, confío en que como lo platicamos en la reunión plenaria, ésta ya era la posición, sigue siendo la posición y será la posición definitiva del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado”, dijo Anaya, cuestionado sobre el tema.
Aunque Javier Lozano ha declarado que una docena de senadores son los que están contra la postura de Anaya de un franco enfrentamiento con el PRI, el dirigente nacional acusó que se trata de una estrategia que viene del propio Gobierno federal para desestabilizar a su partido.
El asunto de la Fiscalía General es uno de los últimos reductos que tiene Ricardo Anaya para consolidar su posición dentro del partido.
Aunque Anaya ha enfocado muchas de sus energías al juicio por la anulación de la elección en Coahuila, el endurecimiento de su postura coincidió con el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto recibiera a Miguel Riquelme, el priista gobernador electo de esa entidad –título otorgado por las autoridades electorales de ese estado-.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decide no anular la elección y valida el triunfo de Riquelme, Anaya perderá fuerza al interior del PAN.
Otra circunstancia adversa que enfrentará el líder panista es que, a partir del 8 de septiembre, no podrá aparecer en los spots institucionales de su partido, por los nuevos lineamientos del Instituto Nacional Electoral que regirán en el siguiente proceso electoral.