San Luis Potosí está dentro de las prioridades de la Segob para el destino de fondos que fortalezcan la seguridad
La administración municipal de San Luis Potosí, que encabeza el alcalde del PRD, Ricardo Gallardo Juárez, trabaja como Dios le da a entender.
“Carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)”.
Es decir, no tiene una adecuada fiscalización de los recursos que maneja, particularmente del gasto federalizado que se le entrega.
Lo anterior es señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016” entregado a la Cámara de Diputados, y donde la administración del municipio de San Luis Potosí resalta entre las primeras del estado por la cantidad de observaciones realizadas.
En sólo tres programas, dos financieros y uno de desempeño, revisados a la administración del perredista Gallardo Juárez, la ASF determinó la aplicación de 38 observaciones, de las que 14 derivaron en promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, al no cumplirse la norma establecida para la transparencia y el buen manejo de los recursos financieros entregados a esa administración por parte del Gobierno federal.
La ASF reconoce que la administración municipal de San Luis Potosí, señalada de ser “un dolor de cabeza para la dirigencia perredista y una pesadilla para sus críticos”, tampoco tiene “un programa que contenga objetivos, estrategia, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del gasto federalizado”.
Al menos durante el ejercicio presupuestal del 2016, la capital de San Luis Potosí no dispuso de un Programa Anual de Capacitación en materia de evaluación.
“Mediante el cual se impartiera a los servidores públicos de las diversas dependencias y entidades del municipio las metodologías y herramientas para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño”, explica la ASF en su informe anual.
A causa de lo anterior, sólo en los dos programas de recursos fiscalizados por la ASF, en lo concerniente al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y el de Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, la administración del municipio de San Luis Potosí registra malos manejos por un monto global de 7 millones 840 mil 400 pesos
En el programa del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, la ASF encontró pagos por el orden de 414 mil 100 pesos por obras no ejecutadas, y no acreditan pagos correspondientes en obras por un monto de un millón 720 mil 900 pesos, lo que obligó al órgano fiscalizador a solicitar la reintegración de esos montos a la Tesorería de la Federación.
Al revisar el programa Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, la ASF encontró un gasto de 5 millones 605 mil 400 pesos, sin inversión justificada ni documentación comprobatoria del gasto, por lo que también se obligó al alcalde a la devolución de esos fondos a la Tesorería, lo que apenas se hizo en mayo pasado.
Reporte Indigo publicó que además de señalamientos por amenazar a sus rivales políticos, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez enfrenta sospechas de desvío de recursos y opacidad.
Las fallas
Reporte de la Auditoría Superior de la Federación tras revisar la administración del alcalde Ricardo Gallardo Juárez en el Municipio de San Luis Potosí:
>> 38
Observaciones tan solo en la revisión de tres programas, dos financieros y uno de desempeño >> 14
Observaciones derivaron en promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
>> 7.8
Millones de pesos señalados como malos manejos en programas de infraestructura y seguridad
>> 65.2
Millones de pesos recibió el Ayuntamiento de un fondo para la función de seguridad pública
>> 72.4
Por ciento de la aplicación de esos fondos reportan serias deficiencias
>> 81.8
Por ciento de los ciudadanos del municipio se sienten más inseguros, de acuerdo al INEGI
Hay inseguridad por ineficiencia
En el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del 2017 se han registrado 180 homicidios dolosos, 38 de ellos han ocurrido en el municipio de San Luis Potosí, capital del estado.
A causa del repunte de la violencia es que el municipio de San Luis Potosí se ubica dentro de las “50 ciudades con atención prioritaria” de la Secretaría de Gobernación para el destino de fondos federales que fortalezcan la seguridad pública.
Pero aunque fluyen los fondos estos no han sido manejados en forma eficiente, detalla la ASF pues la administración municipal “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Eso generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por la falta de documentación comprobatoria del gasto por un importe de 5 millones 605 mil 400 pesos.
Dudas en obra pública
La administración de Ricardo Gallardo Juárez también resultó con deficiencias en el ejercicio presupuestal del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016.
Se le asignaron 24 millones 725 mil pesos y fue obligada a devolver 2 millones 135 mil pesos pues la inversión no pudo ser demostrada.
La Auditoría Superior de la Federación explicó en su informe que, al 31 de diciembre de 2016, el Municipio había ejercido solamente 16 millones 737 mil 300 pesos, monto que representó apenas el 67.7 por ciento de los recursos asignados, con lo que se esclareció que los recursos no ejercidos, aun cuando se contó con ellos, fueron por el orden de los 7 millones 987 mil 700 pesos.
Las observaciones realizadas a la administración del municipio de San Luis Potosí, en el manejo de los recursos de obras públicas subsidiadas por la federación, es resultado de que “el municipio carece de elementos normativos mínimos que regulen, orienten y conduzcan el proceso de implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, particularmente del gasto federalizado”.
