Ríos de impunidad

Tan solo en este mes, México ha enfrentado al menos tres emergencias ambientales.

El 6 de agosto, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico fueron derramados en el río Sonora por la mina Buenavista del Cobre. Poco más de 22 mil personas, de siete poblaciones aledañas al río, aun sufren las consecuencias.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso una multa de un millón 200 mil pesos a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México de acuerdo a la revista Forbes.

Esto, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que la empresa actuó en forma negligente y no vigiló las fugas de los residuos.

Una semana después, otra contingencia sucedió en una mina.

El 13 de agosto, en el municipio El Oro, Durango, la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro a un arroyo, afectando a seis municipios de la entidad.

La Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) detalló en un comunicado que debido a las lluvias la presa se sobresaturó y derramó parte de la solución tóxica hasta el arroyo La Cruz, que conecta con el río El Magistral, y a la fecha se han reportado ya muertes de animales que acudieron a beber agua a dichos cuerpos hídricos.

Proyecto Magistral tampoco cumplió con sus obligaciones ambientales, de acuerdo a las declaraciones de Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de la Profepa. Como castigo, la dependencia le exigió presentar un programa de remediación.

Pasaron apenas tres días cuando un desastre más se unió a la cuenta.

Un derrame de petróleo crudo fue detectado por Pemex el sábado 16 de agosto luego de que “ordeñaran” de manera clandestina un oleoducto de 24 pulgadas de diámetro.

La petrolera informó que una fuga de petróleo crudo se registró en el ejido La Fragua, a 15 kilómetros de la refinería de Cadereyta, contaminando el Río San Juan.

El alcalde del municipio, Emeterio Arizpe Téllez, aseguró que el derrame afectó 5 kilómetros del cauce del río y 18 kilómetros de una acequia perjudicando a más de 300 propietarios de huertas de naranja y ganaderos.

Óscar Gutiérrez Santana, director del Organismo Cuenca Río Bravo de la CNA, dijo a Milenio que basados en la Ley de Equilibrio Ambiental y la Ley de Aguas Nacionales no habría una sanción a Petróleos Mexicanos por ser un incidente no imputable a la paraestatal, al ser originado por una toma clandestina.

Tres empresas, miles de afectados, una multa.

Ya la organización no gubernamental Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental habían alertado que hay un problema de incumplimiento de las leyes en cuanto a prevención ambiental a nivel nacional.

Indicaron que se deben implementar las sanciones que compensen el verdadero daño ambiental y social por los desastres que ocurren en el país.

“México ya es el paraíso de la contaminación desde hace muchos años, porque en la legislación ambiental ha habido avances, pero existen muchos huecos, muchos desafíos que se tienen que enfrentar y uno de ellos es precisamente el tema de la prevención”, consideró Raúl Estrada, director de Comunicación de Medios Greenpeace México.

Leyes de agua

El 7 de julio de 2013 entró el vigor la Ley de la Responsabilidad Ambiental en México, la cual establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente.

La legislación, que busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales, hasta hoy no se ha aplicado.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, el caso de Grupo México y la mina Buenavista podría ser el primero en el que se aplique la ley a una empresa.

Se buscaría, dijo, imponerle una multa de 40 millones de pesos, independientemente de los costos por la reparación de daños ocasionados por la emergencia ambiental y otras denuncias.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que las leyes General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la de Aguas Nacionales facultan a la Federación para imponer multas por 3 millones y 2 millones de pesos, respectivamente, a la compañía.

Sin embargo, para Greenpeace México estas sanciones tampoco serían suficientes.

En entrevista para La Jornada, Sinaí Guevara, coordinadora de la Campaña de Tóxicos de la ONG, refirió que las multas ambientales son pagar por el derecho a contaminar.

“Los correctivos más allá del costo, se usan como una medida para hacer un borrón y cuenta nueva con las industrias”, advirtió.

El mensaje que el gobierno está dando es que México sigue siendo un paraíso para contaminar, dijo.

La laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando, pues en teoría se les exige un pago o la reparación del daño en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades.

“Por ejemplo, el derrame en el río Sonora no solo afecta a las comunidades aledañas al afluente sino también vulnera derechos de otras, como la tribu Yaqui que por años han luchado para evitar que se les restrinja el acceso al agua para actividades agrícolas, a cambio de que el líquido llegue a la zona urbana de Hermosillo a través del Acueducto Independencia, cuyo funcionamiento fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia”, indicó Greenpeace.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación.

Pide Código Único

Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), dijo al portal sinembargo.com que en México se debe revisar si las sanciones que están en la Ley de la Responsabilidad Ambiental son las adecuadas y estudiar la posibilidad de tener un Código Ambiental Único.

“Me parece que sería un momento de oportunidad -independientemente de que sí el código va o no va- para poder discutir, analizar, reflexionar sobre la Ley, particularmente lo que tiene que ver con los montos con que se sanciona, porque aunque te impongan una multa, de 50 mil días de salario mínimo que es la máxima que establece la norma ambiental, eso de ninguna manera regresa la vida y no remedia”, destacó.

‘Que se vaya de Sonora’

Sergio Tolano Lizárraga pide solo una cosa: que Grupo México salga de tierras sonorenses.

El dirigente de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, junto con cerca de 800 sindicalizados mantienen tomados los tres accesos a la mina Buenavista del Cobre en Cananea.

En entrevista para Reporte Indigo, Tolano Lizárraga aseguró que permanecerán en ese lugar hasta que sus demandas sean escuchadas.

“Buscamos que Germán Larrea con su Grupo México se vaya de nuestras comunidades en Sonora”, remarcó, “porque ha demostrado ser un empresario totalmente irresponsable con la vida, no solamente de los trabajadores, sino de todo el ecosistema.

Los reclamos de los mineros son respaldados por la Comisión Permanente en el Senado de la República, que exhortó al gobierno de Sonora y a diversas instancias federales a suspender actividades de la mina Cananea, hasta evaluar los daños generados en el río Sonora.

Luego del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico a los cauces del río, el líder sindical aseguró que no se puede seguir tolerando que Grupo México permanezca en la impunidad y sea intocable por las autoridades.

“Tenemos que exigir a las autoridades que cumplan con las normas que hay en el país de seguridad, por eso tenemos que hacer la exigencia y que salga Germán Larrea de Cananea y que traigan empresarios que respeten la vida”.

Tolano Lizárraga remarcó que, tal como lo hizo en Pasta de Conchos, el sindicato de mineros denunció con tiempo las anomalías en las que incurre la empresa.

“Hemos acudido ante las autoridades anteriormente denunciando todo estos delitos que se han cometido por parte de Grupo México; precisamente en esa área en 2008 nosotros presentamos una denuncia ante Profepa, en la que advertimos que Grupo México oculta anomalías y omite todas las recomendaciones”, agregó.

El dirigente de los mineros de Cananea recordó que en 2007 enfrentaron una huelga para exigir mejores salarios y denunciar las condiciones insalubres y la falta de atención de Grupo México en todas sus áreas.

Trabajadores de la mina de Cananea -ahora Buenavista del Cobre- acusaron además de las malas condiciones de trabajo, hasta cinco supuestos derrames de químicos por filtraciones en los muros de contención.

“Las minas son como trampas mortales para todos los trabajadores”, dijo. “En las minas del Grupo México da igual la muerte. Para nosotros, el nombre de Germán Lárrea es como si estuviéramos hablando de la propia muerte”.

A la sombra del poder

Grupo México siempre ha sabido salir bien librado de los problemas que enfrenta porque se atiene al poder que le ha dado el gobierno.

“Desafortunadamente el gobierno ha sido incompetente hasta este momento y no ha obligado a Grupo México a que no sea solamente una sanción o algo leve, si no que cumplan con las leyes porque no hay dinero que cubra la cantidad de daños que esta haciendo al ecosistema, y una muerte por más dinero que dé es irreparable”, indicó.

El líder sindical aseguró que Germán Larrea estuvo protegido por la administración tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón.

“Germán Larrea era parte del grupo Vamos México con Martha Sahagún, por eso es tan irracional, porque siempre ha encontrado alguien con poder que lo proteja de esas fechorías”.

De Pasta de Conchos a Cananea

El 19 de febrero del 2006, 65 trabajadores de la mina de Pasta de Conchos murieron a causa de una explosión que los dejó sepultados.

De acuerdo a los reportes, el día del siniestro la alerta fue activada dos horas después del derrumbe y cuando las autoridades llegaron, habían desaparecido bitácoras, reportes técnicos y planos, entre otros documentos.

En aquella ocasión, Grupo México prometió que rescataría los cuerpos de los trabajadores fallecidos, pero meses después anunció que el diagnóstico de un consultor – el cual jamás se localizó- advertía que en la mina había patógenos infecciosos que podían provocar una pandemia por lo que detendrían esa labor.

Sergio Tolano Lizárraga asegura que la empresa mintió aquella vez y que miente ahora en el caso del río Sonora.

Tras el derrame del ácido sulfúrico la empresa prometió que apoyaría a los afectados.

Sin embargo, los alcaldes de Aconchi, Pedro Armando Lugo López; de Arizpe, Vidal Vázquez Chacón, y Banamichi, Jesús Lauro Escalante, han denunciado que Grupo México no está llevando el agua a las poblaciones damnificadas, las cuales no pueden utilizar la del río o de los pozos.

Lugo López dijo a La Jornada que la minera ha dicho “muchas mentiras”, pues es falso que haya suficientes plantas potabilizadoras en la región, ni ha apoyado en la habilitación de pozos, como ha asegurado en sus comunicados.

Cananea.- Integrantes de la Sección 65 y del Sindicato Nacional Minero bloquearon ayer con lomas de tierra las vías del ferrocarril donde se trasladaba el cobre de la minera Buenavista hacia la frontera con el fin de exportarlo hacia Estados Unidos.

La compañía de Grupo México continúa operaciones a pesar de la presión de los mineros quienes mantienen bloqueados los accesos al complejo como medida de exigencia para que la empresa salga de Sonora.

Río Sonora
> El 6 de agosto, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico fueron derramados en el río Sonora por la mina Buenavista del Cobre. Poco más de 22 mil personas, de siete poblaciones aledañas al río, aun sufren las consecuencias. La Conagua impuso una multa de un millón 200 mil pesos a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México de acuerdo a la revista Forbes.

Río Magistral
> El 13 de agosto, en el municipio El Oro, Durango, la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro a un arroyo, afectando a seis municipios de la entidad. A la fecha se han reportado ya muertes de animales que acudieron a beber agua. Como sanción, la Profepa le exigió a la empresa que haga una caracterización del suelo para presentar un programa de remediación.

Río san juan
> El 16 de agosto, a 15 kilómetros de la refinería de Pemex de Cadereyta, Nuevo León un derrame provocó daños al río San Juan. Afectó 5 kilómetros del cauce del río y 18 kilómetros de una acequia perjudicando a más de 300 propietarios de huertas de naranja y ganaderos. Por ser un incidente no imputable a la paraestatal, no habría una sanción.