"No se puede pensar solo en darle vuelta a la hoja a ese macrofraude con la aprobación de la Reforma Laboral”
Pasividad, apatía, desinterés y maridaje de los sindicatos, empresarios, autoridades y clase política del país han propiciado que el outsourcing doloso crezca en México en perjuicio de los trabajadores.
Si bien esta figura de subcontratación ayuda a muchas empresas a proveerse de servicios adicionales complementarios, que no son su giro y les permiten ser más productivas, hay otro tipo de outsourcing, que resulta doloso y fraudulento.
Esta figura, presente en muchas de las relaciones laborales desde hace más de 10 años “tiene claros indicios de identificarse con maniobras silenciosas, dolosas y fraudulentas”, por parte de algunos empresarios, menciona Luis Pérez de Acha, experto en asuntos fiscales.
Este outsourcing, explica a Reporte Indigo, es el que no paga las contribuciones a cargo de los trabajadores y que son retenidas por las empresas como el ISR, el Impuesto Sobre Nómina, IMSS, Afore e Infonavit.
Sin previsión social
Lo grave, alerta, es el golpe que se da a los trabajadores en el corto y largo plazos porque laboran como tales pero no tienen ninguna prestación. Es una conducta “malévola” por parte de las empresas.
En pocas palabras “es un verdadero latrocinio porque muchas empresas quieren disfrazar o encubrir la relación laboral”.
Nadie puede quitar los derechos que tiene el trabajador por ley, solo que si sus puntos de cotización al Seguro Social son insuficientes, sus márgenes de previsión social también son menores.
Pero el caso más patético, dice Pérez de Acha, es cuando son trabajadores y no cotizan en ningún lugar.
Denuncia que muchos empresarios han diseñado, desde hace casi una década una maniobra con las firmas de outsourcing, pues reciben un beneficio económico por excluir a los trabajadores de su planta laboral.
“Hay un fenómeno de triangulación bien identificado con grave menoscabo a los derechos de los trabajadores”.
El empresario recibe los pagos económicos de forma directa o con mecanismos legales muy sofisticados para evitar la contingencia fiscal, describe Pérez de Acha.
Incluso, agrega, muchas de las empresas de outsourcing que proporcionan este tipo de servicios están identificadas, tienen sucursales en todo el territorio nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene conocimiento de las mismas.
Recuerda que se ha intentado ya el armado de algunos casos penales que no se han podido llevar a buen curso, porque no hay nadie en esas compañías que haya sido detenido por cuestiones fiscales.
“La Secretaría del Trabajo ha estado totalmente apática y desinteresada, como si no hubiera un derecho a proteger en el sector laboral”.
Llama mucho la atención, dice Pérez de Acha, que los sindicatos no hayan encabezado un movimiento consolidado, integral, de defensa de los trabajadores, como si no nada estuviera pasando.
En su opinión, pudiera haber explicaciones de tipo político de esta situación, pues se comenta que las principales empresas líderes del outsourcing perverso cuentan con el aval y promoción de destacados políticos de diferentes filiaciones partidistas.
“Se mencionan algunos dirigentes sindicales que pudieran estar involucrados en el esquema de outsourcing y ser beneficiarios de esta manipulación que ha venido descobijando a la clase trabajadora”, refiere el espacialista.
Juzga que el trabajador que lleva más de 10 años laborando en este tipo de firmas y sin ninguna prestación, con una relación disfrazada, puede hacer valer sus derechos a través de los tribunales para que le reconozcan la antigüedad perdida.
Pero el gran tema aquí es que estas compañías operan con un esquema fraudulento, aunque las regulen, y sin cumplimiento a sus obligaciones fiscales: “no se puede pensar solo en darle la vuelta a la hoja a este macrofraude”.
Si no se hace nada, sería como pensar que el estado democrático de derecho no está actuando a favor de las clases desprotegidas del país.
Es un hecho que estas empresas no pagan impuestos: “por menos que eso el SAT inicia expedientes que pudieran terminar en una querella”.
Pero hay una “indiferencia institucional ante un macrofraude, no pasa nada”.
Y es que, lamenta Luis Pérez de Acha, “no han hecho nada los sindicatos, líderes empresariales, clase política, ni las autoridades correspondientes, y lo que sorprende mucho es que los sindicatos se han mostrado realmente pasivos”.
Admite que el fenómeno sindical en México es viejo y está muy incrustado en las dinámicas políticas del país.
“El problema está en aquellos líderes sindicales que han entrado en el maridaje con las empresas de outsourcing para tomar beneficios económicos y mantenerse al margen de hacer las acusaciones.
Si al trabajador no lo defiende el grupo sindical, quién lo va a proteger, se cuestiona el especialista, pues cuando el trabajador quiere hacerlo de manera independiente se ve avasallado por el empresario.
