En México todos tienen una historia de robo.
Una de esas experiencias es la de Laura, una joven que regresaba con sus amigas de la escuela preparatoria hacia su casa cuando un par de sujetos subieron a asaltar el microbús.
Ella viajaba en el asiento de hasta atrás cuando, en un ataque de coraje, retó a uno de los asaltantes con la mirada cuando este golpeó a una señora que se tardó mucho tiempo en abrir su bolsa y sacar su cartera.
“¡No te me quedes viendo, perra! ¡O te va a llevar la chingada!”, le dijo el asaltante, mientras le ponía la pistola en la cabeza.
Una de sus amigas intervino y puso su mano entre la pistola y la cabeza de Laura, pidiéndole al asaltante que se calmara. Ese día les quitaron sus teléfonos, sus aretes y sus mochilas, donde traían hasta la ropa de deportes.
Las jóvenes decidieron no presentar ninguna denuncia. Los asaltantes se bajaron de la unidad y ellas siguieron su camino a casa.
“Denunciar no sirve de nada, ni para qué perder el tiempo, de todas formas ni los iban a agarrar”, afirmó Laura en entrevista.
Como ella, cientos de miles de personas tienen alguna historia relacionada con un robo, el delito que más se comete en México.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que entre enero y octubre del 2018 se cometieron 596 mil 46 robos en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esas cifras, sin embargo, quedan lejos de la realidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, del Inegi, revela que ocurrieron 9.5 millones de robos o asaltos.
A nivel nacional, el promedio es de 1 robo por cada 10 personas; sin embargo, en algunas zonas del país estos índices se disparan: en la Ciudad de México, el más alto, el número crece a 3 de cada 10.
Los constantes hurtos en zonas del país derivan en que ciudadanos y dueños de negocios destinen recursos para no ser víctimas de la delincuencia
La cifra negra de los delitos que no se denuncian es del 93 por ciento; es decir, más de 9 de cada 10 personas que sufren un hurto, deciden no ir ante la autoridad; y si lo hacen, muchas veces es porque en el ministerio público es requisito para el cobro de algún seguro u otra protección.
Consecuencias visibles
En su análisis “Robos en diferentes modalidades: daño en el patrimonio de los mexicanos”, el IBD sostiene que el hurto es la raíz de otros comportamientos antisociales que lastiman a las comunidades.
“Los robos generan diferentes consecuencias, tales como incremento de actividades violentas, linchamientos por parte de la población, violaciones a derechos humanos, ajusticiamientos, daños psicológicos, deterioro de la paz social, entre otros.
“El hurto es un crimen tan amplio y con tantas modalidades que las consecuencias son diversas y con ramificaciones específicas, con acciones como el robo de hidrocarburos, el de identidad o de datos, los cuales son ejemplos de la complejidad de las modalidades que han surgido recientemente”, expone el IBD.
Cifras del SESNSP señalan que de los 546 mil robos que se registraron en el país entre enero y octubre de 2018, 167 mil fueron de vehículos automotores, 75 mil a negocios, 65 mil a casa habitación, 48 mil a transeúntes, 15 mil de autopartes, 11 mil a personas que viajaban en un transporte público colectivo, 9 mil a transportistas, 4 mil fueron robo de ganado, 2 mil a transporte público individual; 329 a instituciones bancarias; y 184 mil de otras modalidades.
El Inegi, por su parte, reportó que en 68 por ciento de los casos, lo robado fue dinero, tarjetas de crédito o cheques; y en el 51 por ciento se trató de teléfonos celulares.
Aunque solo el 35 por ciento de los robos fueron cometidos con violencia, las consecuencias de los robos pegan a toda la sociedad.
Cifras de la American Chamber señalan que el 38 por ciento de las empresas invierten más del 5 por ciento de su presupuesto anual en actividades de seguridad; en el 2016 eran el 16 por ciento.
El gasto en medidas de seguridad es hecho no solo por las empresas, sino por los individuos también.
Rosario Velázquez vivía en el Estado de México, pero por un cambio en su familia tuvo que mudarse a otra entidad.
No podía llevarse sus pertenencias, por lo que decidió tomar precauciones para evitar que entraran los delincuentes a su casa, ahora que se quedaría sola.
“Rompí todos mis estados de cuenta y documentos que tuvieran datos míos o de mi familia; empaqué todas las fotos de mis hijos y las llevé a la casa de mi mamá, para que no pudieran tener imágenes nuestras y hacer mal uso de ellas.
“Y lo más extremo fue que decidí soldar el zaguán y todas las puertas y ventanas —dejé solo una de entrada— para que si los ladrones van, no puedan sacar los muebles grandes ni puedan meter una camioneta para cargarla de cosas. Ni modo, ya cuando vengamos, abriremos otra vez para poder entrar nosotros”, relató Rosario en entrevista.
El IBD hace énfasis en que el daño no es solo al patrimonio de las personas y las empresas, sino a las comunidades enteras.
“El robo no solo es una amenaza patrimonial para la ciudadanía y los gobiernos, sino que generan consecuencias que dañan el tejido social, como el impacto psicológico, heridas o asesinato de las víctimas, así como la violación de derechos humanos de los presuntos culpables, con actos como linchamientos o ajusticiamientos”
El robo es un delito del fuero común, por lo que es competencia de las autoridades locales combatirlo.
