El número de magistrados electorales también divide a los partidos políticos mayoritarios en Nuevo León
El PRI responsabilizó, incluso, al senador panista Raúl Gracia del fracaso de la negociación para aprobar la reforma política
El PRI y el PAN rompieron entre acusaciones mutuas por la negociación que llevaban a cabo para aterrizar en Nuevo León la reforma política electoral.
El martes, el Congreso del Estado cerró el periodo extraordinario que se había convocado para aprobar los cambios en la Constitución y en la Ley Estatal Electoral.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que encabeza el expanista y ahora independiente Luis David Ortiz, justificó la falta de un acuerdo a las diferentes interpretaciones que existen sobre la reforma electoral federal.
El día de hoy, un grupo de legisladores locales sostendrá una reunión en la Ciudad de México con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba.
Sin embargo, la realidad va más allá de una falta de acuerdos sobre la legislación federal y que provocó el fracaso en la negociación.
El PRI responsabilizó, incluso, al senador panista Raúl Gracia del fracaso de la negociación para aprobar la reforma política durante este periodo extraordinario.
Son varios temas los que tienen confrontados al PRI y al PAN sobre la reforma política en Nuevo León: los candidatos comunes, el porcentaje de votación para acceder a puestos de representación proporcional y el número de magistrados electorales.
Las candidaturas independientes son otro tema donde no existe consenso entre el PRI y el PAN.
El albiazul, como se establece en la reforma electoral federal, quiere que en Nuevo León exista la posibilidad de que los partidos políticos postulen candidatos comunes sin la necesidad de coaliciones o alianzas.
Este es uno de los puntos que no apoya el grupo parlamentario del PRI.
La reforma electoral en Nuevo León se aprobó en diciembre en el Congreso de la Unión, sin embargo, la mayoría de los cambios que plantea se promueven para que los congresos locales legislen sobre ellas.
Los cambios a la ley proyectan subir la votación para que los partidos políticos mantengan su registro de 1.5, a 3 por ciento, como lo establece la reforma federal aprobada por los legisladores en San Lázaro.
Con esa votación a los partidos pequeños les alcanzaría para una diputación por la vía plurinominal.
El PRI también busca –y en este punto tampoco hay acuerdo- que con un 4.5 por ciento de votación los partidos alcancen su segunda diputación plurinominal.
El PAN no apoya este reparto, esa cifra.
Y la aprobación de la reforma electoral en Nuevo León va contrarreloj.
Los cambios deben de aprobarse, publicarse y entrar en vigor, antes del 28 de junio para que apliquen en el proceso electoral del próximo año.
Lo que está en juego es la elección de 2015: sin reforma electoral en Nuevo León serán los tribunales electorales los que decidan la aplicación, o no, de los cambios constitucionales.
El número de magistrados electorales también divide a los partidos políticos mayoritarios en Nuevo León.
El PAN busca que el Tribunal Estatal Electoral esté conformado por cinco magistrados y no tres, como pretenden el PRI y el resto de los partidos políticos locales.
En las candidaturas independientes, incluidas en la reforma electoral, tampoco hay consensos.
Se sabe que el PRI está impulsando la aprobación de las independientes para facilitar la postulación del expanista Fernando Elizondo a la Gubernatura.
Pero el PAN sabe que una postulación de Elizondo para la Gubernatura le restaría votos a este partido político en la contienda.
