Romper las reglas

La determinación del presidente Enrique Peña Nieto de tomar las riendas del negocio de casinos a través de la Secretaría de Gobernación, es una fuerte apuesta de su gobierno.

Sobre todo, porque esta industria se ha multiplicado durante los 12 años de administraciones panistas, bajo una normativa ambigua, advierte Socorro Arzaluz Solano, investigadora del Colegio de la Frontera Norte.

Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón facilitaron la creación de 400 nuevas casas de apuestas y otorgaron concesiones a 12 compañías ligadas a Televisa, y a personajes vinculados con el crimen organizado, que entraron a competir con las 19 empresas concesionarias del negocio antes de la alternancia en el poder.

La intromisión no fue del agrado de la cúpula priista, sobre todo de la cercana a uno de los principales magnates de los casinos, Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana y dueño del Grupo Caliente, que fue, de hecho, el primer beneficiario de concesiones para estos negocios, antes de la llegada del PAN.

El tema ha enfrentado a los priistas como Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, quien propuso que el gobierno retire todos los permisos concedidos y expida otros nuevos de una manera más ordenada.

“Hay una gran corriente dentro del PRI que estaría deseosa que se replanteara el tema”, admitió tras los cambios al Reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos en octubre pasado.

Dichos cambios incluían, entre otros, la legalización de las máquinas tragamonedas y la atribución exclusiva de la Secretaría de Gobernación para expedir los permisos para este tipo de dispositivos.

La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, debido a que el decreto violaba el principio de división de poderes, dado que solo el Congreso puede legislar en esa materia, pero hasta su fallo, Gobernación podrá seguir concediendo permisos para las tragamonedas.

La última estocada

Este decreto fue la última ficha del entonces todavía presidente Felipe Calderón para favorecer a dos empresas con concesiones de casinos. 

A pocas horas de dejar el cargo, otorgó a través de la Segob, dos permisos para operar a casi 100 casinos a las empresas Producciones Móviles, SA de CV y Exciting Games.

Premió a la primera con 40 centros de apuestas remotas y 40 salas de sorteos durante 25 años. A la segunda, durante el mismo periodo, con siete de apuestas y siete de sorteos.

Lo alarmante es que los explotadores de estas empresas estarían ligados al crimen organizado y tienen órdenes de detención, como el representante de Producciones Móviles y socio del casino Royale, Lino Armando Vázquez Mata, y Alfredo Moreno Quijano, de Exciting Games, acusado de fraude.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una averiguación previa contra estas empresas por una denuncia presentada por Entretenimiento de México, SA de CV (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona.

Arturo Rojas Cardona se le relacionó con algunos funcionarios federales durante el sexenio de Vicente Fox.

Este empresario regiomontano financió la campaña de Gustavo Madero para la presidencia nacional del PAN, pero a finales de 2012 sufrió una embestida de sus aliados que le amenazaron con retirarle la concesión. Su venganza fue la denuncia en la PGR.

El abanico de los casinos

En México hay 31 concesionarios organizados en dos asociaciones y cuatro grupos potentes. Los casinos son negocios que se prestan a la corrupción por los vacíos legales de la Ley de Juegos y Sorteos y su reglamento, advierte la investigadora del Colegio de la Frontera Norte

La ley se promulgó en 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán. Tiene solo 17 artículos y en ninguna parte se plantea nada relacionado con los actuales casinos.

Curiosamente y entre las principales disposiciones, el artículo primero señala que: “Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y juegos con apuestas”.

En el reglamento de 2004 bajo la presidencia de Vicente Fox, más de 50 años después, tampoco.

De acuerdo con los datos de la Segob, hay 681 establecimientos con permiso, pero solo 349 están activos y más de 60 son ilegales.

El lucrativo negocio deja a las arcas del gobierno cerca de 3 mil 500 millones de pesos al año, emplean a más de 40 mil personas de forma directa y 120 mil más de manera indirecta.

Nuevo León, Baja California, Ciudad de México y Jalisco concentran el 50 por ciento de todos los establecimientos y Monterrey es la entidad con más casinos de todo el país.

México entre apuestas

Los casinos son negocios que se prestan a la corrupción por los vacíos legales de la Ley de Juegos y Sorteos y su reglamento, dice investigadora del Colegio de la Frontera Norte

— Aguascalientes: 2
— Baja California: 42
— Baja California Sur: 5
— Campeche: 6
— Chiapas: 3
— Chihuahua: 11
— Coahuila: 11
— Colima: 7
— Distrito Federal: 37
— Durango: 3
— Estado de México: 28
— Guanajuato: 14
— Guerrero: 6
— Hidalgo: 3
— Jalisco: 30
— Michoacán: 1
— Morelos: 5
— Nayarit: 1
— Nuevo León: 34
— Oaxaca: 0
— Puebla: 11
— Querétaro: 4
— Quintana Roo: 6
— San Luis Potosí: 3
— Sinaloa 17
— Sonora: 24
— Tabasco: 6
— Tamaulipas: 4
— Tlaxcala: 0
— Veracruz: 17
— Yucatán: 8
— Zacatecas: 0