Por lo pronto, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado resolvió el incidente de suspensión provisional para que el ciudadano no pague las multas
Un usuario demandó ante la justicia federal la legalidad y adjudicación del proyecto de parquímetros en San Pedro, aprobado durante la pasada administración municipal y heredado al alcalde Ugo Ruiz.
En esencia, el ciudadano reclamó en el amparo 711/2013 la validez del contrato de Asociación Público-Privada (APP) otorgado a la empresa San Pedro Meters S.A. de C.V., porque carece de la firma del exsíndico segundo Hiram Luis de León.
El representante legal del Municipio no incluyó su firma en el acuerdo firmado en septiembre de 2012, tan sólo un mes antes de que concluyera la gestión de Mauricio Fernández.
En su lugar, aparece la rúbrica de quien se desempeñó como síndico primero del Ayuntamiento, Ramiro Contreras, así como las del exalcalde, el exsecretario del Ayuntamiento Jesús Guzmán, y el extesorero Encarnación Ramones.
El quejoso impugnó los actos de los anteriores en su demanda de amparo.
También combatió en el recurso la adjudicación directa del contrato a San Pedro Meters, así como sus facultades de administrar los fondos de un fideicomiso para el proyecto.
El “fideicomiso de administración y pago” fue contemplado en el acuerdo votado en la sesión del 7 de septiembre de 2012 en el Cabildo sampetrino.
El quejoso considera que con esto las autoridades violentaron los derechos de igualdad y libre concurrencia, porque al no haberse licitado la obra, a la empresa se le “conservó en un privilegio otorgado discrecionalmente.
“Sin seguir el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, los lineamientos de licitación o concurso, pone de manifiesto una desventaja competitiva y desigual”.
Lo anterior propició “prácticas monopólicas” y “discriminación” contra el demandante, quien no estuvo en igualdad de circunstancias frente a una posible competencia para ganar el proyecto.
Además, reclamó a la empresa la adquisición, instalación, operación, administración y mantenimiento de los parquímetros, que actualmente operan sólo en el Centrito Valle y zonas aledañas.
La audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo se tiene programada para el próximo 11 de junio.
Por lo pronto, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado resolvió en el incidente, derivado del juicio, la suspensión provisional de multas expedidas contra el ciudadano.
Éste reclamó la orden y ejecución de dos multas que le fueron colocados en su automóvil los días 22 y 23 de febrero de 2013.
El juzgador determinó proteger al particular de las infracciones: “(Se concede) la suspensión provisional de los actos reclamados, únicamente para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos tendientes a realizar el cobro de las sanciones”, resolvió ayer en el incidente el juez Iván Millán Escalera.
El proyecto de parquímetros fue heredado de la administración de Fernández a la del Ruiz luego de años de negociaciones, protestas y fallas en el proceso de licitación.
En un inicio, la APP para instalar los aparatos fue asignada de manera directa a un consorcio encabezado por Iberparking, del empresario José de Jesús Ortuño.
Tras detectar fallas en el proceso, el Cabildo sampetrino revocó el 5 de julio de 2012 la licitación que originalmente era para operar los aparatos por 30 años y contemplaba la instalación de 3 mil 578 parquímetros y tres estacionamientos subterráneos.
Un día antes de la revocación fue creada San Pedro Meters por Leopoldo Cárdenas Siller y la sociedad Estacionamientos y Parquímetros Universales.
Más adelante fue reasignado el contrato a 15 años a esta sociedad, tan sólo dos meses después de haberse constituido.
Ortuño, señalado como un amigo cercano al exalcalde Fernández, no sólo fue el promotor del proyecto con Iberparking, sino que ahora también se desempeña como encargado de Relaciones Públicas de San Pedro Meters.
Sin embargo, el empresario ha negado tener una relación cercana con el exedil panista y de haber obtenido el contrato con base en negociaciones extraoficiales.
