En 2018, Samuel García, como diputado de Movimiento Ciudadano (MC), y su compañera de bancada, Mariela Saldívar, denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) al entonces gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.
Con la denuncia por las “broncofirmas”, Samuel logró posicionarse rumbo a las elecciones en Nuevo León
Saldívar y García señalaron un supuesto desvío de recursos en la recolección de firmas de “El Bronco” para la campaña presidencial de ese año, cuando ambos estaban ligados a la administración del ahora exmandatario estatal. La primera estuvo laborando como funcionaria del gobierno estatal hasta que Concha Landa dejó su cargo de diputada emecista para dejárselo a Mariela, quien así se convirtió en compañera de Samuel.
El segundo dice que su mentor es Fernando Elizondo Barragán, quien en 2015 fue candidato de MC a la gubernatura, pero declinó a favor de “El Bronco” en el cierre de la campaña electoral. Tras su triunfo en 2015, Rodríguez Calderón le creó a Barragán una oficina ejecutiva, aunque luego salió del gabinete.
La denuncia de Mariela y Samuel se convirtió en el principio de una persecución política contra “El Bronco”, pues se extendió por la vía administrativa, penal e, inclusive, los legisladores buscaron un juicio político.
“Tardamos cuatro años y cuatro meses, pero lo logramos”, declaró el pasado 15 de marzo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por la detención de su antecesor por supuestos delitos electorales.
“El Bronco” fue llevado por la FEDE, a cargo de Gilberto de Hoyos Koloffon, junto con agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), al penal de Apodaca por delitos electorales. El juez de control, Carlos Alberto Salas González, lo vinculó a proceso, decretó prisión preventiva y después turnó el caso ante un juez federal por los delitos electorales.
Al siguiente día, Samuel García anunció que acudió a la Fiscalía para darle seguimiento al caso de “El Bronco”. Posteriormente emprendió una estrategia a través de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) estatal, a cargo de Carlos Mendoza Cano, quien denunció a su antecesor para acreditar la obtención de recursos de procedencia ilícita.
Esto derivó en una serie de cateos en propiedades de “El Bronco”. La Fiscalía aseguró 2.1 millones de pesos, dos cajas fuertes con 4 mil 500 pesos, un rifle calibre 30 x 30 y un revólver magnum.
Samuel García, del Senado a instancias federales
En 2019, Samuel García, como senador de Nuevo León, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por los delitos de lavado de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades.
Samuel justificó esto con diversas irregularidades presuntamente cometidas por el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón rumbo a su campaña de 2018 por la Presidencia de México.
La denuncia se centró en supuestas pruebas relacionadas con cuatro sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que supuestamente vinculan a “El Bronco” con estos delitos.
“Estamos ya cerrando la pinza, porque estamos presentando pruebas de delitos que tienen que ver con dinero, lavado de dinero, peculado, cohecho e inclusive el uso ilícito de facultades y peculado. Está arrinconado”, dijo García ante medios en la Ciudad de México.
Un juez de control vinculó a proceso a Jaime Rodríguez, decretó prisión preventiva y después turnó el caso a nivel federal
En junio de 2020, el TEPJF respaldó las sanciones impuestas por la Sala Regional Especializada por las irregularidades en la recolección de firmas. La resolución fue por el recurso de revisión que interpuso como senador de MC para sancionar a “El Bronco” y su secretario de Gobierno, Manuel González.
García comenzó una campaña para presionar al Congreso local a que emitiera la destitución Rodríguez Calderón. Todo fue una simulación orquestada para posicionarse en sus aspiraciones para la elección de 2021, y el diputado de MC, Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción, creó las reglas procesales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio reversa a la sanción.
