San Pedro analiza cancelar concesión de parquímetros
El Ayuntamiento de San Pedro analiza la posibilidad de finalizar la concesión de los parquímetros e indemnizar a San Pedro Meters S.A. de C.V., la empresa que opera los aparatos.
La administración municipal, encabezada por el alcalde Ugo Ruiz, considera dar por concluido el contrato del proyecto público-privado y diseñar un plan para adquirir los estacionómetros a la polémica empresa proveedora.
El contrato estipula en sus cláusulas que San Pedro Meters tiene derecho a una indemnización en función del tiempo transcurrido, calculada en más de 185 millones de pesos.
Javier EstradaEl Ayuntamiento de San Pedro analiza la posibilidad de finalizar la concesión de los parquímetros e indemnizar a San Pedro Meters S.A. de C.V., la empresa que opera los aparatos.
La administración municipal, encabezada por el alcalde Ugo Ruiz, considera dar por concluido el contrato del proyecto público-privado y diseñar un plan para adquirir los estacionómetros a la polémica empresa proveedora.
El contrato estipula en sus cláusulas que San Pedro Meters tiene derecho a una indemnización en función del tiempo transcurrido, calculada en más de 185 millones de pesos.
Una vez rescindido el acuerdo, el Municipio tiene la intención de continuar con la administración y operación del servicio de parquímetros para percibir ingresos.
La Secretaría de Administración, a cargo de José Dávalos, explora la opción de vender terrenos municipales para cubrir esta compensación y así adquirir el patrimonio total del proyecto.
El 27 de septiembre de 2012 se firmó el contrato que garantiza esta millonaria indemnización en caso de una cancelación, e incluso, lo protege de amparos ante la justicia federal y resoluciones judiciales.
Los socios de San Pedro Meters compraron entre octubre y noviembre del año pasado 146 parquímetros por un monto superior a los 14 millones de pesos.
Los estacionómetros multiespacios de la marca Parkare, modelo “Ciudad 21”, fueron importados desde España por Grupo Viasa, relacionada directamente con la operadora.
El consorcio tiene su domicilio en el número 705 sur de la calle Liendo, en la colonia Obispado, en Monterrey, y es propiedad de Víctor Hugo y Víctor Manuel de Anda.
Éstos son dueños de Estacionamientos y Parquímetros Universales, sociedad que junto con Leopoldo Cárdenas posee el total de las acciones de San Pedro Meters.
La Asociación Público-Privada (APP) fue impulsada por el exsecretario de Promoción de Obras del Municipio, Alejandro Valadez.
El proyecto fue heredado del trienio del exalcalde Mauricio Fernández al de Ruiz, luego de intensas negociaciones, protestas y fallas en el proceso de licitación.
En un inicio, la APP fue asignada de manera directa a un grupo empresarial representado por José de Jesús Ortuño.
Este operador es el que, tras bambalinas, impulsó el proyecto. Primero en la empresa Iberparking y ahora se desempeña como el encargado de Relaciones Públicas de San Pedro Meters.
Ortuño es señalado como cercano a Fernández, sin embargo, el empresario ha negado tener una relación cercana con el exedil panista y también rechaza haber obtenido el contrato en negociaciones extraoficiales.
Tras detectar fallas en el proceso, el Cabildo revocó la licitación a Iberparking, que originalmente era a 30 años para instalar 3 mil 578 parquímetros y construir tres estacionamientos subterráneos.
Un día antes de esa revocación, el 4 de julio de 2012, fue constituida San Pedro Meters, a la que más tarde se le reasignó el proyecto.
La nueva sociedad firmó un nuevo contrato a 15 años para colocar 140 aparatos que se encargarían de controlar 2 mil 528 cajones de estacionamiento en el municipio.
El nuevo servicio ha provocado el descontento de algunos usuarios y que un ciudadano demandara ante la justicia federal la legalidad del proyecto.
El particular reclamó en un amparo la validez de la APP, ya que carece de la firma del exsíndico segundo Hiram Luis de León.
El quejoso considera que las autoridades violentaron los derechos de igualdad y libre concurrencia, porque al no haberse licitado la obra la empresa conservó “un privilegio otorgado discrecionalmente”.
El fondo de este amparo se resolverá en una audiencia constitucional programada para el próximo 11 de junio y podría tumbar el contrato.
