Miguel Ángel Sánchez Rivera, como director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Nuevo León, debe vigilar que esta institución brinde asistencia social a grupos vulnerables o en riesgo y a sus familias.
Sin embargo, ha demostrado no ser apto para estar en el cargo. Sobre todo si se trata de la responsabilidad de velar por la salud, derechos y cuidado de las niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del DIF.
La muerte de Ángel, un adolescente de 14 años, y la extracción de un bebé por parte de Mariana Rodríguez son algunos ejemplos de ello.
El currículum profesional de Sánchez Rivera no está en la página oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León. Tampoco se sabe si está especializado en temas de protección de infancias, sociales y familiares.
El reglamento interior de este organismo establece en su artículo 35 que el titular debe llevar el seguimiento de programas para la protección a los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental, es decir, los menores que están en los diferentes centros del DIF, así como vigilar la eficiente operación de éstos.
Sin embargo, documentos en poder de Reporte Índigo revelan que el funcionario es propietario de la empresa Meteora Online Group, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con duración indefinida.
El objeto principal de esta empresa es la ejecución de toda clase de actos de comercio, la comercialización de bienes sin transformación alguna, la compraventa al por mayor y por menor.
“Distribución, importación, exportación, consignación, almacenaje, arrendamiento, promoción, publicaciones de todo tipo de bienes sin transformación alguna y servicios a efectos del comercio”, dice el acta constitutiva de la comercializadora.
La empresa tiene la oportunidad de celebrar toda clase de convenios con entidades de gobierno municipales, estatales o federales. También puede realizar actividades de publicidad, propaganda, campañas, mercadotecnia, servicios de posicionamiento en buscadores de páginas web, relaciones públicas, promoción de ventas, investigación de mercados, diseño, producción, consultoría tanto para personas físicas o morales, privadas o públicas, de manera enunciativa más no limitativa.
“Creación y promoción de campañas publicitarias en cualquier medio como prensa, televisión, cine, anuncios, radio, redes sociales, páginas web y en general cualquier actividad publicitaria, así como la planificación, organización, producción, gestión, ejecución y diseño de todo tipo de eventos”, dice el objeto principal de la compañía.
La comisión de la verdad
La propuesta del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, para crear la Comisión Especial investigadora fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
Este organismo buscará esclarecer la muerte de Ángel en el centro Fabriles del DIF de Nuevo León y será encabezado por la diputada de Morena, Jessica Martínez. Se trata de garantizar el derecho a la información sobre este caso y solicitar una serie de documentos para esclarecer el fallecimiento del adolescente.
“Vamos a buscar los medios para tener una asesoría, incluso, vamos a comparar los protocolos de atención en caso de enfermedades de niñas, niños y adolescentes”, informó la legisladora el martes.
Por nueve días, Miguel Ángel Sánchez Rivera, director del DIF Nuevo León, ocultó la muerte y procedió a la cremación del cuerpo sin autopsia y con un certificado de defunción de un médico externo.
El artículo 348 de esta Ley General de Salud establece que, para realizar la cremación, en primera instancia debió tener la autorización del Registro Civil estatal, así como de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León o del Poder Judicial de Nuevo León.
Además, quien debió expedir el certificado de defunción del menor debió haber sido el último doctor que supervisaba el tratamiento clínico de Ángel, más no un médico externo.
Por su parte, el diputado de Morena, Waldo Fernández dijo que, ante la falta de información por esta muerte en el organismo, podría haber un delito de omisión.
“Puede haber una conducta de carácter criminal, y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el legislador en rueda de prensa el pasado 22 de febrero.
