La Comisión Anticorrupción descartó un juicio político al gobernador Jaime Rodríguez y al secretario de Gobierno Manuel González. El Congreso de Nuevo León determinará la sanción de manera directa por votación en el pleno.
El acuerdo se aprobó por mayoría de los integrantes de la Comisión, pero hubo dos abstenciones: de la diputada Claudia Tapia e Ivonne Bustos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), Mariela Saldívar, no participó en la votación por ser la promotora de la denuncia el 31 de enero de 2018, con el entonces diputado local Samuel García.
La comisión que preside el diputado Arturo Bonifacio de la Garza reanudó la sesión que había sido declarada en permanente el pasado miércoles 18 de septiembre para ratificar que las sanciones aplicables son apercibimiento, amonestación, multa, destitución e inhabilitación, según las reglas procesales para aplicarse a la sentencia SRE-PSC-153/2018 emitida por la Sala Regional Especializada el 21 de junio de 2018.
La sanción será de manera individual y de acuerdo a la gravedad de la irregularidad de cada uno de los funcionarios. No obstante, algunos legisladores advirtieron que existe riesgo de impugnación.
“La mayoría se perfiló para que fuera de esta manera, nosotros no vamos a ser un obstáculo, no quisiera pensar que es un pleito arreglado. Pero lo que yo creo que se debe aplicar es el juicio político, esta vía que está tomando el Congreso puede ser tumbada por otra instancia. No estoy diciendo que está fuera de la Ley, pero puede que no sea considerada por otras instancias jurisdiccionales y pueden decir que no es la vía correcta”, dijo el coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos.
Por su parte, la diputada de la bancada independiente Morena Cuarta Transformación, Claudia Tapia, alertó que estas reglas procesales abren la puerta para que el mandatario no tenga la sanción que espera la ciudadanía.
“Hay que recabar más pruebas para la destitución y se remitan al Tribunal Superior del Estado para que se lleve su ratificación. Y por último, dejar claro que en caso de continuar con las reglas procesales lo que seguiría es clasificar la sanción para una multa, amonestación o destitución. Al no hacerlo bien es probable que se considere excesiva la sanción, lo que traería por consecuencia un resultado que no espera la ciudadanía”, dijo la diputada.
Las diputadas Claudia Tapia e Ivonne Bustos se abstuvieron de votar y Mariela Saldívar no participó por ser la promotora de la sentencia
¿Juicio político paralelo a sanción?
Los diputados perfilan imponer una sanción por el desvío de recursos humanos para la recolección de broncofirmas bajo la guía de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
“A falta de disposición expresa de estas reglas y para la valoración de pruebas, se aplicarán las disposiciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o en su defecto, el Código Federal de Procedimientos Civiles”, dice el documento.
Sin embargo, la LGIPE no establece que el mandatario tenga que ser destituido o inhabilitado, y sólo contempla sanciones como apercibimiento, amonestación y multa, que están estipuladas en el ordenamiento judicial. Asimismo, no da plazos para la sanción, que por cierto excluye a los 572 funcionarios que participaron en la captación de apoyos.
Por ello, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que no se descarta el juicio político a pesar de que se aprobaron las reglas procesales.
“Si no hay avance en este procedimiento, entonces empezaremos a la par, también el juicio político. No tiene nada que ver el uno con el otro, hay que recodar que este es un acto juzgado por la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación. Tuvimos que establecer el procedimiento porque no lo teníamos, pero no se deja contemplar un juicio político por todas esas observaciones”, señaló el legislador panista.
En su cuenta oficial de Twitter, la diputada Claudia Tapia también apoyó esta posible sanción.
“Mi postura es la del juicio político. Sin embargo, dí mi voto de confianza a la comisión que preside Arturo Bonifacio de la Garza”, consignó.
El coordinador de la bancada de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que el juicio político contra el mandatario volvería a juzgar lo que un tribunal ya hizo.
“Lo único que se está haciendo es acatar las disposiciones del tribunal y como no hay precedentes en Nuevo León se aprobaron reglas especiales para que progrese. Se podría conceder que ambas vías se den de forma paralela, pero no es el caso, pues buscan se respeten los derechos constitucionales de los dos infractores involucrados”, señaló el legislador emecista.
Doce titulares involucrados
- Carlos Garza Ibarra Secretario de Finanzas y tesorero
- Luz Natalia Berrún Castañón Secretaria de Desarrollo Social
- Roberto Russildi Montellano Secretario de Desarrollo Sustentable
- Nora Elia Cantú Suárez Contralora general
- Gerardo Guajardo Cantú Coordinación ejecutiva de la administración pública estatal
- Enrique Torres Elizondo Secretario de Administración
- Jesús Torres Padilla Secretario de Infraestructura
- Manuel de la O Cavazos Secretario de Salud
- Luis Doria Gutiérrez Secretario particular del gobernador
- Aníbal Pacheco López Coordinador de la Representación del Gobierno del Estado en la CDMX
- Santiago Piccone Berlanga Director general del Instituto de la Defensoría Pública
- Manuel Vital Couturier Secretaría de Desarrollo Sustentable
