Santa Lucía, una decisión a ciegas

La decisión de habilitar como aeropuerto civil la Base Militar de Santa Lucía se tomó prácticamente a ciegas.

Sin un estudio de impacto ambiental, análisis geológicos o la conclusión definitiva sobre la seguridad aeronáutica de operar ahí una terminal que funcione al mismo tiempo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el gobierno electo ha decidido tras consultar a los ciudadanos, que Santa Lucía será uno de los tres lugares que conformarán el sistema aeroportuario del Valle de México.

Algunos anteproyectos para la remodelación de Santa Lucía se han hecho públicos; en ellos se han estudiado básicamente cuestiones de infraestructura aeroportuaria y de capacidad de operación, pero no de seguridad aeronáutica.

Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, es el encargado de desarrollar el plan de la transformación de Santa Lucía.

La modificación incluye no solo la construcción de dos pistas y el edificio terminal, sino la demolición de instalaciones, entre las que está una unidad habitacional en la que viven alrededor de 7 mil militares con sus familias, y cuya tercera etapa fue entregada por el presidente Enrique Peña Nieto apenas en febrero de este año.

El anteproyecto para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fue elaborado por Grupo Riobóo, que es propiedad de José María Riobóo, asesor del gobierno electo en materia de infraestructura y uno de los contratistas más importantes durante la Administración de López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005).

Sin embargo, el propio presidente electo ha negado que haya un conflicto de interés, pues aseguró que Riobóo no será contratista de la nueva obra, que ha sido ofrecida a los empresarios e inversionistas que tienen contratos hoy en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, que será cancelada.

Dos pistas, hotel y tren rápido

El anteproyecto de la obra de Santa Lucía fue desarrollado en agosto del 2018 por el Grupo Riobóo.

En dicho documento se propone la construcción de dos pistas y un edificio terminal que incluye tres naves con 11 posiciones cada una, para salidas y llegadas, lo que hace posible tener 33 aviones en posición. En una futura ampliación se plantea realizar una nave adicional con otras 33 posiciones para duplicar su capacidad.

Aunque no se menciona en el proyecto el trazo de una de las pistas pasa por donde actualmente se encuentran las unidades habitacionales militares, lo que implica que deban demolerse antes de iniciar los trabajos.

Se contempla también la construcción de una nueva torre de control, las pistas de rodaje, las vialidades internas, la barda perimetral, entre otros.

Se pretende edificar un hotel de 310 habitaciones, un estacionamiento de tres niveles para 3 mil 849 vehículos, espacio para comercios, restaurantes y bancos.

También se incluye una serie de vialidades para llegar al nuevo aeropuerto: construir un distribuidor vial que vaya de Chamapa, en el Estado de México, y conecte con el Circuito Exterior Mexiquense; y concluir el tramo faltante del Viaducto Bicentenario.

El proyecto contempla que este tramo del Viaducto Bicentenario sea concesionado, es decir, de paga; mientras que la construcción de un Circuito Exterior en Santa Lucía tendría un costo de 3 mil 113 millones de pesos.

Para crear un sistema de conexión del AICM a Santa Lucía se plantea la realización de un sistema de transporte que vaya en un segundo nivel sobre el Circuito Exterior Mexiquense.

En ese segundo nivel se plantea que podría adaptarse para la circulación de autobuses —con un costo de 16 mil 500 millones de pesos— o para un tren rápido —que costaría 43 mil 677 millones de pesos.

Solución a mediano plazo

La habilitación de un aeropuerto en Santa Lucía solucionaría el problema de la saturación del espacio aéreo en la Ciudad de México para un mediano plazo.

Un análisis, realizado por el Grupo Multidisciplinario de Investigación en Infraestructura y Transporte Aéreo, señala que la puesta en marcha de esa terminal puede solucionar el problema por 50 años.

En este estudio participaron expertos del Departamento de Aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina y del Grupo de Simulación de la Academia de Aviación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Holanda.

Los analistas plantearon cinco escenarios posibles de operación de ambos aeropuertos; cada uno de ellos tendría consecuencias diferentes.

En un primer escenario, las líneas aéreas de bajo costo tendrían que trasladar sus operaciones a Santa Lucía. En esa posibilidad, se tendrían que rediseñar las rutas aéreas con restricciones para volar de norte a sur dependiendo el caso.

En el segundo escenario se plantea que las aerolíneas de bajo costo se mantengan en el AICM y las demás se trasladen a Santa Lucía, lo que permitiría una operación simultánea de aterrizajes y despegues en ambos aeropuertos.

La tercera posibilidad es que la distribución se mantenga en función del tráfico aéreo, con vuelos combinados de líneas de bajo costo y no de bajo costo en ambos aeropuertos.

El siguiente escenario es promover un modelo de sistema de conexiones con otros aeropuertos, lo que aumentaría en 30 por ciento el volumen de vuelos en ambas terminales en el mediano plazo.

Finalmente, se plantea que si se aumentan los puntos de estacionamiento o de atraque de aviones y se construye otro edificio terminal en Santa Lucía, podría absorber un crecimiento del tráfico aéreo en 70 por ciento, que se ha pronosticado en cinco décadas.

En el documento, sin embargo, se analiza solo el tema de infraestructura aeroportuaria y no de factibilidad del espacio aéreo; los expertos recomiendan hacer este estudio antes de comenzar las obras, para decidir si se trata de un proyecto que garantice la seguridad de los usuarios y las operaciones.