Se agudiza la factura para el Conacyt

Con un año concluido bajo su nuevo esquema de gestión, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mantiene la mirada en uno de los objetivos más relevantes de este periodo: la construcción de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología, proyecto que se mantiene pendiente de discusión en el Congreso de la Unión.

No obstante la ruta hacia la consolidación de esta nueva enmienda, misma que dará respaldo jurídico a los trabajos en el campo de la investigación en nuestro país durante la Cuarta Transformación, se encamina hacia un choque ideológico entre dos corrientes.

Por un lado, la visión del llamado Nuevo Conacyt, encabezado por la directora María Elena Álvarez-Buylla; mientras que por el otro, diversos integrantes de la comunidad científica y académica de México, quienes se mantienen sumergidos en la incertidumbre por la falta de claridad, diálogo e integración en estos y otros proyectos.

Temas que han fracturado la relación del Consejo con los científicos que manifestaron posturas críticas, haciendo muy difícil la conciliación.

Este lunes, la denuncia por la presunta suspensión del pago de siete integrantes del programa Cátedras Conacyt, quienes habrían sido separados de sus diversos centros de investigación desde principios de octubre de 2019 volvió a llegar a los medios nacionales. Sumando así un conflicto más al historial de tensión y discrepancias que mantiene la nueva administración.

Constante hermetismo en el Conacyt

Una de las problemáticas más importantes que enfrenta el Nuevo Conacyt que representa la visión de la doctora Álvarez-Buylla, se trata de la falta de diálogo abierto e integración por parte de las autoridades del Consejo con los científicos que han hecho públicas sus inconformidades. Así como también el tono frontal y de ruptura que se ha pretendido mantener con las administraciones anteriores.

Sobre este tema de gestión, la doctora Alma Maldonado Maldonado, integrante del departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), explica cómo la dificultad para entablar un diálogo constructivo, distancia a la comunidad en un año tan crucial para el futuro de la ciencia en nuestro país.

“En algún momento hemos notado cierto hermetismo. Creo que también lo han notado lo propios periodistas que han intentado acercarse a la directora del Consejo y ven que no ha sido fácil. Entonces pues es un llamado para que el Consejo atienda no sólo a las voces que no coinciden del todo con la actual directora y la actual gestión, sino que pueda entender que parte de su trabajo es escuchar a un sector que es mucho más plural”, menciona.

Por su parte, Sebastían Garrido, catedrático Conacyt en el laboratorio nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), confirma que en un principio, la forma de abordar el nuevo camino del Consejo estuvo marcado por la falta de un diálogo asertivo.

Garrido, quien es integrante de la primera generación de jóvenes investigadores que entraron en el programa en 2015, comenta en entrevista para Reporte Índigo que pese a la polémica reactivada y acumulada que mantiene el Conacyt en cuanto a Cátedras, los proyectos y sistemas de operación no han tenido mucho cambio en este primer año de gestión.

“Yo no podría encontrar algo o alguna circunstancia en lo que haya cambiado (a un año de la nueva administración), más allá de que el personal en Conacyt dedicado a Cátedras se redujo notablemente. Pero los procedimientos de evaluación siguen siendo los mismos: una vez al año enviamos un informe; a su vez la institución manda un informe sobre nuestro desempeño y después cada tres años tenemos que realizar un informe más amplio evaluado por una comisión”, añade.

Hacia la nueva Ley

En cuanto a la construcción de la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología, Alma Maldonado, quien es también integrante de la organización Red ProCiencia, indica que existen algunas preocupaciones en torno a la generación del nuevo cuerpo legal. Una de ellas, que se pretenda mantener un esquema más centralizado en cuanto a la toma de decisiones en el campo científico de nuestro país.

“ProCiencia está muy preocupada por cuál va a ser el papel que va a tomar el Foro Consultivo. Lo que debe preservarse en la Ley, más allá de que cambie de nombre o no, realmente es que exista un espacio plural en donde distintos actores sociales, productivos y académicos puedan ponerse de acuerdo sobre las grandes líneas de la política pública”, señala.

En consideración de la investigadora del Cinvestav, la discusión que se encaminará hacia la comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión en este 2020, deberá de procurar un esquema de parlamento abierto para que, en el ánimo de la pluralidad de ideas, se pueda construir una ley en beneficio del país y no una en la que prevalezca únicamente una visión.

“La ley tiene que garantizar el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología, que es un enunciado que quedó establecido en el artículo 3 de la Constitución. No obstante, el nuevo ordenamiento debería plantear cómo, aunque no se dediquen a la ciencia, todos los mexicanos pueden gozar de lo que la ciencia produce.

“Hay que recordar que la ciencia no sólo se hace en la UNAM, la UAM o el Cinvestav (IPN). Tenemos muchos subsistemas, muchos tipos de instituciones de educación superior. Muchas empresas que hacen investigación. Instituciones privadas y estatales. Esta pluralidad es la que se debe reflejar en la nueva Ley”.

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