"García Luna manejó la PFP como una empresa privada. Metió a gente de su confianza que no tenía la capacidad, hizo negocio con las compras de equipo, helicópteros, patrullas, uniformes"
"Hablé con él (Ricardo González Rullán) por teléfono y me dijo que leyó todo lo que yo he dicho y que sin duda alguna es el mismo grupo que lo había secuestrado. En la misma forma lo obligaban a decirle ‘señor jefe’ y lo tuvieron en condiciones casi exactas a las que me tuvieron a mí"
Las denuncias contra Genaro García Luna se acumulan en el escritorio del procurador Jesús Murillo Karam. La respuesta ha sido concisa: estamos armando algo.
Mientras tanto el tiempo pasa y el polémico personaje, sobre el que pesan denuncias que van desde enriquecimiento inexplicable y violación a los derechos humanos de los detenidos, vive en Miami, Florida, en donde él y su pareja administran un restaurante.
Este caso tiene ahora particular interés después de que este lunes se reunieron en la Ciudad de México tres de los personajes que públicamente se enfrentaron a García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón.
En un foro sobre seguridad y justicia, organizado por el penalista José Antonio Ortega, también denunciante, estuvieron Eduardo García Valseca y el comandante Javier Herrera Valles, los tres personajes que denunciaron varios casos de corrupción e impunidad provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que presidía Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón.
García Valseca, residente en Estados Unidos después de su sonado secuestro el año 2007, unas horas antes interpuso una denuncia formal ante PGR por las omisiones y recortes en el expediente de investigación sobre la privación de libertad de que fue víctima y terminó 10 meses después con el pago de un rescate.
Javier Herrera Valles, preso por cuatro años luego de que denunció desde 2008 la negligencia, tráfico de influencias y nepotismo que abundaban en la secretaría al mando de García Luna.
Al término del encuentro, en donde se hicieron públicas las denuncias, se acercó a García Valseca una persona quien se identificó como asesora del procurador Murillo Karam.
Le dijo que traía un mensaje del procurador, con la promesa que de tomarían muy en cuenta su denuncia.
Tomó los datos del documento presentado, le reiteró que el nuevo gobierno estaba “muy preocupado por las víctimas” y le dejó sus datos de contacto.
La asesora enviada por el procurador es Mónica Castillejos de Aragón, doctora en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y exsecretaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Castillejos tiene experiencia en tribunales internacionales, experta en derecho comparado entre sistema de justicia de distintos países y becaria en cortes de California e India.
Quizá podría ser la carta con la que Murillo Karam prepara un expediente contra García Luna, que tendrá que pasar en algún momento por el derecho internacional, ya que la familia del exsecretario se ha asentado en Miami, donde instalaron el restaurante Oggi Caffe.
A las denuncias que Eduardo García Valseca y Javier Herrera Valles, que detallan en las entrevistas con Reporte Indigo aquí desplegadas, se suma una presentada en marzo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las irregularidades durante la detención de Florence Cassez, hoy libre en Francia por faltas al proceso de detención de la ciudadana francesa.
‘Que paguen por lo que hicieron’
En los últimos años del sexenio de Felipe Calderón, el empresario Eduardo García Valseca hizo varios señalamientos directos contra García Luna y el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, actual secretario de Seguridad Pública en Puebla.
Habían dejado en el olvido la investigación sobre su secuestro en 2007, que lo tuvo en reclusión por 10 meses y lo puso al borde de la muerte.
Sus entrevistas con medios mexicanos y de Estados Unidos, donde se fue a vivir después del plagio, no hicieron que las autoridades dieran con los culpables.
Pero si detonaron una vista de Rosas a EU, para exigirle que no hablara con la prensa.
García Valseca relató que cuando estaba secuestrado llegó la Policía Federal a su rancho para ver a su esposa, y le mostraron, exigiendo ventanas y puertas cerradas, una presentación de Power Point.
La información daba cuenta de supuestos indicios en poder de la SSP de que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) sería el coautor de su secuestro.
Mostraban también conexiones con el grupo guerrillero de las FARC de Colombia, la organización terrorista ETA de España, además de Andrés Manuel López Obrador y personajes ligados con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que “habían infiltrado la política mexicana”.
“Esa misma información lo negaron después, dijeron que jamás habían enseñado un Power Point”, relata el empresario.
Secuestros en San Miguel
García Valseca fue secuestrado por un comando armado el 13 de junio de 2007 en San Miguel de Allende, Guanajuato, junto con su esposa Jayne Rager. Los golpearon y a ella la dejaron en libertad para negociar el rescate.
El heredero del fundador de la cadena periodística García Valseca fue liberado el 24 de enero de 2008 tras el pago de un cuantioso rescate cuya cifra la familia mantiene en secreto. Nadie fue arrestado. Él y su esposa Jayne se fueron del país. Ella murió de cáncer años después.
Los secuestros continuaron. Primero fue el del panista Diego Fernández de Ceballos en su rancho del estado de Quéretaro, muy cerca de San Miguel Allende.
El político panista, capturado siete meses, en 2010, nunca aceptó las similitudes con el caso García Valseca y no indagó, públicamente, sobre sus plagiarios.
Posteriormente, el año pasado secuestraron también en San Miguel de Allende, en las mismas condiciones que a García Valseca y Fernández de Ceballos, a dos empresarios más.
El primero fue Ricardo González Rullán, propietario de la institución de banca múltiple Interbanco, quien perdió todo su capital y ahora trabaja como empleado en el mismo sitio que antes era suyo.
“Hablé con él por teléfono y me dijo que leyó todo lo que yo he dicho y que sin duda alguna es el mismo grupo que lo había secuestrado. En la misma forma lo obligaban a decirle señor jefe y lo tuvieron en condiciones casi exactas a las que me tuvieron a mí”, relató García Valseca en entrevista con Reporte Indigo durante su breve visita a México.
Hace 10 meses secuestraron en la misma ciudad a Carlos Xavier Araiza Torres, dueño de la cadena de restaurantes El Pollo Feliz. No se conoce si aún se encuentra secuestrado o se ha ocultado tras su liberación.
Después de García Luna, la denuncia
A raíz de estos hechos y con el cambio de gobierno federal, este lunes 22 García Valseca presentó una denuncia ante la PGR, integrada a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/177/2007.
Precisaron que Benito Roa Lara, miembro de la Policía Federal, había dicho en 2007 a la esposa de García Valseca, Jayne Marie Rager:
“Normalmente este grupo secuestra a gente extranjera. Siempre secuestran a personas de otros países, o hijos de extranjeros o gente que tiene algo que ver con el extranjero. De hecho, Eduardo será solo la segunda víctima mexicana”.
A pesar de estas informaciones tan específicas, después de más de cinco años la SSP no ha presentado ningún indicio de persecución a sus secuestradores.
En la denuncia ahora ampliada ante PGR, García Valseca busca que se investigue a estos mandos de la SSP para indagar por qué rasuraron su expediente y cometieron omisiones que llevaron a no investigar su secuestro.
Se lee en la denuncia: “Solicito que se investigue a la Policía Federal, especialmente a Benito Roa Lara, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito y Genaro García Luna, para ver si realmente hay indicios de que quien me secuestró fue un grupo armado clandestino o fue un ‘montaje’ para crear miedo en mi esposa y posteriormente en mi persona y dejar el asunto por la paz, abandonar mi país y quedara este –el secuestro– en la impunidad; o si fueron secuestradores que estaban protegidos por la Policía Federal, a sabiendas que el Gobierno Federal no los ha investigado y menos detenido”.
El empresario dijo a Reporte Indigo que ha considerado pedir ante el Congreso de Estados Unidos que llamen a García Luna a declarar en ese país, de donde García Valseca es ciudadano, en caso de que el exsecretario ya tenga el estado de Florida como su actual residencia.
García Valseca dice que después del mensaje de la enviada de Murillo Karam, Mónica Castillejos, siente que “el Procurador de la nueva administración tiene mucho interés en tener contacto con nosotros, que hemos sufrido, víctimas del secuestro y de la situación que prevalece en el país”.
Todavía incrédulo sobre la intención de este gobierno, considera:
“Eso ya es una intención positiva para ver cómo se le puede dar una continuidad a estas investigaciones. Eso demuestra que hasta este momento al menos hay una intención, ya veremos después qué pasa”.
Denuncia lleva a la cárcel a Herrera Valles
Cuatro años antes de esta denuncia, en marzo de 2008, el comisario Javier Herrera Valles envió una carta al expresidente Felipe Calderón, denunciando irregularidades en la SSP.
En ese momento era coordinador de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública, y había sido comisario de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Las denuncias recalcaban el desorden en los operativos en contra de la delincuencia organizada.
“García Luna manejó la PFP como una empresa privada. Metió a gente de su confianza que no tenía la capacidad, hizo negocio con las compras de equipo, helicópteros, patrullas, uniformes.
“Yo todo eso también lo denuncié; donde no había esas licitaciones que pide la ley, sino adjudicaciones directas totalmente fuera de la ley”, rememora Herrera Valles.
En ese momento, varios elementos que provenían de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que habían sido investigados en esa corporación por estar involucrados en el asesinato de un comandante, pretendían entrar a la PF.
No habían pasado los exámenes de confianza, pero en algunos mandos “cercanos a García Luna”, había interés en que entraran a la corporación.
Pidieron que Herrera Valles firmara unas cartas responsivas haciéndose cargo de su ingreso. Él se negó, y en febrero de 2008 envió una carta a Calderón, con copia a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública, denunciando las irregularidades. Nadie le respondió.
En agosto mandó otra carta con 31 anexos que daban cuenta de todo lo que le constaba. Un mes después fue detenido, mientras se dirigía a una entrevista en las instalaciones de Televisa.
Fue acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, por supuestos nexos con los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Lo detuvieron por imputaciones de José Salvador Puga Quintanilla, quien actuaba como testigo protegido con el apodo de “El Pitufo”, condición en que aún permanece actualmente.
“El Pitufo” declaró que el comisario y su hermano, Arturo Herrera Valles, habían recibido dinero por parte del crimen organizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
“Mi hermano estuvo preso por tres años”, recuerda, “su esposa falleció de cáncer dos días antes de que saliera absuelto”.
Con base en esos testimonios, el excomisario fue arraigado y le dieron un auto de formal prisión por cargos que incluían una segunda declaración del testigo protegido, con más imputaciones.
Durante su detención lo golpean y relata que con las advertencias entendió que, “eso fue por no haber entendido que no me debo meter con el ingeniero Genaro García Luna y que me van a matar por esa situación”.
Las irregularidades en su detención dieron lugar a la recomendación de la CNDH 30/2011. El organismo puso una denuncia ante la PGR contra los policías aprehensores y advirtió a García Luna que debía instruir la eliminación de los abusos a los derechos humanos cometidos por su personal.
En diciembre de 2011, “fui sentenciado a 10 años de prisión por una jueza (Laura Serrano Aldrete, actual magistrada en Tepic, Nayarit) que únicamente transcribió el auto de formal prisión, lo convierte en sentencia, cambiando únicamente los términos de presunción de responsabilidad penal a plena responsabilidad penal”.
Nueve meses después, aunque lo normal para este caso es una resolución en tres meses, Herrera Valles ganó la apelación. Salió libre en septiembre del año pasado.
Otra denuncia
El 29 de noviembre, cuando García Luna fue llamado a comparecer ante el Senado por varias recomendaciones de la CNDH que su secretaría no había atendido, el expolicía Javier Herrera Valles se le enfrentó. Fue sacado de la sala por elementos de la PF.
Unos días más tarde ratificó en la PGR la denuncia presentada por la CNDH por las irregularidades durante su detención.
Dice que “en la ratificación (…) amplío mi denuncia en contra inclusive de Genaro García Luna, que fue el que ordenó el trato en donde me lesionaron”.
También envió un oficio a Jesús Murillo Karam solicitando que se le informe cuál es el estado de la denuncia que mandó al anterior procurador en 2008.
“Quiero saber cuál es el estado que guarda, si se hizo alguna investigación o si hay algún manejo legal por esa denuncia”, abunda el excomisario.
No ha tenido respuesta de PGR sobre las indagatorias que pidió acerca de por qué entraron a la SSP elementos que no cumplían con el perfil o habían reprobado los controles de confianza.
Tampoco ha sabido si ya esa dependencia ha investigado sus denuncias acerca de la plaza que tuvo la hermana de García Luna en la SSP, ni sobre el incremento en las percepciones económicas del exsecretario.
Hasta ahora, lo que sabe es que en lugar de investigar estas denuncias, la PGR le abrió al denunciante, a petición de la SSP, una averiguación previa por “ejercicio indebido del servicio público y revelación de secretos”.
Los “secretos revelados” fueron los documentos con los que sustentó su petición de investigar al círculo cercano de García Luna.
Insta: “Es necesario que se haga justicia. Ya está saliendo a relucir lo que en su tiempo yo señalé de lo que estaba haciendo Genaro García Luna.
“Hubo señalamientos muy fuertes de lo que estaba haciendo y siempre desestimaron las declaraciones vertidas en su contra y dieron por válidas las declaraciones de gente inocente que tuvimos el infortunio de haber hecho señalamientos”.
