La tarde de este lunes se dio a conocer en rueda de prensa que fueron encontradas muestras biológicas de dos de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV).
La Fiscalía General del Estado declaró que estos fueron ultimados por miembros de la delincuencia organizada rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De igual forma la Fiscalía de Jalisco informó que ya se capturó a uno de los principales responsables de la desaparición y asesinato de los estudiantes.
El sujeto fue identificado como un rapero llamado Omar “N” alías “QBA”, quien de acuerdo con las autoridades confesó haber colaborado en el atroz hecho y de haber disuelto los cadáveres en ácido clorhídrico.
En la declaración del presunto delincuente también se identificó a otro de los colaboradores después de que éste asegurará que también formó parte del crimen y quien dijo se llama Gerardo “N”.
De acuerdo con Lizette Torres, jefa de esta investigación, se encontraron restos biológicos de Daniel Díaz y Marco Ávalos en el domicilio ubicado en la calle Amapola 450, tercer lugar en el que estuvieron los jóvenes antes de ser asesinados por miembros del cártel Nueva Plaza, supuesta organización antagónica al CJNG.
Ninguno de los tres estudiantes tiene conexiones directas o participación con miembros del crimen organizado, como aclaró la Fiscalía. Sin embargo se determinó su muerte a partir de las muestras coincidentes entre los familiares y manchas de sangre que se encontraron en una de las fincas en las que se lleva a cabo la investigación.
En la finca de amapola se encontraron 46 bidones de ácido sulfúrico y tres tinacos con la sustancia, además de haber llevado a cabo pruebas en tuberías con apoyo del Sistema Intermunicipal de Alcantarillado y Agua Potable.
Aunque se reconoce que seguirán las investigaciones y que ya hay ocho ordenes de aprehensión, faltan de verificar más pruebas que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, debido a que aún no se identifica ningún residuo biológico que corresponda con el ADN de Salomón Aceves Gastélum.
La propia jefa de la investigación aceptó que las muestras sólo han llevado a la inferencia de lo declarado la tarde del lunes, lo cual ha abierto las declaraciones a suspicacias y desconfianza sobre la información ofrecida.
En entrevista con Reporte Indigo, el director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), César Pérez Verónica, expresó que las declaraciones corresponden más con la presión que el gobierno del estado ha impuesto al fiscal y su posible remoción ante la falta de avances, como lo expresó el cuatro de abril el gobernador.
“Consideramos que esta rueda de prensa para dar a conocer los avances de esta investigación, obedece a la presión a la que está siendo sometido el fiscal general. Pues de la información que manifestó hoy, en relación a estos hechos, no deja mucha certeza de que se trate de los tres jóvenes a partir de las muestra biológicas encontradas, y responde más a dar un tipo de información”, expresó César Pérez Verónica.
Por otro lado, la información que se dio a conocer por parte de la autoridad ha abierto suspicacias en la sociedad. La población atenta a este caso se rehúsa a reconocer la veracidad de la información, incluso han llevado a cabo una concentración afuera de Casa Jalisco para exigir aclaraciones al gobernador Aristóteles Sandoval, por lo que César Pérez explicó que se debe verificar toda la información derivada de la investigación que lleva a cabo la fiscalía.
“No se señaló claramente cuáles eran las pruebas biológicas para determinar que efectivamente se trataba de los tres estudiantes. Entonces sí es importante, sobre todo por respeto a las familias, que se tenga la certeza de que las muestras biológicas y las demás pruebas que hayan tomado en los lugares donde se señala que fueron encontrados los restos deban ser verificadas para tener certeza de que se trata de los tres jóvenes”, sentenció el defensor de derechos humanos.
En este sentido también se posicionó el colectivo de familias de desaparecidos Por Amor a Ellxs, quienes se negaron a dar su opinión a este medio, pero que expresaron que las familias merecen respeto y lo único que se puede hacer es sugerir que se lleven a cabo peritajes independientes.
Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en 2013 hasta finales de 2017 no se ha emitido ninguna sentencia por este delito
El director ejecutivo de CEPAD también explicó que las pruebas que se han realizado, debido a la declaración de la jefa de investigación con respecto a la existencia de ADN de otras personas que pudieron haber sido disueltas en las mismas condiciones, se abran para determinar si el mismo caso permite encontrar a otras personas declaradas como desaparecidas.
Personal del IJCF explicó en la misma rueda de prensa que se han recabado cerca de 100 indicios de los que se han realizado valoraciones para la investigación particular y 67 indicios de los cuales se han podido obtener alrededor de 20 perfiles genéticos diferentes, entre los que se incluyen a dos que coinciden con los estudiantes Daniel Díaz y Marco Ávalos.
La determinación de más personas en las muestras biológicas que dijo la fiscalía haber obtenido es crucial, a decir de Pérez Verónica, pues habla de que la investigación puede ser confiable ante la posibilidad de que las familias acepten ver si en esos restos pudiera existir la posibilidad de que hayan otros desaparecidos.
Sin embargo el informe 2017 del CEPAD, presentado hace unos días, destaca que la impunidad ha sido un factor importante en las investigaciones de los casos de desaparición, pues hasta la fecha no se ha consignado a nadie bajo este delito.
“Desde la tipificación del delito de desaparición forzada en 2013 hasta finales de 2017 no sólo no se ha emitido alguna sentencia por este delito, sino que ni siquiera se ha comenzado alguna averiguación previa o carpeta de investigación relacionada con esta grave violación a los derechos humanos”, se lee en el informe.
Además, en los últimos diez años en Jalisco cada día desaparecen seis personas. El problema ha tomado dimensiones amplias y la respuesta institucional no ha sido igual para todos los casos. Este ambiente ha provocado una ola de manifestaciones y la concentración de personas afuera de Casa Jalisco luego de las declaraciones de la Fiscalía.
Zonas de alto riesgo
Durante el año 2016 el INEGI registró 8 mil 858 homicidios en contra de jóvenes. De todas las entidades del país, las que mayor porcentaje de asesinatos contabilizó relacionados a este sector poblacional fue Zacatecas, donde el 45 por ciento de los asesinatos ocurridos en ese periodo correspondieron a personas que tenían entre 15 y 29 años.
La segunda entidad con mayor porcentaje de homicidios contra la juventud fue San Luis Potosí, con 44 por ciento. Le siguen Aguascalientes y Nuevo León con un 41 y 40 por ciento de asesinatos contra jóvenes del total de homicidios cometidos en cada entidad respectivamente.
La vulnerabilidad de los jóvenes ante el problema de la delincuencia no es la misma en todas las zonas del país, afirma David Ramírez.
“El nivel de vulnerabilidad en jóvenes depende directamente de en dónde radiquen. No podemos hablar de un mismo grado de vulnerabilidad de un joven que vive en Coyoacán en la Ciudad de México a uno de Ecatepec, en el Estado de México, por ejemplo. Es un conjunto de factores tanto socioeconómicos pero también institucionales que hacen posible que la delincuencia en su contra suceda”, agrega.
Independientemente de la zona del país en la que se encuentren los jóvenes, existen delitos que son más fáciles de cometer en contra de ellos, asegura Francisco Rivas.
“Los jóvenes son muy vulnerables ante la delincuencia y el ejemplo más claro es que las personas que desaparecen y que después son víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral en mayor medida forman parte de este sector”, añade el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
Tamaulipas es la entidad donde más desapariciones se han registrado según el RNPED, hasta febrero de 2018 hubieron 2 mil 067 casos denunciados. El Estado de México ocupa el segundo lugar con mil 569 personas desaparecidas; Jalisco y Sinaloa les siguen con mil 249 y mil 192 casos respectivamente.
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