Lo llevaron en una suburban gris con los logotipos y calcomanías de la Policía Federal Ministerial. Decenas de medios lo esperaban
El exgobernador de Tabasco fue dado de alta en el Hospital Ángeles del Pedregal y de inmediato fue trasladado a las instalaciones de la PGR en la Calzada Camarones, en la delegación Azcapotzalco.
Lo llevaron en una suburban gris con los logotipos y calcomanías de la Policía Federal Ministerial. Decenas de medios de comunicación lo esperaban.
De ahí fue llevado al Reclusorio Oriente. Es el primer exmandatario estatal que cae en el sexenio priista de Enrique Peña Nieto.
Su abogado Eduardo Luengo dijo que fue trasladado sin la asistencia de un doctor lo cual era violatorio de sus derechos humanos. Argumentó que tiene una enfermedad coronaria y requiere de la supervisión constante de un doctor.
“Aberrantemente no va ningún médico acompañándolo en el traslado a Camarones, me dicen que allá lo van a revisar, la realidad es que una gente que sale de la unidad coronaria debe estar acompañada de un médico, máxime cuando en estos días quiso entrar un médico de la PGR para que lo revisara”.
Sin embargo, con todo y la queja, la orden de aprehensión girada por un juez de Tabasco el martes fue cumplida.
Desfalco organizado
A Granier se le acusa de lavado de dinero y defraudación fiscal.
Al tomar protesta el nuevo gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, postulado por el PRD, denunció el desfalco que había en la administración del estado. Dijo que en los últimos días de su gestión, en el pasado mes de diciembre, Andrés Granier había desaparecido mil 900 millones de pesos de las participaciones federales que recibió la entidad.
Este presupuesto iría al sector educación, salud y seguridad. Pero todo indica que no llegó.
El modus operandi según lo denunció el propio Arturo Núñez era en pequeñas operaciones bancarias. El Gobierno entregaba diariamente los recursos federales. El Subsecretario de Ingresos, Miguel Ángel Contreras, emitía todos los órdenes de pago que llegaban a los dos millones de pesos.
El retiro de recursos federales se hacía cada siete días y se llevaba a una bóveda de seguridad que tenía la Secretaría de Finanzas del Estado, y a esta solo tenía acceso el tesorero, José Saíz Contreras, hoy también preso en un penal de Tabasco.
