Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción en el número de homicidios, aunque se trata de un porcentaje mínimo, lo más significativo es que se rompe una tendencia al alza que se venía registrando en los últimos años.
De acuerdo con cifras preliminares reveladas por el Inegi, en 2019 se registraron 36 mil 476 asesinatos en el territorio nacional, lo que implicó una reducción del 0.6 por ciento con respecto a 2018, año en el que se cometieron 36 mil 685. El año pasado la tasa de asesinatos fue de 29 casos por cada 100 mil habitantes.
A pesar de que el balance sobre el homicidio tuvo un saldo favorable, las ejecuciones son uno de los problemas más importantes a resolver en materia de seguridad pública por parte del Gobierno federal y las administraciones locales.
David Ramírez de Garay, coordinador del Programa de Seguridad de la organización México Evalúa, considera que la leve disminución en los asesinatos que se cometieron en el país el año anterior no debe ser motivo para celebrar.
Explica que el Gobierno federal no emprende una estrategia distinta a la de administraciones pasadas y por ello los resultados en materia de seguridad pública no son los esperados.
A pesar de que López Obrador impulsó la creación de la Guardia Nacional y realiza reuniones diarias con altos funcionarios a nivel federal y estatal como un pilar de su estrategia para combatir el problema de la inseguridad y la violencia en el país, son medidas insuficientes para revertir de manera contundente los homicidios, aclara el especialista.
“La problemática va más allá de estructura, de incentivos y no se resuelve solamente con mesas de diálogo en la mañana, se necesita en el largo y mediano plazo deshacer estos nudos, estos incentivos negativos que existen en la estructura organizacional del país y ahí no vemos que se esté trabajando”, agrega Ramírez de Garay.
Entre los problemas que enlista el experto, se encuentran la falta de coordinación entre el trabajo policial y las fiscalías.
Expone, como ejemplo, las detenciones que realizan elementos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, cuyas funciones no son presentar a las personas retenidas ante el Ministerio Público y para ello piden el apoyo a las policías que están facultadas para hacerlo.
“Esto, en términos de debido proceso, tiempos y cadenas de custodia, generan una tensión que debería ser innecesaria”, añade.
Para Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el hecho de que en 2019 se hayan registrado 209 casos de homicidio menos que en 2018 no muestra que se esté resolviendo el problema de inseguridad que enfrenta el país
“El Poder Ejecutivo tiene todo el derecho de organizarse como considere pertinente y si el tema de los datos que se generan a través de las mesas de seguridad de las mañanas le funcionan, puedo entenderlo; pero el Gobierno federal tiene que ver qué le sirve a la ciudadanía, es decir, lo que le funcionaría a los ciudadanos es saber si los policías estatales, municipales o los elementos de la Guardia Nacional están debidamente capacitados para combatir la delincuencia”, expresa la diputada federal del PAN.
Panorama estatal de los homicidios
Los datos preliminares publicados ayer por el Inegi muestran que en 14 estados disminuyeron los homicidios durante 2019 en comparación con 2018.
Las entidades en las que más redujeron las ejecuciones son Baja California Sur, donde el número de casos bajó en un 48 por ciento. Le siguen Nayarit con 42 por ciento, Yucatán con 21 por ciento, Tamaulipas con 20 por ciento y Guerrero con 13 por ciento.
En contraste, las localidades en las que los asesinatos se incrementaron en mayor porcentaje son Hidalgo en un 58 por ciento, Sonora en un 50 por ciento, Tlaxcala en un 32 por ciento, Tabasco en un 30 por ciento y Morelos en un 28 por ciento.
Como ya lo adelantaban las cifras de incidencia delictiva que genera mes con mes el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Guanajuato fue la entidad con mayor número de homicidios con 3 mil 810 casos, seguido del Estado de México con 3 mil 220 y Baja California con 2 mil 750.