‘Se vive y respira un aire de muerte’

Se le venció el plazo legal a Felipe Calderón para promulgar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante su omisión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo: solicitar al presidente del Senado realizar lo que el Ejecutivo federal ignoró. A partir de ayer, José González Morfín tiene 10 días para promulgar la ley aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 31 de abril.

Legisladores del partido gobernante trataron de justificar lo injustificable. Incluso avisaron que Calderón realizará mañana una “ceremonia oficial” para firmar el decreto de ley.

¿Se necesitan actos de protocolo ante la urgencia de dar mecanismos de protección a los periodistas que en algunos estados siguen cayendo muertos?

Algunos legisladores no lo consideran así. El senador tricolor Rogelio Rueda adujo que aunque el Presidente convoque a un evento para promulgar esta ley, su plazo para hacerlo, según dicta la ley, ya venció. Y como no notificó nada al Congreso ni hizo la publicación correspondiente, ahora es responsabilidad del Senado.

Resulta incomprensible el proceder de Calderón. Promulgar esta ley hubiera sido un gesto de solidaridad con el gremio periodístico que, por ejemplo, en el estado gobernado por Javier Duarte de Ochoa, está amordazado.

“La actividad profesional periodística en Veracruz está observada en todo el mundo y los colegas nacionales e internacionales buscan entrevistar a periodistas veracruzanos para conocer puntos de vista y reciben negativas como respuesta, por el miedo de filtraciones… Se vive y respira un aire de muerte. De amenaza. De autocensura…”, dice Claudia Guerrero Martínez en su columna del domingo 17 del periódico Veraz.

Hoy se cumple una semana de que fue encontrado el cadáver de Víctor Manuel Báez Chino. El crimen del periodista policiaco elevó las alertas. No solo por ser el noveno asesinato perpetrado contra un comunicador en la entidad, sino por el contexto en que aconteció: aun cuando se implementó el operativo Veracruz Seguro.

Tras ser secuestrado por un comando armado a la medianoche del 13 de junio, las autoridades locales cerraron las salidas de Xalapa, pero solo lograron hallar el cuerpo sin vida de Báez, al amanecer.

A nombre de 30 organismos internacionales, 20 nacionales y decenas de medios y periodistas mexicanos, la organización Freedom House entregó un comunicado al gobernador de Veracruz. Entre varios puntos, le solicitan lo siguiente:

“Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad…  debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses”, piden a la autoridad estatal.

Y al gobierno federal lo apremian a instrumentar “una acción inmediata para Veracruz a fin de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal”.