Con la renovación de 15 gubernaturas en 2021 se reforzó la tendencia de recurrir a mandos militares para asumir las secretarías de seguridad de los estados. Siendo que, al inicio de este año, 10 entidades cuentan con un perfil emanado del Ejército o la Marina como titulares de la dependencia.
En octubre del 2021, cuando candidatos emanados de la coalición Juntos Haremos Historia se preparaban para asumir 12 de estos cargos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los nuevos mandatarios pedir el visto bueno del general Luis Cresencio Sandoval y del almirante José Ojeda Durán para la designación de sus secretarios de seguridad.
Las corporaciones militares -Marina, Ejército y Guardia Nacionalpermanecen como las mejor evaluadas por la población en materia de seguridad, superando por amplio margen a las de carácter civil
De la docena de nuevos gobernadores, ocho le tomaron la palabra al primer mandatario y designaron militares y marinos como secretarios en Baja California, Baja California Sur, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. En este último, además, se nombró Fiscal general a la teniente coronel Sandra Valdovinos, licenciada en justicia militar.
Estos estados se unieron a la lista que conformaban Morelos y Tamaulipas, donde los gobernadores Cuauhtémoc Blanco, de Encuentro Social, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Acción Nacional, ya tenían perfiles militares a cargo de sus respectivas secretarías de seguridad pública.
Caso aparte es Nayarit, donde el gobernador Miguel Navarro, de Morena, ratificó a Jorge Benito Rodríguez, extitular de Prevención y Reinserción Social, nombrado por su predecesor, el panista Antonio Echevarría. Pero como López Obrador pidió a los nuevos alcaldes buscar militares para sus direcciones de Seguridad, se cumplió en 19 de los 20 municipios del estado.
Esto responde a la alta estima que tienen las Fuerzas Armadas entre la población, pues el 90.2 por ciento confía en la Marina, el 87.8 en el Ejército y el 82.8 en la Guardia Nacional, según indicó la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública del tercer trimestre de 2021 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Respecto a esto, Reporte Índigo entrevistó a Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, quien comenta que esta tendencia a nivel estatal inició desde finales de los 90, con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sexenio de Ernesto Zedillo.
“El parteaguas es que, en épocas anteriores, el Ejército no tenía el poder político que hoy le ha dado López Obrador. Eso sí puede ser un riesgo actualmente, porque ya estamos hablando de una militarización no sólo en el tema de la seguridad pública, sino también en la parte política y, de cierta manera, meter las manos a lo que atañe a la soberanía de los estados”.
Explica que esta tendencia responde a las fallas en el fortalecimiento de las estructuras civiles a nivel estatal y municipal, siendo que el último intento serio fue el que inició Felipe Calderón durante su administración, pero no logró los resultados esperados debido a la negligencia de los gobernadores para mejorar sus corporaciones.
“Lo que sí es una realidad es que, ante la entrada de las Fuerzas Armadas en general a hacerse cargo completamente de las funciones de seguridad pública, a los gobernadores ya no les interesa de ninguna manera fortalecer a sus policías. Al mismo tiempo, ya no sabes con claridad qué es lo que pasa con los subsidios y los recursos federales que se asignan a las policías”
Por otro lado, Nava menciona que, aún con la tendencia de recurrir a la experiencia militar, se logra mantener un equilibrio gracias a los gobernadores que siguen apostando por perfiles policiacos. Incluso, los militares en retiro que asumieron estos cargos con anterioridad pasaron por un proceso de “policiación” como comisarios de la extinta Policía Federal.
“Muchos de estos militares tienen como objetivo, precisamente, el saneamiento de las fuerzas policiales. El problema es que a veces hay choques muy fuertes entre la doctrina militar y la cultura civil de los policías. Los regímenes de disciplina son completamente diferentes y pueden provocar fricciones al interior de las corporaciones”.
Basándose en casos previos, considera que un mando militar que cuente con cierta formación policial puede permitir un esquema más sólido y lograr mejores resultados, partiendo de que estos perfiles también consiguen una mayor coordinación con las Fuerzas Armadas, que suelen tener cierta desconfianza de las corporaciones estatales y municipales por sus altos índices de corrupción.
“El hecho de que haya buena coordinación entre el secretario de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas es fundamental para conseguir condiciones. La coordinación que se logra con las Fuerzas Armadas a través de generales o almirantes retirados es muy buena y eso aporta de forma importante para las condiciones de seguridad por el intercambio de inteligencia”.
Esta tendencia a la militarización responde a las fallas en el fortalecimiento de las estructuras civiles a nivel estatal y municipal
Sin embargo, Nava también insiste en que “si queremos aspirar a que disminuya la tendencia de utilizar perfiles militares en funciones de seguridad pública, es indispensable, sí o sí, fortalecer a las fuerzas civiles. Eso se logra creando estructuras permanentes que garanticen un servicio de carrera policial y que los próximos secretarios surjan de instituciones sólidas”.
Esto al contrastar que si alguien ingresa al Ejército tiene la seguridad de que podrá llegar a general de división si cumple con las expectativas y lineamientos, pero si ingresa a la policía municipal, “ para empezar, gana un sueldo miserable y toda su vida lo va a ganar porque no hay para dónde crecer”, pues esas instituciones se manejan de manera política.
