A un año de que Segalmex e Inmujeres suscribieran un convenio de colaboración para que mujeres víctimas de violencia atendieran tiendas Diconsa y se independizaran financieramente, existen nueve puntos de venta abiertos en Chihuahua, Morelos y Oaxaca, según información obtenida vía transparencia.
Se trata del programa piloto “Estrategia integral para promover la autonomía económica de las mujeres en situación de violencia”, que fue puesto en marcha durante el 2020 por el Gobierno federal.
El propósito es incrementar las oportunidades económicas de las mujeres que viven o han vivido violencia de género, así como para madres o tutoras de mujeres y/o niñas desaparecidas o víctimas de feminicidio en condiciones de vulnerabilidad para posibilitar que emprendieran un micronegocio.
La “Estrategia integral para promover la autonomía económica a mujeres víctimas de violencia” permite que las beneficiarias puedan empezar un patrimonio para ellas y sus hogares pic.twitter.com/99WLSLYDyj
— Segalmex Diconsa (@SegalmexDiconsa) March 6, 2021
Los tres estados en los que se han abierto tiendas que comercializan diversos productos de la Canasta Básica Segalmex-Diconsa son: Chihuahua, Oaxaca y Morelos
La estrategia vincula al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex-Diconsa) y a la Secretaría de Economía con los institutos de las mujeres de las entidades mencionadas.
“A fin de establecer y abastecer en los tres estados referidos tiendas que comercialicen diversos productos de la Canasta Básica Segalmex-Diconsa para que sean administradas y operadas por mujeres con la situación y condición explicada anteriormente”, dice la solicitud de transparencia con folio 0610400028021, proporcionada por Inmujeres.
La respuesta menciona que a la fecha se han logrado abrir nueve tiendas: una en Chihuahua, tres en Oaxaca y cinco en Morelos, tanto en localidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes, como en semiurbanas con menos de 15 mil.
Según la información, están en proceso de abrir más tiendas en los tres estados de la prueba piloto, así como lanzar la estrategia en Durango, Baja California y Tamaulipas. “Con una meta de 30 tiendas por entidad federativa”, se lee.
Pero las cifras aún no alcanzan los objetivos anunciados el pasado 25 de agosto de 2020 durante el informe mensual del Grupo Interdisciplinario de Estrategia contra las Violencias (GIEV).
Nadine Gasman, titular de Inmujeres, dijo que habían empezado un padrón de 90 mujeres en Chihuahua, Morelos y Oaxaca.
Mientras que Ignacio Ovalle, director general de Segalmex, señaló que se esperaba terminar el año con al menos 50 centros de abasto en cada entidad.
“Ha dicho Nadine que ahorita ya tenemos proyectadas 30 tiendas en Chihuahua, 30 en Oaxaca y 30 en el estado de Morelos, pero nuestro propósito es, en lo que llamaríamos una primera gran etapa, ojalá de aquí a que termine el año, abrir por lo menos 50 tiendas en cada estado de la República”, dijo.
Buena idea, falta de resultados en tiendas de Segalmex e Inmujeres
Expertas en temas de género coinciden en que la idea es buena porque genera alternativas económicas a mujeres que han sufrido violencia y muchas de ellas no salen de estos círculos porque no tienen independencia financiera.
Sin embargo, se deben de tomar varios factores en cuenta para que este proyecto cumpla su objetivo y no sea un programa piloto más, como ha ocurrido antes en localidades como en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Lo veo con buenos ojos, es una buena idea, pero hay que implementarla bien, con esta mirada de género todo el tiempo, todas las partes del proceso de lo que implica justamente para ayudar a atender una necesidad de las mujeres y no buscando generarles más problemas ni sobrecargas.
“Que sí sea formal, que tenga incluso la posibilidad de prestaciones como el asunto de las guarderías y demás (…) porque también tiene que ser integral para realmente ser efectivo para las mujeres que están saliendo de violencia feminicida”, dice Martha Tagle, feminista y consultora.
Algo que le preocupa es que el programa está pensado para que las tiendas estén en las propias casas de las mujeres o éstas consigan los locales, lo cual es un problema si aún no está resuelta la situación de violencia.
“Si no hay una sentencia que haga que el agresor esté lejos, se puede convertir en un asunto de que las vandalicen, que rompan la mercancía, miles de cosas”, menciona.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio (ONCF), dice que aunque la intención es buena, la ganancia es muy poca (mil 600 pesos) pese a que el objetivo es empoderarlas económicamente.
Además, las mujeres son quienes en su mayoría se dedican a buscar a sus familiares desaparecidos o a pedir justicia en las investigaciones por feminicidio, situación que se debe tomar en cuenta al crear estos programas.
Menciona que se deben fortalecer las comisiones de víctimas para saber las necesidades de las personas que han sufrido feminicidio y desaparición y crear programas integrales.
“No estar repitiendo cosas que al final no van a tener ningún impacto. El problema en México es que se hacen cosas y nunca se evalúa su impacto y desaparecen, en Juárez se hicieron un montonal de este tipo de programas y al final nunca impactaron ni mostraron resultados”.
Claudia Pedraza, especialista en temas de género de la Universidad La Salle, dice que aunque es un programa piloto bien intencionado, no se puede decir que solo por ese hecho se van a generar los procesos de autonomía económica; además de que tiene alcances limitados.
“El programa está limitado por los requisitos que pone como que las mujeres hayan tenido experiencia en micronegocios; además para muchas de estas mujeres, el entorno de violencia no les permitiría atender un negocio de estas características”
“Uno, por los propios requisitos que pone el programa, que es que las mujeres hayan tenido experiencia en micronegocios o en este tipo de iniciativas de emprendimiento anteriores, al menos en poco tiempo; y dos, para muchas de estas mujeres, el entorno de violencia no les permitiría atender un negocio de estas características”.
Por su parte, Carlos Nandayapa Hernández, catedrático de Economía en la FES Acatlán de la UNAM, dice que este tipo de políticas suelen presentar ciertos problemas si no van acompañados de otros complementos como asistencia técnica y un financiamiento en el monto debido.
“El reto es graduar beneficiarias, desarrollar capacidades en las mujeres particularmente para que se logre el objetivo último de la política social que es contribuir al propio desarrollo, no solamente a un proyecto en sus indicadores de rentabilidad, sino más allá”.
