Hoy los dados giran en los casinos, a la vez que las autoridades federales y estatales recurren a su mejor mano: aventarse mutuamente la responsabilidad en torno a la tragedia del Casino Royale.
Porque a una semana del aniversario de la tarde del 25 de agosto que marcó a este país, la única acción que preparan la Secretaría de Gobernación y el Gobierno de Nuevo León es un “convenio de coordinación”.
Las autoridades planean otra vez incurrir en simulaciones, mientras las familias de 52 víctimas mortales, entre ellas dos mujeres encinta, todavía claman por justicia.
Y es que el plan, un documento más, plantea dar atribuciones a Nuevo León que no están contenidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El documento promueve pasarle al Estado atribuciones exclusivas de la Federación, mientras que el gobierno etatal busca desligarse de ellas.
Una copia del acuerdo, que actualmente está en revisión en la Secretaría General de Gobierno que dirige Álvaro Ibarra, está en poder de Reporte Indigo.
Primero, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado preparan la firma de este convenio de coordinación para llevar a cabo “acciones conjuntas de vigilancia en casinos y combatir el juego ilegal”.
Acuerdo casi idéntico al suscrito en el 2006 entre la Segob y el entonces gobernador neolonés Natividad González Parás.
Proyecto que terminó en una simulación y que hoy es más que letra muerta.
Luego, la novedad que propone este instrumento jurídico es el traspaso de atribuciones y facultades a las autoridades estatales.
Responsabilidades que tiene actualmente la Secretaría de Gobernación en materia de inspección de casinos.
De tal manera que el Estado adquiriría con la firma de este acuerdo el compromiso de implementar en Nuevo León un programa permanente de acciones para la vigilancia de los centros de juego, con la intención de detectar casinos irregulares o prácticas de juego ilegal.
Incluso, contempla que el gobierno nuevoleonés designe inspectores estatales para supervisar y vigilar los casinos, tanto los legales como los irregulares.
También plantea que la administración estatal realice visitas de observación en centros de apuestas para que detecte prácticas de juego prohibido, como el póquer, y notifique a las autoridades federales para que intervengan.
Los inspectores estatales asignados, aclara el proyecto del convenio, deberán de someterse a pruebas de control de confianza y deben ser autorizados por las instancias federales.
La Segob, por su parte, se compromete con la firma de este acuerdo a coordinar en conjunto con las autoridades estatales estas acciones de vigilancia y control de los casinos en la entidad.
Además, la dependencia federal acepta proporcionar información al Estado para identificar a los permisionarios que cuenten con autorizaciones vigentes expedidas por la Secretaría.
Y es que Nuevo León es el estado donde opera el mayor número de casinos y casas de apuestas en México.
Las autoridades calculan que existen en total cerca de 60 establecimientos, pero sólo la mitad lo hacen con permisos expedidos por la Segob.
La otra mitad lo hacen de manera irregular: unos con resoluciones judiciales expedidas por el Poder Judicial de la Federación y otros sin autorizaciones federales.
En la misma situación ilegal estaba el Casino Royale, que está cerrado desde el ataque que sufrió por el grupo delictivo de Los Zetas hace un año, el 25 de agosto de 2011.
Reporte Indigo ha revelado recientemente el descontrol que impera en el tema de casinos en Nuevo León, principalmente por la falta de vigilancia a cargo de la Secretaría de Gobernación, la autoridad competente en el tema de los centros de apuestas en México.
Las constantes resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación a favor de casas de juego contribuyen al caos y al desorden que existe en este medio.
Hoy, un año después de lo ocurrido en el Casino Royale, donde las autoridades no consignaron a ningún funcionario ni a los propietarios de la casa de apuestas por homicidio culposo, la impunidad es lo que prevalece en este caso.
Planean convenio sin sustento legal
El ataque al Casino Royale puso al descubierto la irregularidad en la que operan la mayoría de los centros de apuestas de Nuevo León.
Tanto la Segob como el Gobierno del Estado se aventaron los “dados”, cada uno para evadir su responsabilidad en la tragedia cometida hace un año.
Hoy, el acuerdo que planean suscribir el gobernador Rodrigo Medina y Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, tiene un problema de entrada: carece de sustento legal.
En la Ley Federal de Juegos y Sorteos no se contempla la posibilidad de celebrar este tipo de convenios delegatorios para que los estados asuman las funciones de control y vigilancia de los casinos, que son atribuciones y facultades exclusivamente federales.
“En la Ley no existe la facultad de delegar esas atribuciones que son competencia de la Secretaría de Gobernación. Es precisamente el punto que estamos analizando en el Estado”, comentó una fuente del Gobierno del Estado.
“¿Cuál será la personalidad jurídica que tendrán nuestros inspectores cuando lleven a cabo los operativos?”.
El convenio promueve la elaboración de un inventario de casas de apuestas tanto irregulares como legales que hay en Nuevo León, en conjunto con los municipios metropolitanos.
En las últimas semanas, la Segob ha solicitado a los alcaldes metropolitanos y de la zona rural información para conocer oficialmente cuántos casinos operan en Nuevo León.
Sí, la dependencia federal responsable en México de los centros de apuestas, desconoce cuántos casinos existen en Nuevo León.
Acuerdo 2006 quedó como letra muerta
Hace seis años el entonces gobernador Natividad González Parás firmó con las autoridades federales un: “Convenio de Coordinación en Materia de Juegos y Sorteos Para Combatir el Juego Prohibido”.
El acuerdo fue signado el 18 de agosto de 2006 por Carlos Abascal, ex secretario de Gobernación en el último año del gobierno del ex presidente Vicente Fox.
Y es que influyó que un año antes ocurrió la ejecución de un ex policía federal en el restaurante Los Arcos, ubicado en la avenida Morones Prieto.
Esto destapó los primeros vínculos entre el crimen organizado y el giro de los casinos.
Entonces González Parás quiso curarse en salud y promovió la firma de este convenio con la autoridad federal, que simplemente era su forma para dejar claro las atribuciones de cada uno de los niveles de gobierno.
La vigencia del instrumento jurídico era indefinida, pero nunca se concretaron los compromisos por parte de las autoridades estatales, ni de las federales.
La idea era que ambas autoridades, desde su respectiva competencia, ejecutaran acciones para prevenir y combatir el juego prohibido en Nuevo León, atribuciones que eran del gobierno federal.
Desde la firma de este documento en la entidad se han abierto más de 30 casinos, de los cuales muchos de ellos se encuentran en una situación irregular, como fue el caso del Casino Royale.
La entrada en vigor del nuevo convenio supondría que el acuerdo de coordinación de 2006 quede sin efectos y sin validez jurídica para el gobierno federal y el estatal.
Estos son los compromisos que se desprenden del convenio que pretende firmar la Secretaría de Gobernación con el Gobierno de Nuevo León.
Secretaría de Gobernación
Coordinar acciones con la administración estatal de Rodrigo Medina para la vigilancia y control de los casinos y combate a los centros de apuestas irregulares.
Proporcionar al Gobierno del Estado información que le permita identificar a los permisionarios que cuentan con autorizaciones vigentes para operar casinos en Nuevo León.
Asesorar a los funcionarios del Gobierno del Estado en materia de juegos y sorteos para el cumplimiento de este convenio.
Gobierno de Nuevo León
Coadyuvar en el ejercicio de las atribuciones de control y vigilancia que le corresponden al Gobierno federal.
Instrumentar un programa permanente de acciones para la vigilancia de los casinos legales y de detección de los establecimientos ilegales.
Realizar visitas de observación para detectar la práctica de juego ilegal y notificar de esta irregularidad a las autoridades federales.
Designar inspectores especializados para realizar este tipo de inspecciones en los casinos y casas de juego.