[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_goek3xeq” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] México está necesitado más que nunca de una mejora en materia de seguridad. Un hecho que ha provocado que las propuestas que forman parte del plan de gobierno de los candidatos para resolver este problema cobren especial importancia.
Durante el 2017 se registraron en el país los índices de violencia más elevados de los que se tienen registro. Lo que deja en evidencia que la estrategia implementada por el gobierno actual para tratar de revertir lo que inició Felipe Calderón en 2006 con la guerra contra el narcotráfico ha fracasado.
Independientemente del candidato que gane las elecciones el próximo 1 de julio y de las propuestas que hayan hecho a lo largo de las campañas en materia de seguridad o del partido al que pertenezca, hay una serie de acciones urgentes que se deben implementar para revertir esta crisis por la que atraviesa el país.
Entre los temas que se deben tratar con urgencia y que además varios de los candidatos comparten, se encuentra la separación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.
Durante el 2017 se registraron en el país los índices de violencia más elevados de los que se tienen registro
En este sentido, la experta en seguridad Ana María Slack, comentó en entrevista para Reporte Indigo que el regreso de la Secretaría de Seguridad Pública es fundamental, al igual que la creación de un mecanismo que permita coordinar los trabajos de las distintas dependencias encargadas de la seguridad del país.
“El problema de tener a la SSP adherida a la Segob es que los incentivos y las decisiones que tiene que tomar cada una de estas dependencias deben tener ópticas diferentes.
La Segob es un brazo político, es un brazo negociador, entonces al adherirle la Secretaría de Seguridad Pública, siempre va a existir ese cuestionamiento de si se está usando a las policías por razones políticas o para el bien común. Además es necesario que esto se lleve a cabo para que también se pueda garantizar la independencia de los recursos de cada secretaria. Por ello, la separación tiene mucho sentido”, aseguró.
La profesionalización de las policías en los tres órdenes de gobierno para poder retirar de las labores de seguridad pública a las fuerzas armadas es otra de las necesidades que no pueden demorarse más.
“Si queremos que el Ejército, el cual no están capacitado para atender las necesidades de la ciudadanía en cuanto a su seguridad sea sustituido en sus labores por las policías debemos empezar por entrenarlos para que puedan cumplir con la función que legalmente les corresponde y la cual no han podido llevar a cabo” aseguró Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización México Unido Contra la Delincuencia.
Para lograr esto, hay otras áreas en donde también se debe poner especial atención. Tal es el caso de la repartición de recursos.
“Hoy en día hay millones de pesos que llegan a las arcas de la Secretaría de Hacienda y que no se sabe a qué se destinan, los montos que se otorgan ni bajo qué condiciones se entregan, es decir, no hay un proceso de rendición de cuentas real.
Por eso vemos partidas que se distribuyen desde el Congreso, como el caso del Ramo 23: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales y Contingencias Económicas” explicó el abogado y especialista en políticas públicas de la FES Acatlán José Antonio Álvarez León.
En el caso del nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual también ha sido fuertemente criticado por no ayudar a disminuir los índices de delincuencia del país, Julio Sancliment, abogado constitucionalista, dijo que la intención de la implementación de este sistema nunca estuvo dirigido a disminuir la inseguridad, sino a poner ante todo los derechos humanos de las personas.
“Para hablar del nuevo sistema penal hay que entender el espíritu de esta reforma constitucional que trajo el proceso acusatorio, es decir, las ideas que subyacen a esto provienen de esta corriente de protección a los derechos humanos de las personas.
Entonces el Sistema Penal Acusatorio no se instauró para bajar los índices de criminalidad ni para bajar cifras de inseguridad, sino para que prevalezcan los derechos humanos, ya que en esencia es un proceso garantista, explicó el jurista, quien además dijo que le parece alarmante que los candidatos no tengan conciencia de esta situación cuando en el siglo XXI los derechos fundamentales tienen un papel preponderante.
La urgencia de la capacitación policial
La falta de entrenamiento y capacitación de las policías en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) ha provocado que las fuerzas armadas en muchas de las entidades de la República tengan que hacerse cargo de las labores de seguridad ciudadanas, una tarea para la que no están capacitados y que legalmente no les corresponde.
El correcto funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio y la posibilidad de sacar a los militares de las calles depende de que los policías sean capaces de atender las responsabilidades que su cargo les confiere
Esta realidad, que de fondo proviene de la mala gestión tanto de los gobernadores como de los presidentes municipales, también ha desatado una crisis de derechos humanos en el país además de impedir que la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio pueda funcionar correctamente.
Sin embargo, tanto a nivel estatal como federal hay un sinfín de retos que se deben superar antes de que se logre tener policías que puedan cumplir a cabalidad con las funciones que les corresponden.
Uno de los primeros obstáculos a superar es el de definir una estrategia clara tanto para el país en general como para cada uno de los estados y que además haya un compromiso por parte de los funcionarios públicos para darle continuidad al planteamiento que se decida implementar, ya que para llevar esto a cabo un sexenio no alcanza.
“La transformación de los cuerpos policiales en un periodo de 6 años se antoja prácticamente imposible. Primero por el tema del dinero y segundo, por la manera en la que se plantean las políticas públicas y sus metas de acción y alcance”
El problema más grande que veo es que el diagnóstico que actualmente se tiene es fallido porque estas metas y estas propuestas que actualmente están difundiendo los candidatos presidenciables se vienen manejando desde la reforma constitucional de 1995 y esencialmente se iniciaron con Fox.
Pero como el discurso ha cambiado, la parte del diagnóstico y del tratamiento también se ha modificado, entonces se ha perdido tiempo, dinero y recursos humanos” comenta el abogado y especialista en políticas públicas de la FES Acatlán, José Antonio Álvarez León.
En cálculos del especialista, por las condiciones en las que se encuentran los cuerpos policiacos y por los niveles de corrupción e inseguridad del país, tomaría cerca de tres años nada más reordenar a los cuerpos policiales, hacer nuevos diagnósticos y generar nuevos mecanismos de capacitación.
Mientras que los tres años restantes servirían para comenzar con los procesos para garantizar una aplicación efectiva y coordinada de los mismos”.
En materia de recursos y financiamiento, el experto señala que el problema no se debe a la falta de dinero, sino a la mala administración del mismo.
“En materia de recursos, es decir, del presupuesto necesario para llevar esto acabo esta labor también hay varios problemas, esencialmente en el uso y la asignación de los mismos. La cosa es que la distribución del dinero se está condicionando por factores políticos que afectan las políticas públicas, particularmente la de alcance y manejo de los recursos.
Por las condiciones en las que se encuentran los cuerpos policiacos tomaría cerca de 3 años nada más reordenar a los cuerpos policiales
Entonces; uno: sí hay manejo político del dinero y dos: las metas no están definidas para lugares homogéneos. Por lo tanto, aunque haya dinero no se distribuye de la manera adecuada o se hace inequitativamente”, comentó José Antonio Álvarez León.
Por su parte, Julio Sancliment recalcó que dentro de la capacitación que se le dé a las policías es sumamente importante que una buena parte de ésta esté enfocada a instruirlos en el funcionamiento del nuevo Sistema Penal Acusatorio o, de lo contrario, esta reforma en materia penal difícilmente podrá dar resultados.
“La eficiencia del nuevo Sistema Penal Acusatorio va muy de la mano de la capacitación de las policías debido a que en este proceso deben cumplir funciones de investigación ya que ahora son los encargados de perfilar y encuadrar las investigaciones y en ellos queda gran parte de responsabilidad en temas como lo es la cadena de custodia y de cómo se va a presentar el delito a juzgar.
Esto implica una gran responsabilidad, por lo que se requiere una inversión fuerte en capacitación tanto de policías como de jueces y de fiscales”, explicó.
El rezago de la Fiscalía independiente
A finales del 2014, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República, órgano en el que se va a transformar la Procuraduría General de la República.
Lo que se busca con esto es dotar a este nuevo organismo de total independencia y autonomía para que pueda ejercer sus funciones alejado del poder y de los intereses políticos garantizando una mejor impartición de justicia en el país.
Sin embargo, al día de hoy, esta transición no se ha llevado a cabo ni se ha nombrado al que sería el encargado de encabezar esta dependencia, tarea que se encuentra pendiente en el Senado.
El rezago en la transformación de la PGR a la FGR provoca que temas como la profesionalización de los policías o la aplicación del nuevo Sistema Penal Acusatorio no se puedan realizar en los términos deseados
“Realmente el problema de fondo a la hora de implementar este nuevo sistema penal, es la falta de autonomía e independencia que tiene la Fiscalía y la poca cultura constitucional de los derechos fundamentales.
Si no tienes una fiscalía que busque realmente por sus propios medios acusar y que no responda a intereses de ciertos políticos, va a ser muy difícil que se puedan integrar averiguaciones donde no hayan lagunas legales que permitan a los criminales beneficiarse del sistema” explica el abogado constitucionalista Julio Sancliment.
Los motivos por los cuales se ha retrasado la conformación de la FGR y el nombramiento de su titular se debe a varios factores.
Entre ellos se encuentra el reclamo de la sociedad civil y la exigencia de realizar una modificación al artículo 102 constitucional, con el cual se evite el pase de lo que se conoce como “el fiscal carnal”.
“A pesar de que el Congreso de la Unión aprobó desde el año pasado la cancelación del pase automático para que la reforma entre en vigor, se requiere la aprobación mínima de 17 congresos de los estados y en la actualidad el reporte que se tiene es que sólo ha sido aprobado por tres, por lo que faltan, al menos, 14 estados por aprobar la reforma constitucional para que esta sea una realidad”, dijo el integrante del CPC federal, Luis Manuel Pérez de Acha.
La posibilidad de que se elija a un Fiscal carnal todavía está latente, pues falta que 14 estados aprueben la reforma constitucional
Por ese motivo, el CPC sugirió que los nombramientos se lleven a cabo hasta después de los comicios del próximo 1 de julio, ya que ciertos hechos como la conformación de la Cámara de Diputados y de Senadores con sus nuevos integrantes hace inviable que se lleve a cabo una reforma en este momento, propuesta que el mismo Peña Nieto apoyó.
Mientras tanto, el país seguirá con el órgano más importante en materia de impartición de justicia y el cual por ahora se encuentra encargados de la SSP sin un titular real, ya que desde la salida de Raúl Cervantes, quien se mantiene en el cargo es quien fungía como el encargado de despacho de esta dependencia: Alberto Elías Beltrán.
Para que no haya pase automático de Procurador a Fiscal se debe modificar el 102 constitucional
Por lo tanto, para el candidato que gane la presidencia después de las elecciones federales, tendrá que ser una prioridad esta designación si desea que las condiciones de violencia, inseguridad e impartición de justicia en el país mejoren.
La eterna simulación
Garantizar el estado de derecho en el país va más allá de combatir el crimen y de capacitar a las policías. Se necesita también atender a las víctimas que la violencia a lo largo de los últimos dos sexenios ha dejado.
En México se han implementado diversas leyes para atender algunas de las problemáticas que la inseguridad y la violencia han provocado en los últimos 12 años, sin embargo, muchas de esta han sido señaladas de ser inservibles
Hoy en día se cuenta con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la Ley General de Víctimas y con la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, la cual se hizo oficial a finales del año pasado.
Sin embargo, a pesar de su aprobación en el Congreso, los resultados de estas legislaciones han sido prácticamente nulas, o por lo menos así lo han denunciado tanto organizaciones de la sociedad civil como los mismos familiares de las víctimas.
Nada más durante el 2017 se registraron en el país más de 23 mil homicidios violentos de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A finales de ese mismo año, el Secretariado Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizaba más de 30 mil personas desaparecidas o no localizadas, mientras que en los últimos 12 años cerca de 24 mil mujeres han sido asesinadas en el país.
En este sentido, la página de la Comisión Especializada para Atención a Víctimas revela que hasta el 31 de marzo del año pasado la CEAV únicamente ha beneficiado a 478 víctimas, hecho que deja en evidencia su ineficacia.
“No porque se establezca un decreto o una ley la realidad va a cambiar. Para que realmente llevemos a buen puerto la aplicación de las leyes se requiere un compromiso en diversos niveles. Primero del gobierno pero también de los ciudadanos”, comentó Julio Sancliment.
Los escasos resultados de estas legislaciones han derivado en una severa crítica tanto de la sociedad civil como de diversas ONG´s, quienes han acusado a los representantes del pueblo, tanto a diputados como a senadores de haber implementado estas leyes como un mero proceso de simulación.
Si se toma como ejemplo la última legislación en esta materia: la Ley General de Desaparición Forzada, se puede ver con claridad que por motivos de presupuesto es muy difícil que cumpla con los objetivos para los que se creó.
De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 31 de enero de 2018 el presupuesto asignado para la implementación de esta norma es de 282 millones 592 mil 800 pesos.
Sin embargo, los costos de operación para que la Ley se pueda aplicar se calculan en aproximadamente 441. 6 millones de pesos.
Algo similar ocurre con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción el cual, a más de año y medio de haber entrado en vigor permanece incompleto, lo que lo hace prácticamente inoperante.
Entre los pendientes que acumula y que dependen del Congreso de la Unión, se encuentra la designación del Fiscal General Anticorrupción, el nombramiento de los 18 magistrados que formarán parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De igual forma falta la creación de los Comités de Participación Ciudadana en 12 entidades del país, la comisión de selección en 5 estados, 16 comités coordinadores, 20 Secretarías Ejecutivas y 11 fiscales estatales anticorrupción. Todo esto responsabilidad de los Congresos locales.
