[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_tm1ntv1y” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
Para acabar con la crisis de violencia e inseguridad se necesitan más que buenas intenciones. Sin embargo, la estrategia que ha planteado el nuevo gobierno para revertir esta situación únicamente ha estado acompañada de polémica y promesas vacías.
No solo persiste una falta de claridad en cómo se realizará el reclutamiento, capacitación y operación de la Guardia Nacional, procesos que aún podrían quedar a cargo de las Fuerzas Armadas, echando por la borda las exigencias de la ciudadanía y expertos en la materia de que sea una institución civil, sino que los recursos destinados para este año a combatir la inseguridad son extremadamente escasos.
El fortalecimiento de los cuerpos policiacos por parte de los gobiernos locales como del federal es una tarea pendiente con la que cargan desde hace más de 12 años
A pesar de ser uno de los problemas que más afectan a los mexicanos, en el 2019 solo se destinarán 3.5 pesos de cada 100 del gasto público para combatir la inseguridad. En cambio, de cada 100 pesos, 25.1 irán a programas sociales.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, ponen en relieve los vacíos que persisten en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad, desde la insuficiencia presupuestaria, hasta la falta de un plan integral para capacitar a los cuerpos policiacos, tarea fundamental y un pendiente con el que ha cargado el Gobierno federal y los locales desde hace más de una década.
“Para nosotros es preferible tomar en nuestras manos, desde hoy, la tarea de fortalecer a las policías, ministerios públicos y aparatos de justicia que pasar tres años reclutando a 150 mil efectivos, entrenándolos y desplegándolos por todo el territorio nacional en detrimento activo de esas corporaciones civiles de justicia que no se van a fortalecer con la creación de la Guardia Nacional”
Además, el más reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo titulado, ‘La transformación Policial para el 2030 en América Latina’, pone en evidencia la situación en la que se encuentran estas corporaciones actualmente y saca a la luz la importancia de contar con policías capacitados en una región donde la violencia y la inseguridad parecen no tener límites.
“La preparación profesional de los cuerpos policiales en Latinoamérica aún es muy escasa para desarrollar iniciativas de prevención en una escala acorde con los problemas existentes, lo que reduce la eficacia y el impacto de los esfuerzos preventivos. A ello se suman una cultura institucional de las policías latinoamericanas generalmente refractaria al cambio y estructuras jerárquicas –frecuentemente rígidas, verticales, militarizadas y dotadas de amplia autonomía— que dificultan el desarrollo de políticas en prevención y participación”, indica el informe.
Escatiman recursos
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, revela que este año algunos componentes del tema de seguridad tendrán recortes importantes.
Esta disminución de los recursos se da a pesar de que la inseguridad ha tocado récords históricos en los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el primer bimestre de este año se registró un aumento del 13.9 por ciento respecto al número de homicidios en comparación con el mismo periodo de 2018, año más violento en la historia del país, sin embargo los recursos destinados para combatir la inseguridad en 2019 disminuyeron
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de este año se registraron 4 mil 973 homicidios en el país, un aumento del 13.9 por ciento respecto al 2018, considerado el año más violento de la historia.
La disminución en los recursos económicos para el tema de seguridad también toca al Poder Judicial, que este año obtuvo un 14 por ciento menos que el año pasado.
Esto, a pesar de que los niveles de impunidad en el país llegan al 99.3 por ciento, según el Índice Global de Impunidad México 2018.
El IBD apunta en su análisis que mientras el gasto para seguridad es de apenas el 3.5 por ciento del presupuesto público, el destinado para programas sociales alcanza el 25.1 por ciento; para combustibles y energías, el 21.9 por ciento; para educación, 17.4 por ciento; para salud, el 14.5 por ciento; y para el resto de las funciones de gobierno es del 17.7 por ciento.
Menos a Seguridad Nacional
El recorte presupuestal alcanzó también a la función de Seguridad Nacional.
Para el 2019, las labores de seguridad nacional deberán funcionar con 8.1 por ciento menos de presupuesto. Esto significa una disminución de 4 mil 661.9 millones de pesos.
En el 2018, el presupuesto para seguridad nacional fue de 102 mil 266 millones; en 2019 es de 97 mil 604 millones de pesos.
La mayor disminución de este presupuesto se dio en la Secretaría de Gobernación, que destinó el 17.3 por ciento menos a la seguridad nacional; en tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional también tuvo una disminución para esa tarea específica de 10.7 por ciento
Múltiples actividades
En el 2019, el gasto total para las funciones de seguridad de todo el país será de 144 mil 809.7 millones de pesos. Esto implica una reducción de 12.4 por ciento respecto al 2018.
De cada uno de esos pesos, 71 centavos serán destinados a funciones de Justicia; y 29 centavos a asuntos de orden público y seguridad.
Para su funcionamiento y el reparto del presupuesto público, el Estado divide en varios componentes sus funciones principales. La función de Seguridad y Justicia comprende varias actividades.
La función de Seguridad y Justicia comprende varias acciones, las cuales, a pesar de su importancia, sufrieron fuertes recortes este año haciendo mucho más difícil su correcta implementación y aplicación
Primero, la impartición de justicia que se lleva a cabo en todos los órganos del Poder Judicial, desde juzgados, tribunales, sean civiles, penales, agrarios, fiscales, administrativos o cualquier otro, además de las acciones de justicia laboral.
En este caso, se trata no solo de los procesos de justicia, sino que en ese gasto también se contempla la infraestructura, equipamiento y mantenimiento.
Dentro de esta función se encuentra también todas las labores de reclusión y readaptación social de quienes están privados de su libertad.
Engloba de igual manera los derechos humanos: su protección, observancia y promoción tanto a nivel estatal, nacional e internacional.
Del gasto en la función de seguridad se pagan también las labores de policía, que comprenden no solo los servicios policiacos, sino todas las labores de combate a la delincuencia, estadísticas y control de tránsito en carreteras.
Por si fuera poco, dentro de este rubro también están las actividades de protección civil, desde su diseño hasta su ejecución en caso de desastres naturales y emergencias.
Además de todas estas funciones, se incluyen también las actividades de orden público y seguridad que lleva a cabo cada dependencia y todas las que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante esta administración, los recortes más fuertes se llevaron a cabo en las actividades de protección civil, impartición de justicia y derechos humanos
En el caso de protección civil, en 2019 el gasto será de 17.9 por ciento menos que en 2018, pues pasó de 220 millones de pesos a 187.5 millones.
Para impartición de justicia el recorte fue de 14.5 por ciento, al pasar de 75 mil 443 millones de pesos a 66 mil 969 millones de pesos para este año.
Y en el caso de derechos humanos el recorte fue de 13 por ciento, pues en 2018 contó con recursos por 3 mil 820 millones de pesos y para 2019 la cifra es de 3 mil 451 millones de pesos.
De todo el gasto a la función de seguridad, la mayor disminución se dio al destinado a inversión; es decir, para la construcción de obra pública relacionada con seguridad se disminuyó en 48.4 por ciento el recurso.
En cuanto a programas específicos, algunos tuvieron disminuciones y otros aumentos considerables.
En tanto se decidió desaparecer el “Programa Nacional de Prevención del Delito”, que contaba con 300 millones de pesos en 2018, el mayor ganador fue el de “Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación”
Dicho programa tuvo en 2018 recursos por 515.7 millones de pesos; para 2019 tendrá 2 mil 88 millones de pesos; un aumento de 290 por ciento.
Apostar por una fuerza civil
A lo largo de los últimos dos sexenios la táctica implementada desde el Gobierno federal para acabar con la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país estuvo enfocada en el uso de la fuerza, es decir, a combatir fuego con fuego.
Doce años después, esta estrategia que tuvo como eje principal el uso del Ejército para realizar tareas de seguridad pública y que dejó a más de 175 mil personas asesinadas y cerca de 33 mil desaparecidos, haciendo del 2018 el año más violento de la historia reciente de México, demostró no ser la más adecuada.
Organismos internacionales como la CIDH y la ONU, incluso emitieron informes señalado que el uso de la fuerza para tratar este problema no era lo más adecuado, por lo que recomendaban cambiar la estrategia por una que estuviera basada en la prevención.
En los últimos doce años se ha demostrado que combatir el fuego con más fuego no ha sido la solución al problema de la inseguridad, por ello, expertos en la materia han solicitado al nuevo gobierno enfocarse en una estrategia que fortalezca a las policías y que no fomente la militarización de sus tareas
No obstante, a pesar de la experiencia vivida con los dos gobiernos anteriores, la nueva administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo fundamentalmente militar cuyo principal objetivo será atender los delitos del fuero federal como lo es el combate al narcotráfico.
Ante esta decisión, diversos colectivos y expertos en seguridad han señalado que la creación de esta institución poco cambiará la situación de inseguridad en México, pues el 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, los cuales les compete atender a las policías.
“Debiera ya estar claro que las estructuras militares no han servido ni servirán para atender situaciones de inseguridad pública, máxime cuando 9 de cada 10 de los delitos que se cometen en el país no son federales, sino del fuero común.
”“Señor
Esta postura es respaldada por el informe ‘La transformación Policial para el 2030 en América Latina’, en el cual explican que “actualmente los cuerpos policiacos están orientados al control del orden público mediante el uso de la fuerza, por encima de las tareas preventivas y participativas, cuya adopción, aunque creciente, es obstaculizada por el legado de la militarización, la rigidez jerárquica y las carencias en la preparación del personal policial”.
Además, el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, también señala la falta de confianza en estos cuerpos armados por parte de la ciudadanía como uno de los principales factores que más afectan su desempeño.
Para revertir esta realidad, el BID recomienda fortalecer la cultura civilista de la seguridad ciudadana a través de estrategias mediáticas, de política pública y educativas que logren desmontar la imagen jerárquica y coercitiva de la seguridad basada en un enfoque militar o exclusivamente policial.
Actualmente los cuerpos policiacos en Latinoamérica están orientados al control del orden público mediante el uso de la fuerza, por encima de las tareas preventivas y participativas
Establecer un seguimiento permanente al gasto del sector seguridad, a las políticas públicas que se desarrollen y a los roles y competencias de todas las instancias que forman parte de la institucionalidad en materia de seguridad ciudadana.
Construir rutas de atención especializadas para la ciudadanía que contemplen el seguimiento riguroso a la satisfacción de los usuarios así como fortalecer la investigación criminal para generar confianza en el sector seguridad en su conjunto.
Por último, el estudio refiere que debe fortalecerse la búsqueda de pruebas científicas para que los hechos no se basen solamente en pruebas testimoniales, lo cual exige formación y recursos especializados, requisito con el que al menos para el 2019 no se cuenta.
