Seguridad, sin dinero para prevención
El gobierno de la Cuarta Transformación asegura que habrá un cambio de paradigma en el combate a la inseguridad, sin embargo replica la misma práctica de gestiones anteriores haciendo recortes presupuestarios a las acciones preventivas de delitos y otras materias como el respeto a los derechos humanos
Eduardo BuendiaEn este año, el Gobierno federal continuó con la inercia de administraciones anteriores en materia de seguridad pública, haciendo cambios cosméticos al presupuesto para atender el problema de violencia por el que atraviesa el país.
Lo anterior ocurre aún cuando el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 indica que en cuestión de seguridad habrá una modifcación drástica, al enfocarse en políticas que promuevan la paz y hacer a un lado las medidas de guerra.
Sin embargo, la administración de la Cuarta Transformación continuó con el enfoque de combatir el crimen y no en prevenir delitos, dándole continuidad a una estrategia impulsada desde el 2006.
Esto queda en evidencia al analizar el presupuesto destinado a la seguridad pública para este 2019, en el que se observa una inversión mínima a la prevención de ilícitos, en contraste con lo proyectado para los bloques de combate al crimen y de justicia.
Con lo anterior, el Gobierno deja clara su postura reactiva y no preventiva para contener los altos índices de delincuencia.
La reducción presupuestaria en seguridad en este 2019 vino con otras medidas para atacar la violencia y la inseguridad, como la creación de la Guardia Nacional
El primer cuatrimestre del 2019 ya es considerado el más violento desde que se tienen registros oficiales, al contarse más de 11 mil homicidios dolosos en todo el territorio nacional. Y en materia de impartición de justicia, México cuenta con un 99.3 por ciento de índice de impunidad en los ilícitos que se cometen.
El análisis “Gasto público en seguridad, una mirada a la ruta de los recursos” revela que para este año se presupuestaron 239 mil 317 millones de pesos para seguridad pública.
El estudio, realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en coordinación con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), indica que de los más de 239 mil millones de pesos para seguridad, el 44 por ciento (104.8 mil millones) serán destinados al bloque de justicia, el 42 por ciento (101.5 mil millones) para el combate al crimen y solo el 14 por ciento (33 mil millones) para prevención.
Esos 33 mil millones de pesos de gasto proyectado para tareas de prevención delictiva para el 2019 significan una disminución real del 27.3 por ciento con respecto a lo presupuestado en el 2018. De hecho, de manera general, la seguridad pública tuvo una reducción del 14 por ciento en este año con respecto al anterior.
“Prevención, derechos humanos, administración del sistema carcelario trae muy pocos recursos. La gran concentración de dinero está en procuración de justicia y en combate a la delincuencia.
“Se acentuó, es decir, hay una inercia muy fuerte de la administración anterior en estos temas con los números que mencionamos, pero todavía fue más profundo porque el recorte se involucró en esta parte de derechos humanos y ahí sí te empiezas a cuestionar cómo se ven las estrategias”, explica Héctor Villarreal, director del CIEP.
Pese a que México cuenta con altos índices de delincuencia desde hace varios años, la inversión para revertir esta problemática es insuficiente, debido a que el dinero destinado a seguridad pública es de 33 por ciento menos en promedio que el de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresa el análisis del CIEP y del ONC.
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Futuro presupuestario
Con la disminución del 14 por ciento de recorte general al gasto en seguridad pública, las autoridades encargadas de garantizar un ambiente de paz a la ciudadanía deberán ser estrictas con el uso del dinero que se les otorgó para cumplir con las metas del Gobierno federal.
Los cambios presupuestarios trajeron consigo otras medidas para atacar la violencia y la inseguridad, como la creación de la Guardia Nacional y el inicio de la integración y capacitación de los 65 mil elementos que la conformarán en su primer año.
Estas acciones, tanto en el recorte a la inversión como en la aparición del nuevo cuerpo policiaco, pondrán en jaque a las Fuerzas Armadas y civiles, encargadas de contener la delincuencia a nivel federal, afirma Héctor Villarreal.
Estamos gastando sustancialmente menos que países desarrollados a pesar de que tenemos incidencias del crimen más severas
“Entonces aquí el problema son dos puntos: el primero es que tú puedes ser muy eficiente y diseñar muy bien tus procesos, combatir la corrupción; pero no nos vamos a salvar de meterle más dinero al asunto, yo creo que eso sí salta por todos lados. No nos vamos a salvar
“El segundo. Esto ocurre en un panorama presupuestal complicado, porque con un espacio tan reducido, le va a tocar competir a la función de seguridad con salud, con pensiones, con infraestructura, con educación, y se antoja un Paquete Económico 2020 complicadísimo”, agrega el director del CIEP.
En cuestiones de austeridad, el especialista comenta que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la de Marina (Semar), encargadas de la seguridad pública, se enfrentarán a un margen de maniobra limitado para desempeñar su función.
Para el próximo año surgirán nuevos retos qué enfrentar con respecto al dinero que se destinará a la seguridad, es por ello que Villarreal también considera que debe evaluarse la responsabilidad y el nivel de participación presupuestario que tienen gobiernos estatales y municipales en esta materia.
“Necesitamos entender cuál es el rol de los gobiernos subnacionales, estados y municipios, qué les corresponde y de qué parte del financiamiento les toca hacerse responsables. Ahora no está tan claro, pero si queremos que todo el paquete quede en la Federación, me parece que vamos encaminados a la decepción”, expone.
Con respecto a si la falta de presupuesto generará sobreejercicio en seguridad, Villarreal menciona que es un rubro que podría ser subfondeado por programas gubernamentales.
“Hasta ahora la señal no ha sido por ahí (de que existan sobreejercicios), vemos una Secretaría de Hacienda que ha sido muy estricta en sus presupuestos, incluso dejando superávits importantes, podría ser que al final del año sí vengan algunos ajustes y que terminen las cuentas más al ras”, considera.
El especialista concluye que la discusión del Paquete Económico del 2020, que inicia en septiembre en la Cámara de Diputados, será crucial para definir los ejes del Gobierno federal y su reconfiguración de gasto y uno de los rubros más analizados será el de seguridad, por la evaluación de resultados y de recursos empleados.
“No hay mucho margen financiero y menos ahora con lo que traen las calificadoras para tener sobreejercicios, yo creo que lo que vamos a ver en septiembre-octubre será una discusión muy fuerte en el Congreso sobre las cosas en las que se debe gastar”, asegura el director del CIEP.