Senadores de oposición presentaron hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad en Contra de la Ley General de Comunicación Social aprobada el mes de abril y promulgada por el Ejecutivo el pasado 11 de mayo.
En total 51 legisladores firmaron el documento, la mayoría de los del grupo parlamentario del PAN, los del PRD, de la bancada PT Morena y legisladores independientes. El requisito para promover una Acción desde el senado exige el respaldo de al menos una tercera parte del cuerpo legislativo (43 Senadores).
En el documento, los legisladores detallan irregularidades presentadas en el proceso legislativo durante la elaboración del dictamen en comisiones y la aprobación; además recoge la esencia de los reclamos y de las observaciones ciudadanas sobre la Ley.
Uno de los principales motivos que los llevaron a impugnar es que la Ley no legisla que la fuente de una información pública se transparente, lo que permite que exista información de naturaleza pública gubernamental que no se especifica de donde viene.
“Entonces se da el lamentable caso de que el gobierno paga para que se hable bien de él, y entonces el medio de comunicación no tiene que reconocer públicamente quién le pagó y para qué”.
“La información que recibe el público no se le aclara si es de origen del interés del gobierno o es una información realmente de hechos públicos, entonces te deja a ti ciudadano con derecho a la información en un mar de confusión y así ha funcionado la información pública en México, apenas estamos dando las primeras batallas en la lucha por la transparencia de la información”, señala el Senador panista Ernesto Ruffo, uno de los impulsores del recurso.
De igual forma, entre las impugnaciones está el papel que con esta Ley adquiere la Secretaría de Gobernación, la cual tiene más facultades relacionadas con la relación de los medios con el gobierno, ya que será esta dependencia la que tendrá bajo su control un registro de medios que puedan o no tener acceso a recursos públicos, aunque existe el temor a que esto se preste a prácticas discrecionales.
“so es una política de premio o garrote y eso no es otra cosa que la naturaleza esencial del presidencialismo mexicano. Esta acción de inconstitucionalidad es un enfrentamiento al centralismo y al autoritarismo presidencial”, detalla Ruffo.
