El informe da cuenta que fue el exgobernador Ángel Aguirre quien aseguró que las escuelas normalistas de Guerrero estaban infiltradas por el crimen organizado
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso Iguala concluyó que existieron omisiones y contradicciones en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En un informe preliminar que será presentado hoy al pleno de la Cámara de Diputados, los legisladores aseguran que existen hechos erróneos por parte de las diferentes dependencias y organismos que participaron en las indagatorias.
El reporte legislativo critica las actuaciones del Gobierno de Guerrero y de la Fiscalía General de ese estado, además de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El informe de los legisladores da cuenta que fue el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien aseguró en una reunión que las escuelas normalistas de Guerrero estaban infiltradas por el crimen organizado.
En su investigación, que emite resultados no vinculantes, los diputados establecieron que era importante no criminalizar a los alumnos desaparecidos de Guerrero.
Los legisladores se refirieron a las declaraciones otorgadas por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, y coincidieron que la tardanza en reconocer que se trataba de la desaparición forzada de 43 personas fue determinante para que se complicaran las pesquisas.
La CNDH sostuvo que los visitadores constataron que “hubo dilación en reconocer que el delito en cuestión es desaparición forzada, así como precisaron que de los hechos se desprende que se configuran todos los elementos de dicho delito”.
“No se utilizaron protocolos de búsqueda y localización de los 43 desaparecidos con vida, pues en las primeras 72 horas no se llevaron a cabo diligencias tendientes a investigar su desaparición forzada, lo que constituyó una omisión grave”, expone el informe de los legisladores.
Los legisladores se refieren también a las omisiones cometidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, pese a que trasladó personal al lugar de los hechos, solo se limitó a esperar que los desaparecidos tuvieran contacto con sus familiares para poder ofrecerles su atención.
La comisión encontró contradicciones en el desarrollo de las pesquisas, sobre todo entre las autoridades estatales, con quienes sostuvieron una reunión.
“Si bien tuvieron conocimiento de los hechos al momento de estarse cometiendo, no se actuó de inmediato porque el alcalde no contestaba el teléfono y no había una denuncia. No obstante, el propio fiscal posteriormente nos indicó que en realidad habían tenido conocimiento de los hechos hasta que el personal médico hospitalario dio vista al Ministerio Público. Por lo cual no es claro si tuvieron conocimiento al momento de la comisión de los hechos o una vez terminados estos”, expresaron los diputados.
La huida de Abarca
Los legisladores establecieron también la omisión de las autoridades federales para capturar al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
La Comisión Especial de diputados está presidida por José Guillermo Anaya Llamas (PAN); y conformada por Manuel Añorve Baños (PRI); Lizbeth Rosas Montero (PRD); Ruth Zavaleta Salgado (PVEM); Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano); Lilia Aguilar Gil (PT) y Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza).
El informe legislativo asegura que de la indagación realizada se desprenden contradicciones entre los reportes rendidos por el Gobierno de Guerrero, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado, sobre los hechos ocurridos en Iguala.
Entre las diferencias se señala el número potencial de víctimas que manejan las dependencias, los distintos nombres de los estudiantes, las circunstancias de la detención y de la desaparición forzada de los alumnos.
También el informe de los legisladores critica la no intervención de la Policía Estatal de Guerrero –a pesar de que estaban monitoreando los movimientos de los estudiantes- en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre. “De ser así incurrieron en una grave omisión de protección de los estudiantes y de la demás población civil afectada por los ataques cometidos por agentes estatales, al parecer de la policía municipal”.
