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Gabriel Gómez, diputado federal del PRI por Jalisco, fue hallado muerto en septiembre del 2014, en Zacatecas; fue secuestrado antes en el municipio de Tlaquepaque
El combate frontal al crimen organizado que emprendió el Gobierno federal en su pasada administración, y que se mantiene en lo esencial, ha dejado más de un centenar de servidores públicos muertos en Jalisco, básicamente del Estado y municipios, incluyendo representantes populares.
Los asesinatos de 138 servidores públicos figuran entre las investigaciones del Ministerio Público (MP) local en un lapso de ocho años.
Tanto en el sexenio del exgobernador panista, Emilio González (entre 2007 y 2012), como en los dos primeros del mandatario priista, Aristóteles Sandoval, en 2013 y 2014.
En tres de cada cuatro de estos homicidios de miembros gubernamentales, el MP halló indicios que apuntan a la autoría del crimen organizado, o el 73 por ciento de los casos, de acuerdo con un informe brindado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el documento, la Fiscalía reporta que “101 eventos tienen características de ejecución, de acuerdo a los indicios localizados en el lugar de los hechos, así como la dinámica llevada a cabo por los sujetos activos”.
La categoría de servidores públicos de la FGE engloba cargos de elección popular, funcionarios en áreas administrativas de los tres niveles de gobierno, y elementos de las fuerzas de seguridad.
El año con más agresiones mortales hacia integrantes de los entes de gobierno fue el 2010, con 35 homicidios, que se habían más que cuadruplicado con respecto a 2009, que tuvo sólo ocho; era entonces el momento de la gran espiral de violencia.
Es constatable, sin embargo, que en esta gestión Jalisco vive un salto cualitativo en el tipo de ataques hacia los servidores públicos, con objetivos victimados de mucho mayor rango.
No sólo está el asesinato sin precedentes de un secretario del gabinete del Ejecutivo en 2013, Jesús Gallegos, de Turismo, igual de significativo es el del alcalde de Ayutla, el panista Manuel Gómez, en 2014; ambos, punto de inflexión en la violencia criminal del estado.
Hasta 2014, no había sido asesinado un alcalde en funciones de Jalisco, si bien la FGE incluye en 2011 el hallazgo del cuerpo de Fortino Cortés, quien era munícipe de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, donde fue plagiado.
El MP tampoco había conocido de asesinatos de regidores en funciones sino hasta 2013 y 2014, como pasó con los ediles de Cabo Corrientes, Héctor Salazar, de Movimiento Ciudadano, y Juan Carlos Gordian, del PRI, éste último asesinado junto con el exalcalde del municipio, Carlos Orozco.
Los fallecidos contabilizados por la Fiscalía pertenecían a 37 ayuntamientos y ocho áreas estatales, no solo de seguridad, también está el ente constructor de escuelas Capece, y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en 2013 (la FGE la llama “de Desarrollo Social”).
Y a cuatro instituciones federales, tanto militares, de seguridad y a la Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
La injerencia
La delincuencia organizada busca infiltrar y cooptar a las autoridades donde se asienta para obtener protección e información sensible, pactar su inactividad ante hechos delictivos y, en el peor de los casos, sumarlas operativamente a sus fines.
De los asesinatos en el informe, 68 eran servidores públicos municipales, 61 estatales y nueve federales; la FGE advierte sobre 50 de los 101 atribuidos al crimen organizado:
En el caso del alcalde de Ayutla, la FGE ha dicho que tenía “arreglos” con el CJNG, que influía sobre su Policía.
Está también el ejemplo de Villa Corona, ahí, en febrero de 2012 el alcalde ordenó a sus oficiales abrir los separos para que un comando sustrajera a dos detenidos que serían hallados sin vida, confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).
La injerencia criminal se está dando también en el ámbito electoral. El 30 de octubre del 2014 la FGE señaló a siete presuntos miembros del CJNG por los homicidios del regidor priista y el exalcalde de Cabo Corrientes citados antes.
Trascendió que las víctimas, con planes de figurar en la elección, rechazaron una propuesta criminal de colaboración.
A nivel estatal y municipal estas son las bajas: 85 policías del Estado, municipios y MP; 10 comandantes; ocho elementos penitenciarios; cinco directores de Seguridad Pública municipal y un director operativo.
Además, cuatro mandos de fuerzas municipales; tres mandos ministeriales, dos miembros de agencias del MP; cuatro burócratas estatales y cuatro municipales; y cuatro ediles (dos alcaldes y dos regidores).
No está el caso de Gabriel Gómez, diputado federal plagiado el 22 de septiembre de 2014, cuyo cuerpo se halló un día después en Zacatecas: o bien la FGE no registró su muerte en Jalisco, o lo omite por estar a cargo el MP federal.
¿Nueva guerra?
Recientemente el fiscal estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, indicó que la pugna por Jalisco podría crecer a partir de dos rivales: el CJNG y La Corona, parte del grupo que lideraba Ignacio Coronel, abatido en 2010.
Lo expuso tras el aseguramiento de un arsenal en Zapopan atribuido a La Corona, que habrían buscado sustraer el 22 de febrero un par de miembros del CJNG, hoy detenidos (uno acusado del homicidio de otro exalcalde, Efrén Álvarez, de San Sebastián del Oeste, en diciembre pasado).
“Sentimos que por muchos años el grupo de La Corona fue fuerte en Jalisco, hay que recordar que hace poco un juez federal le otorga la libertad a quien dijeron que era sucesor de Ignacio Coronel (Martín Beltrán, absuelto en septiembre de 2014) y creemos que esto puede ser parte de este grupo que pudiera querer retomar el control.
“Yo lo he dicho, pudiéramos estar viendo el aumento de la violencia en estos últimos días, pudiera deberse a este tipo de situaciones.
“El Nueva Generación sería el cártel que pudiera ser el rival de este grupo, no me gusta decirle Cártel Jalisco porque está integrado por michoacanos, y casi todos los detenidos que hacemos son foráneos, diría que es Cártel Nueva Generación”.
Los análisis que ha hecho la FGE sobre la autoría de “ejecuciones”, indican que los principales generadores de violencia son el CJNG, con el 57 por ciento; La Resistencia, 14.7 por ciento; La Corona, 12.4 por ciento y Milenio (con Zetas) 11.5 por ciento.
Es posible que haya homicidios que se diferenciaron entre La Resistencia y Milenio, cuando se trataba ya del mismo grupo.
