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Los pueblos indígenas denunciaron a por lo menos 18 empresas, la mayoría de Canadá, pero también norteamericanas, chinas, hindús, argentinas y mexicanas
Los pueblos indígenas de la Sierra Madre Oriental Otomí-Tepehua alzaron la voz contra la presencia de mineras, hidroeléctricas, petroleras y de construcción de infraestructura, al considerarlas invasoras y usurpadoras de los recursos naturales que les pertenecen.
La voz de los ciudadanos naturales de los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, se alzó en el marco del Tercer Encuentro Regional de Pueblos en la Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan, donde se denunciaron los actos de despojo, desplazamiento, intimidación y asesinato de los que son objeto por parte de empresas trasnacionales.
Ante la vasta lista de agravios se determinó la creación de un Frente Indigenistas Nacional que abandere todas las causas de resistencia de los pueblos naturales contra los que llamaron “Proyectos de Muerte”.
“Urge que revisemos nuestra obligación con la tierra”, dijo el representante otomí, Hermenegildo Gómez Trinidad, quien urgió a los representantes indígenas de la Huasteca a sostener una resistencia más organizada.
“Ellos tienen el dinero, pero nosotros tenemos la dignidad y la tierra; no nos pueden ganar”, dijo Gómez Trinidad, quien recordó que el poblado de Santa Mónica, y al menos otras 15 comunidades indígenas de la zona de la Huasteca hidalguense, están en grave riesgo de subsistencia ante la intención de la empresa TransCanada de hacer pasar por la zona un gasoducto.
Dicha tubería conectará desde el sur de Texas, pasando por Tuxpan, la sierra norte de Puebla e Hidalgo, a la refinería de Tula, con el que TransCanada pretende suministrar de gas Shell a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La ejecución de esta obra, que está contemplada para concluirse en el 2018, tendrá una inversión de más de 9 mil millones de dólares.
Los representantes de los pueblos también denunciaron el hostigamiento indiscriminado contra los defensores de derechos humanos y ambientalistas.
También se acusó que algunas empresas que pretenden proyectos de desarrollo en la Sierra Madre Oriental Otomí-Tepehua, principalmente mineras, se han comenzado a aliar con células del crimen organizado, que son utilizadas para ocasionar el desplazamiento forzado, principalmente de los líderes del movimiento opositor.
Yolanda Ubillas Islas, integrante de la Asociación para la Protección de la Tierra y Bienestar de Epazoyacan, aseguró que no existe una sola localidad que se oponga a los proyectos de desarrollo, sin que sea objeto de amenazas.
“Ellos (los representantes de las minas) son uno solo con el gobierno, y es a través del gobierno que nos están empujando al desplazamiento y a dejar la tierra, para que hagan con ella lo que quieren hacer: destruirla con su ambición de dinero”, dijo Zenón Vargas, representante del Totonacapan.
Durante el Tercer Encuentro Regional de Pueblos en la Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan se escucharon denuncias en contra de por lo menos 18 empresas, la mayoría de ellas de capital canadiense, aunque también se mencionaron algunas de origen norteamericano, chino, hindú, argentino y mexicano.
Reforma Energética, favorece la violencia
En el marco de la Reforma Energética, las regiones de la Huasteca y Totonacapan se han convertido en uno de los principales centros de atracción de inversiones internacionales, por la riqueza de yacimientos de oro y plata, y gas shale, lo que ha llevado al despojo del suelo de comunidades completas, según se denunció en la plenaria indígena.
Una de las regiones más señaladas por la devastación del suelo es la zona norte del estado de Puebla, en donde más del 28 por ciento del suelo estatal se encuentra actualmente concesionado a proyectos mineros, de generación de energías y de hidrocarburos.
De acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía, en dicha zona se concentra más del 13 por ciento de los 978 proyectos mineros que se buscan ejecutar a partir de concesiones otorgadas en este año. Y en esa misma región se asientan más de la mitad de los 68 megaproyectos energéticos derivados de la apertura de inversiones que propicia la Reforma Energética.
Por esa razón se acusó la inmoral actuación de algunas mineras como Ingersoll PCL, que con dominio sobre 330 hectáreas de suelo ha comenzado a desplazar a los pobladores de la zona San Pablito, en el municipio de Pahuatlán.
También se escucharon denuncias contra el Corporativo La Cruz Azul S.C.L., que tiene la concesión para la explotación de 973 hectáreas de minas de derivados pétreos para la elaboración de cemento, y que generan un foco de contaminación que impacta en los mantos freáticos, tras la filtración de metales pesados.
Puebla, el epicentro del conflicto
De la misma forma se denunció la práctica de hostigamiento social que se vive en la zona limítrofe de Puebla y Veracruz, en donde la presencia industrial de la minera SCR-Sibelico NV, que tiene bajo su concesión más de 2 mil 346 hectáreas de suelo, está obligando al desplazamiento de los pueblos indígenas, aunado a la creciente presencia del crimen organizado.
La minera Goldcorp Inc., que tiene concesionada una superficie de más de 9 mil 883 hectáreas de suelo para la explotación de al menos tres yacimientos de oro, fue señalada de despojar el suelo comunal a “precios de oferta”, a veces a razón de hasta 300 pesos por hectárea.
También la Minera Frisco S.A.B. de C.V, fue denunciada por atentar contra los recursos y la organización de los pueblos naturales de la Sierra Norte de Puebla, al atribuirle el desplazamiento de al menos 30 familias asentadas dentro de las 11 mil 546 hectáreas de suelo que tiene bajo su concesión.
A la lista también se suma la empresa Sunshine Silver & Refining, que cuenta con el dominio sobre una superficie de 13 mil 348 hectáreas de suelo para realizar proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, a costa de la seguridad de 11 localidades indígenas.
Los representantes indígenas también alzaron la voz contra la minera Autlán Holding, que cuenta con una superficie de explotación de más de 19 mil hectáreas, cuya principal base de operaciones se encuentra en el municipio de Teziutlán, en donde se ha comenzado a apropiar ilegalmente del agua potable.
Las quejas también se alzaron contra la Industria Peñoles, que tiene bajo concesión el subsuelo de 152 mil hectáreas y cuya operación ha generado el desplazamiento de familias de 12 localidades, al ser objeto de violencia por parte de células del crimen organizado.
La minera mayormente señalada por sus prácticas, no sólo de desplazamiento social, sino por la afectación ambiental que propicia fue la canadiense Almaden Minerals, que cuenta con concesiones federales para explotar más de 234 mil 991 hectáreas, en donde se concentra el yacimiento más grande de oro de América, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, donde apenas la semana pasada la minera irrumpió para reiniciar actividades.
