Durante el gobierno de la autonombrada “Cuarta Transformación” han continuado los ataques contra los defensores de los derechos humanos en el país, provocando inclusive la muerte de varias decenas de ellos en los últimos dos años, según lo advierte la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.
En su Informe “Semillas de dignidad y lucha. Situación de personas defensoras en México 2019-2020”, publicado este año 2021, diagnostica las condiciones de violencia que siguen enfrentando los defensores de los derechos humanos a nivel nacional. La red revela que “durante 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos”.
Esta red nacional que tiene entre sus miembros a los Centros de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; de la Montaña, Tlachinollan; y “Fray Bartolomé de Las Casas” identifica tres actores principales detrás de las agresiones contra los defensores de derechos humanos en México: las instituciones estatales; el poder económico-corporativo; y el poder criminal
Los más atacados en este par de años y, por lo tanto, los que más asesinatos sufrieron, son los “defensores comunitarios” de ”tierra y territorio”, con 19 muertes; seguidos por los defensores de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), con 15 asesinatos; en tercer sitio están los defensores de la “diversidad sexual”, con seis homicidios; en cuarto sitio están los defensores de los derechos “civiles y políticos”, con tres asesinatos; y finalmente, los “comunicadores con enfoque de derechos humanos”, con dos homicidios.
Defensores de derechos humanos “invisibilizados”
La Red Nacional de Organismos Civiles descubrió que en todos los casos de asesinatos de defensores de derechos de la Diversidad Sexual, las autoridades que indagaron los hechos lo hicieron sin considerar como un posible móvil del homicidio el activismo que desarrollaban las víctimas.
“En 2020, la Red TDT documentó el asesinato de, al menos, seis personas de la diversidad sexual que realizaban acciones en favor de los derechos humanos. En todos los casos la información recabada señala que eran personas dedicadas al activismo de las poblaciones LGBTTTIQ+, es decir, realizaban acciones de movilización, visibilización y promoción de derechos. No obstante, en ninguno de los casos se consideró como línea de investigación el haber sido asesinadas por su labor de defensa de derechos humanos”.
Este tipo de deficiencias que presentan las indagatorias sobre los homicidios de los defensores de la comunidad LGBTTTIQ+, y que provocan que se ignore su labor activista, terminan por ser otro método de “invisibilización” y alimentan “la deuda del Estado con el reconocimiento pleno y amplio de los derechos de las poblaciones diversas”, advierte la red.
“En el caso de las poblaciones LGBTTIQ+, resalta la invisibilización de las situaciones de precariedad y grave vulnerabilidad, efecto de actos discriminatorios que llegan al extremo de los crímenes de odio. Hasta esta fecha, no hay ninguna entidad gubernamental que ofrezca datos sobre la violencia que enfrentan estas poblaciones, mucho menos sobre las condiciones de seguridad social, salud y/o laborales o, por lo menos, sobre políticas públicas dirigidas a esta población”
Por eso, la red enfatiza que en el país “existen poblaciones para quienes la sola existencia implica un riesgo”.
Criminalización mañanera
En su Informe, la Red expone que las personas defensoras de derechos humanos continúan padeciendo condiciones de “intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización” por sus actividades, especialmente cuando “actores estatales” ven afectados sus intereses
Inclusive, son precisamente “las autoridades en sus tres niveles de gobierno” quienes se han convertido en “los principales actores que buscan desacreditar y/o menoscabar la defensa de los derechos”, acusando a los defensores y a las organizaciones de tener “intereses ilegítimos” o de recibir financiamiento de opositores.
Por ello, en el Informe se cuestiona al presidente Andrés Manuel López Obrador: “En México, desde hace dos años el gobierno federal, concretamente el Presidente, ha sido un foco de grave preocupación pues constantemente recurre a este tipo de señalamientos durante sus conferencias matutinas, con lo que deslegitima la labor de las organizaciones y, esencialmente, demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades”.
Y agrega: “Se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo una lógica de apoyo o no a la política federal y, en especial, a megaproyectos insignia como el Tren Maya o el Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles”.
El problema, abunda el informe, es que “a nivel estatal y municipal el riesgo es mayor”, pues los ataques “lanzados desde un espacio de alto impacto mediático, como la conferencia matutina”, posibilitan que “otros actores” adopten esa misma narrativa, lo que se ha identificado en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.
La lucha feminista también ha recibido este tipo de descalificaciones por parte del Presidente.
La defensa de los derechos de las mujeres es constantemente cuestionado, denostado y criminalizado desde las más altas esferas del poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador, lejos de comprometerse a luchar contra la violencia feminicida, por la que cada día son asesinadas 11 mujeres en México, argumenta que el feminismo es una moda importada de otros países, que no responde a los verdaderos intereses de las mujeres, que las feministas que se manifiestan están manipuladas por los partidos conservadores o financiadas por capital extranjero
