Silencio cómplice

El fantasma de las televisoras ronda las curules de la Cámara de Senadores. 

Su objetivo, evitar la competencia.

El silencio pasivo de los nuevos comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), lo acompaña.

Y es que no solo se retrasan las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones.

Ahora se suma la petición de algunos legisladores por subordinar la autonomía del Ifetel a las decisiones del Ejecutivo. Con ello, se cortaría de tajo el derecho constitucional del instituto para otorgar concesiones.

Por lo pronto el Senado, a propuesta del perredista Sofío Ramírez, incorporó el artículo 12 transitorio a la Ley Federal de Derechos.

Dicho artículo determina que sea el Ejecutivo, en coordinación con el Instituto, quien proponga al Congreso el monto de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espectro radioeléctrico en las bandas de los 700 MHz y 2.5 GHz.

El Ifetel no ha dicho nada sobre la propuesta, pese a que esta contravendría las modificaciones que se hicieron al artículo 28 Constitucional aprobadas con la reciente reforma en la materia.

En ese artículo se estipula que el Ifetel deberá establecer “el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones”, así como la autorización de servicios vinculados.

En la reforma al Artículo 28 constitucional se señala que las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones serían facultad del Ifetel, pero con una consulta previa -no vinculante- a la Secretaría de Hacienda.

Sin duda, advierte Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), se generará una controversia en el tema del pago de derechos porque el establecimiento de los montos es facultad exclusiva del Congreso.

Ahora se pretende transferir dicha facultad al presidente de la República, subordinando al Ifetel a participar en un esquema de “coordinación”.

Con esta medida se retoma la postura que habían externado voceros de Televisa, al solicitar que se fijaran montos elevados para permitir el uso de esas bandas.

Pero a todas luces, alerta el presidente de Amedi, solo se pretende inhibir la competencia en el sector.

“Si los comisionados no defienden la atribución que el texto constitucional les otorga, subordinarán su actuación al Ejecutivo”, advierte.

Además, dice, fortalecerán la idea de una debilidad institucional que raya en la incapacidad de sus miembros para regular el mercado de las telecomunicaciones.

Es necesario que existan criterios transparentes y contraprestaciones proporcionales para la asignación de las bandas del espectro radioeléctrico, agrega Ramírez.

Pero debe respetarse, aclara, la atribución que la constitución otorga al Ifetel.

“Es inaceptable que quiera vulnerarse la autonomía del órgano regulador”, destaca.

Ramírez lamenta el “desesperante silencio” que han mantenido los comisionados del Instituto, desde que fueron nombrados en el cargo.

Si los Comisionados no defienden la atribución que el texto constitucional les otorga, convalidarán la arbitrariedad que se quiere cometer y se subordinarán a la Ejecutivo Federal, advierte.

Además, agrega, se fortalecerá la idea de una debilidad institucional que raya en la incapacidad de sus miembros para regular el mercado de las telecomunicaciones.

A su juicio, la pretensión de los legisladores que avalan dichos cambios es inconstitucional porque otorgan facultades al Ejecutivo que no están definidas en el texto original.

En la determinación de estas contraprestaciones, las opiniones de la autoridad hacendaria no son vinculantes para el Ifetel.

La autorización para el uso del espectro radioeléctrico no debe guiarse por un afán recaudatorio, juzga Ramírez, sino de competencia que satisfaga los derechos de libertad de expresión y derecho a la información.

El presidente de Amedi califica de fantasioso pretender vincular la atribución otorgada al Ifetel para establecer el monto de las contraprestaciones que deben pagarse por el uso de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz.

Esto contraviene lo dispuesto por el artículo 16 Transitorio de la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de este año que establece que el Ejecutivo Federal deberá garantizar la instalación de una red pública compartida que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.

Proponen que sea el Ejecutivo, en coordinación con el Ifetel, quien proponga al Congreso el monto de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento del espectro radioeléctrico en las bandas de los 700 MHz y 2.5 GHz.

Según lo aprobado en la Ley Federal de Derechos para 2014, el Poder Legislativo, una vez que reciba la propuesta del Ejecutivo -el cual consultará a su vez al Ifetel- fijará los montos por uso del espectro en un plazo no mayor a 120 días.

Alerta  a los comisionados

Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), hace un llamado a los Comisionados del Instituto para que se pronuncien de inmediato sobre la ilegitimidad de la medida que pretende imponer la Cámara de los Senadores.

Aprobarlo, dice, sería tanto como vulnerar las facultades que el Poder Reformador de la Constitución autorizó como atribución exclusiva del órgano regulador.

Los exhorta a que valoren y hagan pública la defensa de los intereses consagrados en el texto constitucional.

Las concesiones no debe evaluarse a la luz de una mera recaudación, destaca Ramírez, su finalidad se inscribe en la defensa de los derechos fundamentales anotados en la Constitución.

El que sea el Congreso quien establezca el pago de derechos o contraprestación cuando se liciten las bandas de 700 Megahertz MHz y de 2.5 GHz, solo generará conflictos, anticipa.