Jalisco se encuentra entre los primeros lugares de desaparición de personas a nivel nacional, pero las autoridades locales no han estado a la altura de las circunstancias, acusaron ayer organizaciones de familias que buscan a sus desaparecidos en la entidad
Este señalamiento se dio en el marco de la Mesa de Diálogo Participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas cometido por Particulares, convocada por el Congreso local.
“La presente legislatura sigue sin estar a la altura del contexto actual. La grave problemática de las desapariciones en nuestro estado amerita un trabajo legislativo serio que abarque un marco jurídico integral y armónico”
De acuerdo con las familias, en la discusión y diálogo para la creación de esta legislación –que armonizaría la normativa local con el andamiaje nacional de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas– no se ha tomado en cuenta y de forma seria a quienes buscan a sus seres queridos en la entidad.
A esta mesa de diálogo fueron invitados diputados locales, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, académicos y algunas organizaciones involucradas en la problemática.
Ante el asombro de los legisladores locales, las víctimas explicaron que fueron invitadas apenas dos días antes de llevarse a cabo este diálogo, sin que ello posibilitara la lectura y retroalimentación de una iniciativa de ley que se pretende llevar al Pleno.
El pronunciamiento fue firmado por los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), quienes reclamaron la premura con la que se pretende llevar a cabo el proceso de aprobación de una ley en materia de desaparecidos que ha dejado de lado a las miles de familias de otras regiones de la entidad, ya que estas dos asociaciones tienen presencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
“Esta mesa a la que fuimos convocadas no puede llamarse consulta, toda vez que la invitación no fue pública ni abierta, dejando fuera de la discusión a familias de las diferentes regiones del estado así como a organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo de acompañamiento a víctimas constituye una voz necesaria en este foro”.
Así lo leyó Alejandra Cartagena, representante del Comité de América Latina y el Caribe para a Defensa de los Derechos de la Mujer (CLDEM) en Jalisco, organización también firmante del pronunciamiento que no había sido invitada a pesar de su participación en el seguimiento de casos de mujeres desaparecidas y su apoyo para la implementación del Protocolo Alba a nivel local.
Los integrantes de la legislatura y sus asesores desconocían el tema, a decir de las familias, ya que no se tenía clara la naturaleza de la mesa de diálogo a la hora de hacerles la invitación.
Ante este panorama las familias decidieron abandonar el recinto legislativo, por lo que la mesa de diálogo se quedó sin la voz de las víctimas. Esta situación mantiene amarrado al Poder Legislativo local, ya que la ley general obliga a las autoridades a escuchar y que las familias sean participes del proceso de creación de normativas locales y nacionales.
“La obligación del Congreso (de Jalisco) es escuchar las voces de las familias de las diferentes regiones del estado, no solo de dos colectivos de la zona metropolitana, en un verdadero ejercicio que lleva a entender la problemática y, entonces, legislar en un ejercicio de parlamento abierto que incluya las voces también de expertas así como de organizaciones locales, nacionales e internacionales”, señaló la representante de Por Amor a Ellxs.
Las familias de personas sin localizar en la entidad acusan que en la discusión y diálogo para la creación de esta legislación no se les ha tomado en cuenta ni de forma seria
Otros integrantes de organizaciones civiles se negaron a dar aportaciones en la mesa por la ausencia de las familias, como fue el caso de Iván Sánchez Rodríguez, representante de la Comisión Estatal de atención a Víctimas. Además se alzó el reclamo por la falta de representantes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forense, quienes tienen una operación directa en estos casos.
Rechazan dictamen
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organización defensora de los derechos humanos en la entidad y cuyo trabajo con las víctimas ha sido cercano, señaló en la mesa de diálogo que existe un dictamen que se elaboró en la pasada legislatura y es el que está siendo utilizado ahora como marco de referencia para hacerle cambios técnicos.
No obstante la organización señaló que dicho documento refleja una profunda ignorancia y falta de comprensión de los objetivos de la legislación general, explicó Anna Chimiak, experta de la organización en el tema de desaparecidos.
Esta divergencia con respecto al dictamen fue lo que llevó a las víctimas a abandonar la mesa.
El documento había sido llevado a proceso legislativo por quien es hoy el presidente de la mesa directiva, Salvador Caro Cabrera, pero las familias se opusieron a respaldar un proyecto de ley que no tomara en cuenta cambios en otra normativa ya en vigor como la Ley Estatal de Víctimas, la Ley en materia de Declaración de Ausencia, reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal y del Poder Judicial, así como a los códigos penal y civil.
Como respuesta a estos sucesos, Salvador Caro Cabrera expresó que el evento no era una consulta pública sino una mesa de trabajo, y aunque señaló que el dictamen no sería aprobado de inmediato expresó que es sobre el que se trabajaría para hacerle enmiendas técnicas, a lo que las familias se negaron.
“Hay un dictamen de referencia que es el que ha sido puesto a consideración en este momento para su estudio.
“No estamos llegando a ninguna determinación, no estamos construyendo un dictamen (…) me parece que el pronunciamiento que se hizo nos deja algo muy importante, nos dicen que no les es satisfactorio crear la ley de desaparición de personas, sino crear otras reformas”, respondió Salvador Caro Cabrera.
De esa forma las víctimas han solicitado al Ejecutivo estatal que rechace cualquier iniciativa del Legislativo que no las contemple y que emprenda un diálogo para que sea desde dicho poder que se puedan generar las condiciones de un diálogo abierto y con una propuesta de ley acorde a las necesidades de quienes buscan a sus desaparecidos.
