La protesta debe ser una garantía básica en toda democracia. Sin embargo, la intervención de la autoridad para la defensa de los entes privados ha marcado recientemente al estado de Jalisco, donde la policía ha limitado los derechos de quienes se manifiestan.
Así ocurrió en la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna, perteneciente al municipio de Lagos de Moreno, donde una manifestación en contra de un gasoducto provocó la intervención de la policía estatal y la detención de tres personas que se expresaron en contra del proyecto que atraviesa su comunidad.
La protesta se dio en el marco del inicio de labores para la instalación de una red de gasoductos, propiedad de la empresa de Gas Natural del Noroeste.
El proyecto afecta a la comunidad porque atraviesa un espacio conocido como Camino Real de Tierra Adentro, el cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2010 por la UNESCO
Desde el inicio de la manifestación, elementos de seguridad estatal y vialidad les dijeron a los protestantes que debían retirarse, pues tenían la orden de desalojarlos a pesar de no estar invadiendo propiedad privada.
Los policías alegaron que ellos solamente hacían caso a las órdenes de sus superiores, ya que los manifestantes demandaban el apoyo de las autoridades por la falta de permisos de la gasera para hacer uso de los tramos que atraviesan su comunidad.
Las autoridades no hicieron caso de los reclamos ciudadanos y se llevaron a tres de los manifestantes: Paúl Martínez Facio, egresado del Centro Universitario de los Lagos; Hugo Reyes López, exfuncionario municipal de la comunidad; y Benjamín Cedillo, integrante de la comunidad. Del mismo modo se detuvo a Martín Rocha Contreras, pero fue puesto en libertad luego de ser presuntamente agredido por los policías.
La versión oficial del gobierno estatal menciona que fueron los elementos de seguridad privada de la gasera quienes pidieron la intervención de las autoridades y que los manifestantes intentaron “impedir, de manera violenta, la instalación de unos tubos que forman parte de un gasoducto”
No obstante, los vídeos por los cuales se dio a conocer la noticia, pusieron en evidencia que no hubo agresiones por parte de los manifestantes y tampoco acciones violentes de quienes fueron detenidos y liberados este martes.
Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), inició un expediente por la queja contra las autoridades de seguridad, tal como informó Luis Arturo Jiménez Jiménez, visitador general adjunto.
“Se están proponiendo inicialmente dos hechos violatorios a investigar, conforme avance la investigación estos podrían ampliarse. El primero es por violación al derecho a la legalidad, pues creemos que se tiene que verificar el actuar tanto de los policías como del ministerio público. Y también por una detención arbitraria”, explicó Jiménez Jiménez.
Tan solo en los meses que van de 2019, la Fiscalía General del Estado y los elementos de seguridad a su cargo, ya han sido los más denunciados ante este organismo autónomo, con 328 quejas entre enero y abril. De igual forma la violación por la que serían investigadas las autoridades en este caso es el más denunciado ante la CEDHJ, con 617 quejas en este año.
Las detenciones han sido calificadas como arbitrarias, por carecer de definiciones claras en cuanto al delito cometido por las personas aprehendidas y por haberse dado en el marco de una manifestación de protesta, cuyo derecho está consagrado en nuestro país tras la reforma en materia de derechos humanos de 2011, donde los convenios internacionales han alcanzado niveles constitucionales en cuanto a jerarquía jurídica.
“La libertad de expresión y la protesta social son derechos que no pueden ser limitados (…) ya que se trata de instrumentos mediante los cuales las y los ciudadanos pueden expresar sus opiniones e ideas, así como evidenciar públicamente las problemáticas que les afectan”, señaló en junio de 2018 el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social a las autoridades de Jalisco.
Durante los últimos años las protestas sociales se han agudizado en la entidad por el incremento del descontento de la población con respecto a las problemáticas y políticas públicas locales.
186
Sin embargo, con esto también se ha evidenciado la intervención de las autoridades, sobre todo de seguridad, quienes se han encargado de intimidar, amedrentar y detener a quienes realizan labores de protesta.
Algunos de los temas que han marcado la agenda política a partir de estas manifestaciones en Jalisco en los últimos años han sido la defensa del medio ambiente y en contra del crecimiento urbano desmedido, la lucha feminista y la demanda de justicia para los casos de mujeres en situación de violencia y la desaparición de personas.
De acuerdo con el último informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), durante el 2018 el gobierno de Jalisco, a través de la Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político en la Secretaría General de Gobierno, contabilizó alrededor de 186 manifestaciones y marchas.
Este informe destaca algunos de los temas por los cuales se originaron las protestas y describe cómo han tomado relevancia por el impulso que recibieron en el último año y las reacciones que se tuvieron desde las autoridades ante las exigencias.
En ese sentido, José Toral, autor de este apartado, señaló recientemente que la sociedad debe “organizarse, protestar, resistir y evitar que haya retrasos en materia de derechos humanos”
