El rezago en derechos que viven las personas con discapacidad en la Ciudad de México empieza desde las oficinas de las autoridades locales.
La administración actual del Gobierno de la Ciudad de México ha calificado a la capital como innovadora y de derechos.
Sin embargo, en toda la nómina del servicio público local apenas hay 9 personas con discapacidad, según los datos que han obtenido legisladores de oposición, lo que agrava la situación de marginación que padece ese grupo vulnerable.
Además, sus remuneraciones mensuales no rebasan los 5 mil pesos y están por debajo del promedio que percibe la población ocupada a nivel nacional, según datos sobre el empleo en 2020 que se pueden consultar en el portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por ello, los congresistas llaman al Gobierno de la ciudad a promover la inclusión de manera integral y no solo hacerlo a través de apoyos asistencialistas y rampas en el transporte público.
Sobre la problemática de las personas con discapacidad, la “Evaluación Interna 2020 del Programa Social de Apoyo Económico A Personas con Discapacidad”, del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia capitalino, señala que aproximadamente el 27 por ciento de los miembros de este sector están en condiciones de pobreza, con un ingreso limitado que les dificulta sufragar sus necesidades básicas como el alimento y la salud.
En total, revela el informe, en la metrópoli viven 526 mil 593 personas con discapacidad, de las cuales, 142 mil 590 tienen carencias económicas
Mientras que la Encuesta Sobre Discriminación (EDIS) 2017 del Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la Ciudad de México señala que las personas que tienen alguna condición de discapacidad son el quinto grupo que más padecen exclusión social.
El punto de acuerdo para la inclusión de personas con discapacidad
El pasado 14 de septiembre, en una sesión ordinaria de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Gicela Álvarez Camacho, presentó un punto de acuerdo a nombre de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, para exhortar a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) capitalina a remitir un informe detallado sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la nómina gubernamental y de las acciones realizadas para cumplir con la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
En entrevista con Reporte Índigo, Álvarez Camacho dice que en todo el servicio público local apenas hay 9 personas con discapacidad trabajando y que su sueldo no supera los 5 mil pesos mensuales, lo cual va en contra del marco legal referido, según lo que respondió la SAF.
“Sus niveles salariales no son de más de 5 mil pesos y a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque no existe ninguna inclusión laboral, es un claro ejemplo de que las autoridades no están llevando a cabo acciones para incluir a las personas con discapacidad, tomando en cuenta que el primer paso para su autonomía es tener un ingreso”
En consecuencia, comenta la legisladora, tampoco hay políticas integrales para que el sector poblacional pueda vencer la discriminación.
“Lo único que existe es un apoyo económico de 2 mil 500 pesos y que no genera la diferencia para ellas y para ellos”, declara.
Otra problemática que padecen, indica la diputada, es que aún no se conforma el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad ni existe el Programa Integral para el Desarrollo Pleno de las Personas con Discapacidad.
Ambos debieron ser creados desde 2018 —cuando entró en vigor la nueva Constitución de la Ciudad de México— y su importancia es que son los mecanismos que definirán las políticas públicas para favorecer la inclusión de dicho grupo social.
Ante esta situación, el pasado 14 de octubre presentó otro punto de acuerdo en el pleno del Congreso para llamar a las autoridades locales a instalar los órganos mencionados y promover la inclusión de las personas con discapacidad en el servicio público local.
“Su talento no tiene discapacidad y debe existir una inclusión verdadera”, afirma.
Tres ejes fundamentales
En la Ciudad de México faltan aplicar tres ejes fundamentales en las políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad: un régimen de apoyo para la toma de decisiones, un sistema de ayuda para la vida independiente y concretar el sistema de cuidados a nivel local.
Así lo señala la Recomendación General 02/2020 de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitida el 14 de diciembre de 2020, la cual explica que la omisión de estos tres aspectos en la capital del país expone al grupo vulnerable a situaciones de riesgo, incluso extremo, porque quedan a la deriva de instituciones que, lejos de procurar su bienestar integral, cometen agravios en contra de sus derechos humanos.
En este sentido, el documento apunta que la independencia es el factor fundamental para que las personas con discapacidad tengan la libertad de decidir sobre los aspectos primordiales de la vida: con quien vivir, cómo realizar sus tareas cotidianas y la procuración de su seguridad, principalmente.
