A un año del asesinato del defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, seis personas fueron detenidas pero ninguna de ellas ha recibido sentencia todavía.


Arnulfo desapareció el 11 de octubre de 2019 cuando se dirigía al municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero. El 20 de noviembre de ese año su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina. Durante su búsqueda, familiares y organizaciones encontraron al menos ocho cuerpos más y restos humanos

Entre los imputados por su desaparición y homicidio se encuentra un exservidor público que se desempeñaba como jefe de Gabinete del Municipio de Tlapa, quien es señalado de ordenar su asesinato, aunque las investigaciones siguen en curso.

Mientras que los otros cinco detenidos, entre ellos una mujer, se les acusa de integrar uno de los grupos de delincuencia organizada en Guerrero, que estaban coludidos con las autoridades locales.

“Están siendo procesados en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en Tlapa, varios de ellos están cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva y penal”, explica Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien lleva el caso.

Aunque la pandemia por COVID-19 ha retrasado la justicia en el caso de Arnulfo, se han buscado otras alternativas. Por ejemplo, para exigir imparcialidad en los procesos, la familia realizó una petición que con 117 mil firmas fue entregada al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

“Sigue la misma solicitud: que haya imparcialidad, que los jueces resuelvan conforme a derecho y que también se tome en cuenta conforme a derecho, que no medien las presiones políticas, que se atienda al caso a la gravedad del asunto, a la grave violación en contra del defensor Arnulfo Cerón”, dice en entrevista Rosales Sierra.

Sentencias tardías

En su lucha porque el homicidio de Arnulfo Cerón no quede impune, tanto la familia como su defensa enfrentan diversos obstáculos, entre ellos el retraso de las audiencias debido a la pandemia de COVID-19.

“La lentitud de los expedientes, el tema de la complicación con las audiencias, el diferimiento con muchas audiencias, todo eso nos está complicando; el funcionamiento de los juzgados, de los órganos que operan la justicia”, dice Vidulfo.

También un amparo que interpuso el exfuncionario público detenido en contra del auto de vinculación a proceso, el cual se encuentra en análisis y cuya resolución se ha prolongado por la pandemia.

“Obviamente nuestra preocupación es que hay mucho recurso de por medio, hay mucho dinero, mucho poder, amenazas (…) y la influencia política. Son tiempos de elecciones y sabemos que algunas personas que trabajaban con el jefe de gabinete hoy se andan queriendo candidatear”, explica.

Por ello, la familia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan realizaron una petición en change.org que reunió más de 117 mil firmas, las cuales fueron entregadas a Alejandro Encinas.

“A la fecha varias personas están procesadas, pero no han sido sentenciadas. Varias de ellas se han amparado para evadir la acción de la justicia. Por ello es relevante que los jueces que conocen del caso se conduzcan con imparcialidad e independencia”, estableció la organización.

Vidulfo Rosales dice que el proceso se encuentra en la etapa intermedia —en la cual ambas partes están ofreciendo sus pruebas— y será hasta el próximo año que se fijen las fechas para el juicio oral y se dictará una sentencia.

“Lo que aquí sigue faltando es dilucidar quiénes dieron la orden para el asesinato, ahora lo que procesalmente está establecido es que habría sido el jefe de gabinete y algún otro funcionario del municipio de Tlapa.

“Pero falta establecer de manera plena esa situación. Lo que sí, hay pruebas de que en el Ayuntamiento muchos funcionarios operaban o daban órdenes a este grupo delictivo para ajustar cuentas con varias personas, eso es lo que ahora tenemos. Sin embargo, el proceso está en juicio y se encuentra en etapa intermedia”, expone.

‘Que se haga justicia para Arnulfo Cerón’

Gabriela Pablo, esposa de Arnulfo, dice que ella y su familia solo piden que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

“Mis hijos, la mamá de mi esposo y yo esperamos que se haga justicia, que no quede nada más a medias esto y que pague quien tenga que pagar, que no porque sean personas con mucho dinero piensen dejarlos libres. No, que se haga justicia”, dice.

Ella menciona que su esposo fue un defensor de los derechos humanos que siempre apoyó a las personas que necesitaron de él, entre ellos los comerciantes y los papás de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.


Nosotros solo pedimos justicia, que pague quien tenga que pagar y que no se vendan los jueces, que actúen como debe de ser. Nosotros nos quedamos solos, él tiene cuatro hijos, sostenía la casa. ¿Ahora quién va a ver por mis hijos? Mis hijos están estudiando, yo me quedé sola a echarle ganas aquí

Gabriela Pablo

Esposa de Arnulfo Cerón

Gabriela dice que teme por su vida y la de sus familias y responsabiliza a las personas que están detenidas si algo les llega a pasar.

“Yo tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mí, tengo miedo por la mamá de él, pero bueno, así es la vida y vamos a seguir adelante, mientras estamos con mis hijos desamparados” finaliza la esposa de Arnulfo Cerón.

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