Sin rastro del uso del software Galileo para espionaje
Aunque existen evidencias de que la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y la Fiscalía Estatal tuvieron acceso al software de espionaje Galileo durante el sexenio de Aristóteles Sandoval, ambas dependencias aseguran que no quedó ningún rastro o registro del uso del programa
Luis HerreraLa Secretaría General de Gobierno de Jalisco y la Fiscalía del Estado, las dos dependencias que están bajo sospecha de haber utilizado el sistema de espionaje Galileo durante el pasado sexenio, aseguran que en sus archivos no existe ningún registro o rastro del uso de esa herramienta tecnológica.
Recientemente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y la contralora, Teresa Brito Serrano, revelaron que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se encuentra realizando un peritaje sobre el sistema Galileo que adquirió el Gobierno estatal, para determinar si fue utilizado dentro del marco de las leyes, o por el contrario, para espionaje ilegal con fines políticos.
El sistema Galileo es un software de espionaje con funciones similares a las de Pegasus y costó al gobierno de Jalisco 263 millones de pesos
Reporte Índigo les solicitó vía transparencia tanto a la Secretaría General de Gobierno (SGG) como a la Fiscalía, que informaran con respecto a ese sistema de espionaje cuántas comunicaciones fueron intervenidas con Galileo, precisando por cada una si fue telefónica, chat telefónico, chat por computadora, correo electrónico u otro formato. Con qué objetivo específico se realizó la intervención y si se contó con autorización judicial para efectuar la intervención.
La SGG que encabeza actualmente Enrique Ibarra Pedroza, respondió el 18 de junio de 2021, (recurso de revisión 949/2021):
“Respecto al Sistema Galileo de la empresa Hacking Team, no contamos (con) información de la fecha en (que) se adquirió, no contamos con copia del contrato, no contamos con el monto de la compra, no se tiene conocimiento si sigue siendo utilizado o en qué fecha dejó de utilizarse así como los motivos, no contamos con información de cuántas comunicaciones fueron intervenidas, si se realizaron vía telefónica, chat telefónico, chat por computadora, correo electrónico u otro formato, no contamos con información de cuáles fueron los objetivos específicos (con que) se realizó la intervención, ni si se contó con autorización judicial para efectuar la intervención”.
Mientras que la Fiscalía de Gerardo Octavio Solís Gómez respondió así el 25 de febrero de 2021 al mismo cuestionamiento (recurso 577/2021):
“Se le indica que no se cuenta con registro alguno, puesto que para realizar cualquier tipo de intervención de comunicaciones la Fiscalía Estatal, debe observar y cumplir en todo momento, los lineamientos y requisitos que permitan justificar la necesidad de la medida y para ello se deberá de satisfacer lo previsto en los artículos 16 de Constitución Política de los EUM, 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
La adquisición de Galileo se dio en 2014 bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz (asesinado en 2020); a partir de ese año la SGG quedó en manos de Roberto López Lara, mientras que por la Fiscalía pasaron: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velazco, Eduardo Almaguer Ramírez, Raúl Sánchez Jiménez y Marisela Gómez Cobos.
Galileo en malas manos
La contralora, Brito Serrano, precisó las irregularidades que se detectaron alrededor del sistema Galileo, un software con funciones similares a las de Pegasus, el programa que habría utilizado el Gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar masivamente a miles de personas.
Se espera que el peritaje del IJCF sirva para conocer cuántas personas fueron espiadas y sus identidades, con qué intenciones se hizo y bajo qué condiciones
“Encontramos que el uso del equipo careció de controles, vulnerando la confidencialidad de los datos contenidos en el mismo, teniendo la presunción de que el sistema y su contenido -presunción- pudo ser utilizado por personas ajenas a la Fiscalía en ese tiempo, con un fin distinto para el cual fue adquirido que el propósito era abonar a las tareas, a las estrategias en el combate al tema de los secuestros particularmente”, dijo el 21 de julio.
“El equipo se utilizaba por diversos usuarios, no se controlaban las claves, sin un registro o control que permitiera conocer quién había operado el mismo, y se encontraron por parte también de los auditores antecedentes de movimiento del equipo, es decir, debiendo estar en la Fiscalía, como se había establecido para su coordinación para el movimiento del propio equipo, se trasladaba a otras dependencias”. agregó.
Lo que se espera es que el peritaje del IJCF sirva para conocer cuántas personas fueron espiadas y sus identidades, con qué intenciones se hizo y bajo qué condiciones, entre otros elementos.
Por su parte el gobernador Enrique Alfaro aseguró que desde el inicio de su gestión el equipo quedó sin uso.
”El trabajo de inteligencia en cualquier estrategia de seguridad es importante pero esto que se hizo el sexenio pasado no tiene que ver con el combate a la delincuencia sino tiene que ver con un asunto mucho más relacionado, desde mi punto de vista, al espionaje político”
Espionaje político
Desde el año 2015 se reveló información interna de la firma Hacking Team, diseñadora de Galileo, que indicaba que el programa de espionaje no solo era utilizado por la Fiscalía de Jalisco sino también por la Secretaría General de Gobierno (SGG), lo que ameritó cuestionamientos.
En la difusión de esa información tuvo un papel central la Red en Defensa de los Derechos Digitales; el propio Alfaro Ramírez, recordó ese hecho.
“En algún momento estando en la oposición señalamos -hay que recordar- este tema, hace años y la inexplicable ubicación de los equipos y la operación en aquel momento en la Secretaría de Gobierno y no en la Fiscalía”.
El 26 de Agosto de 2015, Reporte Índigo publicó parte de esos archivos que evidenciaban el involucramiento de la SGG: se trataba de un correo del 18 de diciembre de 2014, de Daniele Milán, ejecutivo de Hacking Team, donde le cuestionaba a Niv Moshe, de SYM Servicios Integrales, qué dependencia jalisciense iba a usar el programa: la Fiscalía o la SGG.
“¿El sistema será usado por las dos organizaciones? Debido a las regulaciones de exportación debemos tener un entendimiento claro y la documentación de los usuarios finales involucrados”, preguntó Milán.
Ese mismo día, Moshe respondió: “Es un sistema con dos usuarios, 10 para gobernación (sic) y 15 para el fiscal. La idea es que el fiscal tendrá acceso a la web. Así gobernación (sic) puede controlar. Y no de la otra manera”.
