Los sindicatos y las corporaciones de trabajadores nuevamente serán centro de la disputa legislativa. En la reforma que se hace en materia de transparencia en el Senado son otra vez la manzana de la discordia.
El dictamen que pretende unir las iniciativas del PAN, PRD y la presentada por Enrique Peña Nieto y adoptada por la bancada tricolor tiene ya esta primera arista.
Alejandro Encinas, autor y promotor de la iniciativa del Sol Azteca para hacer reformas en materia de transparencia y al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) adelanta en entrevista que la defensa del PRI a los gremios afines a ese partido será de nuevo un frente de batalla.
La materia específica de discusión surgirá a la hora de plantear quiénes serán los sujetos obligados de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos que se les otorgan. Y eso se está buscando incorporar en un nuevo párrafo del artículo sexto constitucional.
“El PRI hasta ahora tiene en estado de indefinición a los sujetos que tienen que estar obligados para rendir cuentas. Si bien coincidimos hasta ahora que tiene que ser el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos, en eso estamos de acuerdo. Pero no avanza en lo que son los sindicatos, las personas físicas y morales”, denuncia Encinas.
¿Ya existe un argumento del PRI para negarse a esta transparencia en sindicatos?
“Que porque se trata de una reforma constitucional, ese es su argumento básico, no se tiene que ir tan a detalle con los sujetos obligados. Entonces yo he estado buscando una redacción que obligue a todos.
“La posibilidad es plantear que son sujetos obligados aparte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los órganos autónomos, todas las instituciones públicas y privadas, así como las personas físicas y morales que reciban o ejerzan recursos públicos, ahí entran todos. Los sindicatos son personas morales”, advierte.
Sin embargo Encinas insiste que él personalmente pugnará porque se ponga específicamente la palabra “sindicatos” ya que se está hablando de transparencia en dinero del erario, no de las cuotas sindicales.
En el caso de la reforma laboral, modificada por el Senado la semana pasada, para incluir transparencia y democracia sindical, el PRI en todo momento peleó para evitar estos conceptos.
Encinas dijo que los priistas argumentaron que se tenía que respetar la autonomía sindical, pero en este caso, ningún argumento tiene cabida, ya que los recursos son públicos.
“Aquí sí no hay escapatoria. Pero el diferendo consiste nuevamente en mantener intocado lo que son las estructuras corporativas y las prácticas que el gobierno hace de las estructuras corporativas que le sirven. Y el tema político de fondo es que no le quieren entrar a una definición puntual con los sindicatos por los intereses que les significan”, adelanta.
Recurrió a los ejemplos con los que siempre se argumenta en contra de la defensa que el PRI hace de los sindicatos: el Pemexgate y la líder sindical Elba Esther Gordillo.
“Los recursos públicos que reciben son por ejemplo los mil millones que le dio PEMEX al Sindicato Petrolero en el caso del Pemexgate en el 2000. O por ejemplo los casi mil 600 millones de pesos que por concepto de comisiones sindicales la SEP subsidia al SNTE”, lanza con rapidez.
Sin embargo adelantó que como partido el PRD no va a doblar las manos y buscarán por todos los medios que se implemente esta reforma.
Y fue precisamente en materia de transparencia sindical donde lograron una alianza con el PAN y los otros partidos de izquierda modificando ocho artículos de la reforma laboral que el PRI se negaba a cambiar.
También quieren poner orden a los recursos que reciben los partidos.
“En materia de partidos lo que nosotros estamos proponiendo es que no solo tengan que dar cuenta de los recursos públicos, sino de los recursos privados que se reciban”, insistió.
Otro de los temas en lo que hay diferencias con el PRI es en el nombramiento de los nuevos consejeros del IFAI. La propuesta de Enrique Peña Nieto establece que se nombrarán a sugerencia del Ejecutivo y con la no objeción de la Cámara alta.
Sin embargo el PRD pide que sea con mayoría calificada, es decir con dos terceras partes del pleno, porque solo así este órgano encargado de hacer cumplir las leyes de transparencia tiene autonomía real.
“El PRI insiste en que se mantenga el actual sistema de nombramiento que es a sugerencia del Ejecutivo y con la declaratoria de no objeción del Senado, nosotros decimos que debe ser el Senado quien lo resuelva con mayoría calificada. Porque si es a propuesta del presidente, pues no van a cumplir con su tarea”, detalla.