Síntomas de contagio

El negocio millonario que representa el abasto de medicamentos para el IMSS es acaparado por un grupo de empresas que están bajo sospecha de estar coludidas con funcionarios federales del Sector Salud.

Esta red de empresarios de la industria de fabricación de fármacos y políticos se aprovechan de la opacidad que existe en el sistema de licitaciones para manipular las compras de medicinas, deshacerse de la competencia y beneficiarse a costa del erario.

Indigo Staff Indigo Staff Publicado el
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El cuestionado modelo de licitación para favorecer a estos contratistas estuvo a cargo de la Dirección de Administración y Evaluación de la dependencia

El negocio millonario que representa el abasto de medicamentos para el IMSS es acaparado por un grupo de empresas que están bajo sospecha de estar coludidas con funcionarios federales del Sector Salud.

Esta red de empresarios de la industria de fabricación de fármacos y políticos se aprovechan de la opacidad que existe en el sistema de licitaciones para manipular las compras de medicinas, deshacerse de la competencia y beneficiarse a costa del erario.

La magnitud de las transacciones y de la utilidad es tal, que su beneficio alcanza para la participación de intermediarios en esta polémica cadena. 

Los más beneficiados son las empresas dedicadas exclusivamente a la distribución de medicinas, que actúan como partes interesadas y representantes de los grandes laboratorios en las licitaciones convocadas por las dependencias como el IMSS.

Pero existe un actor nuevo en este cuestionado entramado: las sociedades mercantiles denominadas TAPVS (Tercero Autorizado en Protección y Verificación Sanitaria). 

Estas son organizaciones que, con el aval de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), están facultadas para gestionar registros sanitarios a nombre de los laboratorios fabricantes y titulares de patentes, marcas y demás derechos de propiedad mercantil e intelectual.

Concursos amañados

El 12 de septiembre, Reporte Indigo documentó y publicó la manipulación de la licitación pública internacional OA-019GYR047-T57-2013, convocada por el IMSS el año pasado para la adquisición de varios medicamentos. 

Entre otras sustancias, en ese proceso se definió la empresa a quien se le comprarían 29 mil 582 unidades de Doxorubicina, un medicamento utilizado para el tratamiento a enfermos de Sarcoma de Kaposi asociado al SIDA, para Cáncer de Mama y de Ovario. 

El contrato fue adjudicado por el IMSS a SAVI Distribuciones S.A. de C.V., empresa intermediaria que en este caso representaba al laboratorio Zurich Pharma S.A. de C.V.

El monto de la adquisición fue de casi 100 millones de pesos y la justificación del IMSS para entregar este contrato fue que sólo SAVI cumplía los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

SAVI Distribuciones  y Pharma ganaron prácticamente por default: ningún competidor logró cumplir con los requisitos impuestos por el IMSS para registrarse y competir por este contrato millonario.

El cuestionado modelo de licitación por el que optó el IMSS para favorecer a estos contratistas estuvo a cargo de la Dirección de Administración y Evaluación de la dependencia federal.

Las bases de la licitación del concurso traían un “candado”: sólo podían participar los fabricantes del medicamento con una planta productora en países que tienen un tratado de libre comercio con México.

Un requisito que sólo cumplía SAVI Distribuciones y su socio Zurich Pharma.

Reporte Indigo reveló con documentos las irregularidades administrativas que presentó este proceso de licitación y las violaciones a las bases de este concurso.

La principal fue que la empresa que ganó la licitación suministró información falsa.

El IMSS no sólo estaba obligado a declarar desierta la polémica licitación, sino dar vista al Ministerio Público para que iniciara una investigación criminal por estas conductas sospechosas como son fraude, falsificación de documentos y mentir a la autoridad distinta a la judicial.

Como se publicó en la primera parte de este trabajo, Zurich Pharma y SAVI concursaron exhibiendo un registro sanitario falso para amparar la legal comercialización y distribución de su medicamento.

La comercialización de una sustancia sin registro sanitario auténtico en México se podría tipificar el delito de tráfico de drogas.

La huella del dinero

SAVI Distribuciones y Zurich Pharma son sólo una parte de la cadena de complicidades que permite este tipo de acciones con las compras de medicinas en el sector público.

La pista más evidente siempre, el dinero, conduce a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del IMSS, a cargo de Jesús Antonio Berumen.

También está implicada la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, que encabeza Juan Rogelio Gutiérrez. 

Desde las dependencias a cargo de estos funcionarios se tomaron las decisiones claves en la polémica licitación OA-019GYR047-T57-2013, que realizó el IMSS para comprar este medicamento.

Fue la oficina de Berumen la que determinó el modelo de licitación que favorecía a un solo proveedor y cancelaba la posibilidad de adquirir el mismo medicamento, fabricado fuera de los acuerdos comerciales de México, con la misma calidad pero a menor precio. 

Cofrepis, de regulador a gestor

El caso SAVI y Zurich Pharma también involucra a otra institución clave del Sector Salud: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

La Cofepris, a cargo del comisionado Mikel Arriola, no ha explicado cómo fue que las empresas Zurich Pharma y SAVI duplicaron el registro sanitario 224M2013 para poder contender por la compra de Doxorrubicina del IMSS.

Este número de registro la propia Cofepris lo tenía asignado al medicamento Pregabalina, que comercializa Laboratorios Best S.A. de C.V., bajo el nombre de Ataxius. 

Laboratorios Best es propiedad de Víctor González Torres, el conocido Doctor Simi, quien de acuerdo a fuentes de la industria farmacéutica, prepara ya acciones legales contra las compañías que utilizaron con dolo su documentación. 

La intención de González Torres sería la de deslindarse de este presunto fraude cometido por SAVI y Zurich Pharma. 

La Cofepris es el órgano regulador de verificar y aprobar la fabricación y comercialización de medicamentos en el país. 

Sin embargo, la pasividad con la que actuó para permitir que las empresas Zurich y SAVI utilizaran un registro apócrifo, coloca a esta dependencia federal como parte de esta cadena de complicidades.

Los hechos son contundentes: En un primer momento, Cofepris fue parte afectada porque las empresas falsificaron documentos suyos y manipularon información de sus bases de datos para engañar al IMSS y ganar el contrato.

Pero la Cofepris no sólo no abrió ninguna investigación interna ni mucho menos denunció la actuación de estas empresas, sino que otorgó un registro sanitario exprés para la Doxorubicina de SAVI y Pharma. 

En un tiempo récord, la Cofepris de Mikel Arriola otorgó a Zurich Pharma el registro sanitario 227M2013 para la Doxorubicina.

Todo sugiere que el comisionado federal trató de corregir, a posteriori, la irregularidad cometida en esta compra.

Hoy la empresa SAVI Distribuciones, como parte del contrato adjudicado por el IMSS, está entregando medicamentos bajo el amparo de un registro sanitario distinto al que utilizó para ganar esta licitación de 100 millones de pesos.

Las violaciones en las que habría incurrido estas empresas eran suficientes no sólo para cancelar la licitación, sino para que la Secretaría de la Función Pública iniciara un procedimiento de inhabilitación en su contra.

Por su parte, el IMSS tendría que haber convocado a una nueva licitación, mediante normas y vigilancia estricta de acuerdo al principio precautorio que lo rige, pero esta vez fue abierta a fabricantes de todos los países y no sólo de los que son socios comerciales de México. 

La cadena de acciones ilegales y omisiones inexplicables es larga en este caso. 

Todos los indicios suponen una corrupción de alto nivel en el Sector Salud de México, que está obligado a garantizar, mediante normas y vigilancia estricta de acuerdo al principio precautorio que lo rige, el derecho a la salud de los mexicanos.

(Con Información de Javier García Mendoza)

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